Tras 47 años de lucha, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a renunciar a la “retención de personas” con fines financieros. Ahora se espera que los últimos diez militares que mantenían en condición de rehenes sean puestos en libertad. El grupo rebelde hizo el anuncio durante una declaración pública del secretariado o mando central rebelde, divulgada en su sitio de Internet, y que el gobierno de Juan Manuel Santos no dejó pasar por alto. “Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente en la dirección correcta”, afirmó el presidente desde su cuenta de Twitter. La organización le devolvió gentilezas al responsabilizar a su gobierno de ser quien “frustró un feliz final” de la situación de al menos seis rehenes, cuya liberación fue anunciada varias veces y otras tantas dejada sin efecto desde noviembre. El secuestro con fines extorsivos ha sido una de las fuentes de ingreso de la guerrilla más antigua del continente, en actividad desde 1964.

La renuncia al uso de los secuestros se había convertido en un pedido constante del gobierno y la sociedad civil a los guerrilleros colombianos. Desde la dependencia que tiene a su cargo la política antisecuestro se atribuye a las FARC el 26 por ciento de los 298 secuestros cometidos en 2011 en el país. Entre sus argumentos, los rebeldes reconocen, de manera tácita, el hecho de haber escuchado el clamor popular al anunciar que “a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (las retenciones de personas) en nuestra actuación revolucionaria”.
 

“Es un anuncio que considero trascendental, no solamente porque pone punto final al secuestro, que es una exigencia que le habíamos hecho desde mucho tiempo atrás y que se esperaba como un paso cierto en el camino hacia la paz”, señaló desde Bogotá el representante a la Cámara y activista Iván Cepeda. El legislador, perteneciente al partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), recibió esa decisión como “una noticia alentadora en términos de voluntad de paz”. “Creo que, con este anuncio, las FARC están dando un paso significativo hacia la búsqueda de la paz en Colombia”, afirmó Cepeda, quien conforma el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), al que los insurgentes le han entregado en los años recientes una veintena de prisioneros, entre políticos y uniformados.

Entre las misiones que obraron en este sentido se encuentran las facilitadas por los gobiernos de Venezuela y Brasil. “La de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es una disposición generosa que aceptamos sin vacilación”, escribieron los rebeldes en el comunicado difundido ayer. Con la ex congresista Piedad Córdoba a la cabeza, al CCP le toca intervenir en la anunciada liberación de los últimos diez militares y policías en manos del grupo guerrillero, detenidos por las FARC entre 1998 y 1999, durante distintas acciones y en diferentes regiones, junto a otro uniformado que, según parece, perdió la vida estando en cautiverio.

Hasta antes de esta declaración, los rebeldes se habían comprometido a dejar en libertad a seis de esos detenidos, incluido Carlos José Duarte, intendente de la policía y padre de la adolescente Natalia Andrea, quien la semana pasada marchó 64 kilómetros para exigir su entrega y la de los demás cautivos. “Creo que de algo sirvió la caminata que hice (de la localidad de Fusagasugó) a Bogotá”, dijo la chica, quien tenía 4 años cuando su padre fue apresado por los rebeldes.

La adolescente confió en que ahora sí pueda tenerlo de nuevo a su lado; ésa es la misma esperanza que abrigan las familias de quienes, al igual que Duarte, continúan siendo rehenes de la guerrilla colombiana. Ellos son los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina. No obstante, Natalia Andrea también confesó: “Hasta que no lo vea bajar de un helicóptero, no lo creeré”.

Otro colectivo, la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), representa a las familias del intendente Duarte y de los demás rehenes. “Ahora lloramos de alegría y no de dolor”, declaró la presidenta de esta organización, Marleny Orjuela, al aludir a la decisión de las FARC de entregarlos a los presos de manera conjunta. La activista fue convocada por los rebeldes a que “acuda a recibirlos en la fecha acordada”. Sin embargo, hasta el momento no se conoce cuál será el cronograma final de liberación. “Nos alegramos mucho por ellos, los diez secuestrados, que van a ser liberados, y por sus familias. El gobierno dará garantías sin circo mediado”, escribió también en su cuenta de Twitter el presidente colombiano.