La Justicia federal investiga en Mendoza 60 denuncias por el delito de trata de personas, la mayoría con fines de explotación sexual, casi todas originadas por llamadas anónimas realizadas a través de la línea nacional 145. El dato fue confirmado por el fiscal federal subrogante, Fernando Alcaraz, aunque advirtió que esto no significa que existan 60 víctimas concretas que estén sometidas a una situación prostibularia o a trabajos forzados. Explicó que existe la posibilidad de que algunas causas se archiven, no por inacción judicial, sino porque descartaron la denuncia que originó la investigación.

Alcaraz, quien ya juró como fiscal de San Juan pero permanecerá en Mendoza hasta concluir algunas causas resonantes, explicó que en los últimos años cambió la situación de la Provincia respecto del delito de trata de personas. Comentó que hasta 2010 hubo sólo dos sentencias condenatorias, mientras que a partir de 2014 el número se elevó a 14, lo que colocó a la Provincia en la media nacional.

Para el fiscal federal, existe una única razón que explica este cambio: el involucramiento de la sociedad mendocina, para lo cual primero fue necesario visibilizar el problema y convertirlo en un delito penal. Alcaraz subrayó que fueron muchos los factores que se conjugaron para visibilizar el delito. Nombró como el principal la lucha de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, secuestrada en abril de 2002 en Tucumán, quién impulsó el proyecto de la ley 26364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, promulgada en abril de 2008. La serie Vidas Robadas, que contó su historia, fue clave para poner el tema en la agenda pública.

“Ha habido un interés político y público a nivel nacional, provincial y municipal, que se tradujo en políticas públicas. Además, el delito de trata de personas  pasó a ser uno de los ejes de la política criminal del Ministerio Público Fiscal, porque antes teníamos una unidad fiscal (Ufase) y ahora se transformó en procuradurías, con dedicación exclusiva”, comentó.

En Mendoza, otro de los factores que colaboró en la visibilización del delito fue el caso del prostíbulo Pyme Vip, ubicado en pleno centro de Mendoza, y por el cual fueron condenados su dueño, Santiago Solé, empleados, efectivos de la Policía Federal, inspectores municipales y un médico, por realizar un aborto (ver nota aparte).

Un informe publicado el año pasado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) mostró que el problema se visibilizó a nivel nacional. El trabajo dio cuenta de que entre 2009 y 2014 fueron condenadas en el país 106 personas por trata y otros delitos conexos, de las cuales 63 % fueron varones y 37 % mujeres. Estos juicios involucraron a 220 imputados y a 565 víctimas. El trabajo también mostró que prevalecieron las sentencias condenatorias por trata de personas con fines de explotación sexual (85 %), por sobre aquellas de carácter laboral (15 %).

El perfil de las víctimas

El fiscal Alcaraz explicó que para configurar el delito de trata debe existir explotación, y que no es necesario que la misma efectivamente se concrete, sino que esté presente el fin de explotar y se hayan iniciado maniobras y conductas tendientes a captar a una víctima. Estas y otras características de la problemática comentó durante una charla con Unidiversidad.

¿Cuál es el perfil de las víctimas en los casos que investigaron?

De las causas que tenemos en Mendoza, y si nos referimos a la explotación sexual, las víctimas son todas mujeres. Esto es importante, nos revela que detrás de este delito hay un claro predominio de la violencia de género originado por el sistema patriarcal en el que desarrollamos nuestras actividades en forma cotidiana. Culturalmente se construyó a la mujer en un lugar determinado y con roles asignados, básicamente por el varón, y uno de esos roles es el de proveer servicios sexuales; esto es muy importante para comprender la trata con fines de explotación sexual. Por eso, cada vez que llevamos un caso a los tribunales orales hemos sostenido que este es un delito de género y contra la mujer y que hay que mencionarlo y advertirlo en las sentencias judiciales. Entonces, la primera generalización es que estamos hablando en Mendoza de que el 100 % de las víctimas son mujeres y a nivel nacional esto se replica.

¿Qué otras características en común tienen las víctimas?

Hay muchas mujeres jóvenes, otras –las menos– que son adultas, pero que están en el sistema prostibulario desde jóvenes. Muchas de ellas tienen hijos y son el sostenimiento único de la familia. Otros elementos de vulnerabilidad que identificamos son que en la mayoría de los casos tiene escasa instrucción y poca preparación para acceder a la actividad laboral, pero que al mismo tiempo tienen la necesidad de obtener recursos económicos porque tiene una familia a cargo. Teniendo en cuenta esto es que nosotros sostenemos en nuestros escritos que se ven impedidas de tomar una acción real, que el consentimiento que ha dado la víctima no puede ser tomado en cuenta por la Justicia, esto por supuesto en los casos denominados de trata blanda, no los casos de trata dura donde hay presencia de violencia física, de amenazas o privación ilegítima de la libertad.

¿Con la visibilización del problema cambió la forma delictiva?

Claramente sí, porque hoy no es admisible a los ojos de los vecinos que exista un prostíbulo, un local con una lucecita roja, creo que la sociedad lo identificaría y haría una denuncia; hace unos años no pasaba. Entonces creo que hoy está un poco más complicada la actuación de explotadores y proxenetas en la sociedad mendocina, porque las penas son altas y además las ordenanzas municipales prohíben la instalación de prostíbulos, aunque en realidad esto estaba prohibido desde los 70, por la Ley de Profilaxis. Y para volver a tu pregunta, todo esto hace que el delito cambie, ya no ofrecen a las mujeres en un local a la calle, sino por otras vías, por internet, en un departamento. Hemos verificado que en realidad algunas casas de masajes no son de masajes.

¿Cuál es su postura respecto del reclamo de organizaciones que piden la reglamentación de la prostitución y aseguran que hoy todo se confunde con trata de personas?

Claramente la prostitución no es un delito, no está penada por ninguna ley. Lo que es importante aclarar es que desde el Ministerio Público Fiscal no se persigue la prostitución, lo que sí perseguimos es al sujeto que se beneficia de la explotación de un ser humano y eso es lo que pasa en el delito de trata de personas y con la explotación, donde el beneficio viene del aprovechamiento económico de la prostitución ajena. Entonces, la mujer o el varón que decida ejercer la prostitución lo va a poder hacer, no hay ningún delito, el asunto es cuando hay un tercero que se beneficia económicamente y no es únicamente el beneficio económico, sino el control del cuerpo ajeno, el control de la sexualidad ajena.

¿Encontraron víctimas extranjeras?

En algunos allanamientos hemos encontrado ciudadanas de distintos lugares de Latinoamérica, tanto en los casos de explotación sexual como laboral. Este es un elemento más a tener en cuenta para configurar la situación de vulnerabilidad de la víctima, porque una persona extranjera, por su condición de migrante, generalmente no tuvo la oportunidad de iniciar los trámites de residencia, entonces se alojan en los locales, donde su actividad es muy acotada, aunque no necesariamente están encerradas, sino que no conocen el lugar, no tienen dónde ir, es decir que son trasladas de un lugar a otro y no necesariamente con fuerza ni con privación de la libertad.

Es decir que no es necesario que estén encerradas para configurar el delito.

En todo esto hay un contexto situacional, hay un subsistema que se da claramente en los casos de proxenetismo prostibular, donde no es solamente la explotación de una persona, sino el control del cuerpo por parte de un explotador de una mujer, decirle qué puede hacer, en qué horario, y en el medio de ello aparecen amenazas, coacciones, estafas, golpes, abusos sexuales, abortos o embarazos no deseados. Es un sistema en el que la víctima no tiene dónde ir, porque es un subsistema ilegal.