Ejemplares, históricas condenas son las que dictó el Tribunal Oral Federal de San Juan el 4 de julio de 2013, que se convierte en una fecha fundamental para la memoria viva de la provincia y de Cuyo. Se trata del segundo juicio a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Abarcó la dimensión de “megajuicio”, ya que se reparan las detenciones ilegales, torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos sufridos por 61 personas, agrupadas en cuatro grandes causas cabeceras. Las sentencias estuvieron a cargo de los jueces doctores Raúl Fourcade, Héctor Cortez y Alejandro Piña, quienes en líneas generales aceptaron los alegatos y pedidos de penas realizados por el fiscal Mateo Bermejo y las querellas. Los responsables: Jorge Antonio Olivera, Orlando Martel y Horacio Julio Nieto, todos exmilitares, fueron condenados a prisión perpetua; Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez, a 25 años, y Alejandro Manuel Lazo, a 10 años de prisión. De esta manera, solo con respecto a Lazo el fallo discrepó con lo solicitado por los acusadores, que habían pedido 15 años por su responsabilidad.

El Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, marco físico en el cual se desarrollaron durante un año y medio las extensas audiencias del juicio oral y público, fue el significativo escenario donde por fin halló resonancia la justicia buscada por décadas por sobrevivientes, familiares y organismos de Derechos Humanos. Búsqueda también transitada por una sociedad sanjuanina, que sostenidamente comienza a visibilizar el daño infligido y la importancia de condenar a los responsables militares y civiles del genocidio. A las 18:20 de un 4 de julio, con luz diurna aún para el homenaje y la celebración, concluyó la lectura del fallo y se desató la emoción de las víctimas, sus seres cercanos y las decenas de testigos que a lo largo del debate supieron manifestar las claves del horror del terrorismo de Estado. Los relatos posibilitaron desentrañar ajustadamente la culpabilidad de los imputados y de otros represores próximos a ser juzgados, como así también la estructura aceitada entre los diez centros clandestinos de detención, la conexión con Mendoza e incluso el reconocimiento de nuevas víctimas. De esta manera, los testimonios ampliaron las líneas de investigación trabajadas por el equipo de fiscalía y querellantes.

El conocido pacto de silencio, manifiesto verticalmente desde el primero al último de los represores del país, mostró su faz más denigrante en las últimas palabras expresadas por los repentinos lenguaraces, previamente a la sentencia. No solo se produjo la consabida reticencia de los genocidas a indicar dónde ocultaron los restos de los compañeros y compañeras desaparecidas, también se declararon como “cristianos y orgullosos soldados”, cuestionaron el mismo proceso judicial y negaron ser culpables. Negaron incluso, como De Marchi, el genocidio y su magnitud. De Marchi es uno de los cuatro culpables que deberá cumplir su pena en cárcel común; los otros tres cumplirán prisión domiciliaria. Los detenidos serán trasladados al Instituto Penal de Chimbas, San Juan.

San Juan, donde la alegría se siente más libre y plena desde hoy. Continúa ese camino hacia fines de agosto, cuando se produzca la audiencia final, con la fundamentación del fallo por parte del Tribunal. Para 2014 se espera un nuevo e importantísimo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. En él se avanzará sobre los imputados fugados y recapturados en este juicio, sobre las responsabilidades civiles y por las desapariciones forzadas de veinte personas. La sentencia del segundo juicio que finaliza, propicia para el futuro el más justo de los horizontes.