María Cecilia Conci, del rectorado de la Universidad Nacional de Villa María; Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Carolina Scotto, rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, cuestionaron la decisión del gobierno cordobés de clausurar una torre de de trasmisión en Río Cuarto “a dos días del inicio de la transmisión”.

La clausura de la antena TDA en Río Cuarto se realiza bajo el mismo argumento que antes generó el cierre de la antena en la localidad de Leones y en Villa María, es decir, en virtud de un supuesto problema técnico ambiental detectado por la Secretaría de Ambiente de la provincia. Según se informó desde la AFSCA, en todos los casos "se presentaron los estudios de impacto ambiental, aprobados oportunamente y sobre los cuales los organismos provinciales y nacionales firmaron los convenios respectivos para las habilitaciones de las antenas, pese a lo cual lo que hay, es una  evidente maniobra de censura que no solamente lesiona a las señales públicas y privadas que forman parte de la TDA", señalaron. 

Frente a esta situación y con fecha 28 de enero de 2013, los rectores enviaron el siguiente texto al Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. José Manuel de la Sota.

“De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. a los efectos de manifestarle nuestra preocupación por las decisiones tomadas por el gobierno que Ud. conduce y que se traducen en la decisión unilateral de la rescisión del convenio de utilización conjunta del inmueble e infraestructura entre la EPEC y ARSAT para la instalación y habilitación de una planta transmisora de Televisión Digital Terrestre en la ciudad de Río Cuarto, como así también en las Resoluciones del Secretario de Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba, por medio de las cuales se ordena el cese de las operaciones en las plantas transmisoras de Televisión Digital en las localidades de Villa María y Leones. Es importante referirle que las Universidades Nacionales en general, y las de la provincia de Córdoba en particular, junto con organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales, radios y medios comunitarios, organismos de derechos humanos, entre otros, contribuyeron a la generación del colectivo denominado “21 puntos básicos para una nueva ley de radiodifusión democrática” que constituyó un aporte fundamental en la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, instrumento para la concreción de una transformación de la matriz de la comunicación audiovisual en la Argentina en orden a principios democráticos, federales y de participación frente al paradigma de concentración monopólica que caracterizó al sector durante las últimas décadas.

"En este sentido, la implementación de la televisión digital en la Argentina constituye una de las herramientas tecnológicas fundamentales para brindar condiciones para el cumplimiento de la ley, fundamentalmente el cambio de concepción que permite considerar el pasaje de la población en tanto destinataria de un servicio comercial a ser titular de un derecho al cual puede acceder de manera gratuita. En particular, nos referimos a los sectores más postergados de la comunidad, para quienes existen políticas activas en la entrega de los dispositivos para permitir su efectivo acceso. Asimismo, la implementación de la Televisión Digital Abierta (TDA) posibilitó la efectiva titularidad de señales por parte de las Universidades Nacionales, derecho consagrado por la referida ley 26.522.La decisión tomada por el gobierno provincial implica directamente imposibilitar a miles de ciudadanos de la provincia de Córdoba del acceso al derecho que les asigna la Ley 26.522 y a las Universidades Nacionales de hacer uso efectivo de las señales asignadas bajo su titularidad por el Gobierno Nacional al impedir los recursos tecnológicos para su emisión, afectando también la difusión de contenidos producidos por más de 50 universidades e institutos universitarios públicos nacionales para el Banco de Contenidos Universales Audiovisuales (BACUA) en el marco del convenio suscripto entre el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Planificación Federal a través del Consejo Asesor para la Televisión Digital Terrestre.

"Al analizar los hechos sucedidos en los últimos días, no podemos menos que advertir que, más allá de las inquietudes y fundamentos en torno al cumplimiento de las prescripciones de la Ley 7343 y del Decreto N° 2131, cuyas disposiciones abogamos y apelamos sean plenamente cumplidas en “todas” las actividades en la provincia de Córdoba, las acciones llevadas adelante tienen características desproporcionadas y precipitadas que se transforman en la realidad, en un nuevo obstáculo a la plena aplicación de la ley, entendiendo que existen otros mecanismos que podrían haberse agotado previamente, antes de llegar a medidas extremas de acción directa como las referidas.

Sr. Gobernador, no escapa a Ud. nuestra preocupación por el cumplimiento de todas las disposiciones, en particular las que hacen al cuidado del medio ambiente (lo hemos manifestado reiteradamente ante problemáticas como el uso racional de los agroquímicos o los alcances de la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos en Córdoba, entre otras acciones); sin embargo, la razonabilidad e igualdad deben ser preceptos que guíen los actos de quienes desempeñan una función pública y sería importante preguntarnos si esos preceptos han precedido a las disposiciones tomadas por el gobierno provincial en estos casos. Apelamos a Ud. para la pronta y efectiva revisión de la medida y para encontrar caminos de diálogo que armonicen la posibilidad concreta de compatibilizar la plena vigencia de los derechos que se ven afectados en nuestra provincia de Córdoba”.