Después de cuatro meses de enfrentamientos feroces que dejaron a la provincia sin presupuesto aprobado, al parecer, oficialismo y oposición caminan a sellar el acuerdo por el financiamiento electoral de las campañas publicitarias. Este viernes, la Cámara de Diputados sancionó (el Senado lo hará hoy) el proyecto de ley por el cual el Estado deberá repartir el 6 por ciento de lo invertido en publicidad oficial durante 2014 en todos los organismos del Estado. Así, entre 27 y 28 millones de pesos es lo que calculan los partidos opositores que tendrán para financiar sus campañas, por lo que quedaron cerca de la pretensión inicial, cuando intentaron aprobar un presupuesto para la provincia con 40 millones de pesos para financiar las PASO.

La media sanción se logró con el apoyo de los bloques mayoritarios y sólo los tres referentes de izquierda en esa cámara lo rechazaron. Héctor Fressina y Martín Dalmau (FIT), además de Cecilia Soria (PTS), le dieron el voto negativo, argumentando que estas modificaciones a la ley 8619 abrían la puerta al financiamiento de campañas a partir de aportes privados. El discurso de la izquierda despertó malestar porque de este modo acusaron a los legisladores de recibir aportes de privados, que después deberían devolver.

Héctor Parés (UCR) y Jorge Tanús (FPV) se molestaron con los dichos de los diputados y hasta pidieron que renunciaran a los aportes que les corresponde. Algo de que, de seguro, no sucederá.

Concretamente, lo que fijan las cuatro modificaciones a la ley es que el 50 por ciento de los fondos que resulten para las PASO será  administrado por el Estado para publicidad audiovisual. Así, deja a los partidos sin posibilidad de contratar por separado para radio y televisión. Esto serían unos 14 millones de pesos entre las dos elecciones, porque la mitad podrá utilizarse en las PASO del 19 de abril y el resto, en las generales del 21 de junio.

Los otros 14 millones de pesos se repartirán para publicidad gráfica, callejera e Internet. En este caso, se distribuirán en base a los votos logrados en la elección pasada. En este apartado sí se puede incluir aportes de privados, pero con un tope de 10,5 millones de pesos, tal como lo plantea la ley 7005. Esto es lo que se logró tras una negociación en la que debió intervenir hasta la Justicia, porque pesaban sobre los decretos de Francisco Pérez diferentes reclamos por inconstitucionalidad que, de seguro, resultarían a favor de radicales y demócratas.

Otra de las modificaciones que se sumaron a la ley fue que el oficialismo debería pagar las boletas correspondientes a un padrón electoral por cada candidato. Esto es el 30 por ciento, aproximadamente, del total de boletas impresas, que se cotizan entre 0,50 y 0,80 centavos cada una.

Los radicales vivieron la sesión como un logro partidario. Lo que nadie supo explicar fue si estos fondos quedarían fijados para las elecciones siguientes (teniendo en cuenta que se trata de la reforma de una ley) o si necesitarían ratificaciones legislativas. 

Lo cierto es que los fondos aparecieron tal como se venía especulando desde hacía casi un mes. A esta media sanción deberá sumarse el tratamiento de este lunes en la Cámara de Senadores. Si se convierte en ley, el 19 de marzo –día en que pueden comenzar las campañas de las PASO, según establece el calendario electoral– se podrán ver los primeros spots de televisión y las piezas gráficas de algunos de los casi 3000 candidatos que intentarán pelear en las elecciones primarias de abril.

Es de esperar que, una vez sancionada esta ley, se apruebe el presupuesto. Tadeo García Salazar (UCR) confirmó que se pediría el tratamiento en el recinto de la ley madre una vez que sea sancionado el financiamiento para las PASO. 
Así, después del lunes podría ingresar al recinto, lo que hace suponer que después del feriado del 24 de marzo pueda comenzar a tratarse esta ley.