La imputación contra el intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado (PJ), por lesiones contra su expareja, constituye el primer caso de violencia de género en el que está denunciado un funcionario elegido por el voto popular en la provincia de Mendoza.
Es uno de los primeros casos del país en que está involucrado una figura política y se habla en términos de “violencia de género”. Salgado quedó imputado el lunes feriado por lesiones tras ser denunciado por su expareja por violencia física y verbal. La Justicia le prohibió acercarse a la mujer, quien trabaja desde hace tiempo en el Registro Civil del departamento y que ha sido pareja del mandatario por varios años.
Además de la tipificación penal en la que se lo imputa por lesiones, al intendente justicialista santarrosino le cabe la aplicación de la ley 26485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que fue sancionada por el Congreso de la Nación el 11 de marzo de 2009 y promulgada por el Poder Ejecutivo un año después. La norma significó un cambio de paradigma del Estado sobre la violencia hacia las mujeres, tipificó los casos (violencia física, sexual, económica, etc), los principios de aplicación y los órganos competentes para intervenir.
Si la mención a esta ley queda plasmada en la carátula de su causa, sentará antecedente para otros casos. Este hecho no es común, debido a que no todas las fiscalías locales toman la regla como fundamento porque es nueva y todavía no ha habido un proceso de concientización en género que abarque todas las instancias judiciales.
El caso del jefe comunal ha generado la reacción de diferentes personas del ámbito político y social. La senadora Laura Montero (UCR) expresó al respecto: “En primer lugar, en este tipo de circunstancias debe protegerse inmediatamente a la víctima que declara el hecho y con toda la fuerza de la ley y el Estado. A tener en cuenta que los hechos de violencia de género deben disparar la acción de un equipo interdisciplinario que haga un diagnóstico sobre el agresor.” La secretaria del Área Mujer de Godoy Cruz, Silvina Anfuso, sostuvo ante esta periodista: “El PJ debería exigir la renuncia del intendente por una cuestión ética. Un intendente imputado por violencia de género no puede seguir en su cargo”.
Tierno y otros casos
Pese a lo que sugiere su apellido, un funcionario que también fue denunciado por violencia de género fue Juan Carlos Tierno, que casualmente fue intendente de Santa Rosa, pero en La Pampa. La exfuncionaria de políticas de género de la municipalidad, Mónica Molina, recordó la situación en diálogo con Edición UNCUYO: “Lo de Tierno venía de hacía muchos años pero se hizo público en 2008, cuando lo acusaron de abuso de autoridad en medio de los 87 días que duró su gobierno municipal”.
La primera situación contra Tierno por violencia de género fue en el año 1984. “Esa mujer tuvo que huir del pueblo por la situación de violencia que vivía. Ya en ese momento, el bloque radical pidió que se lo investigara, aunque claro que no se hablaba de violencia de género por ese entonces". "Después, una novia que trabajaba en el Registro Civil denunció que le quemaba cigarrillos en los pechos. Tierno siempre tuvo protección de todo el arco político”, dijo Molina.
El periodista pampeano Juan Carlos Martínez escribió “El Golpeador” en el que refleja parte de la historia violenta de Juan Carlos Tierno, la corrupción política y la impunidad judicial.
En Santiago del Estero hubo un caso reciente de un concejal denunciado por violencia de género y finalmente fue destituido http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=170261. El Concejo Deliberante de la localidad santiagueña La Banda, con el voto unánime de sus miembros, suspendió al edil Héctor Eduardo Ruiz, imputado por violencia de género. La sanción comprendió el retiro de sus fueros, el no cobro de dietas y otros privilegios, medidas que se mantendrán hasta que haya una sentencia firme en este caso que fue denunciado en enero pasado.
En Salta, el intendente de El Bordo, Juan Rosario Mazzone, fue imputado por corrupción de menores por participar de una reunión en su casa con jóvenes y luego trascendieron fotos con el torso desnudo tanto del jefe comunal como de las mujeres. En el caso también intervino la Fiscalía de Violencia de Género.
“Generalmente ocurre que en los pueblos hay todo un sistema de protección a los políticos en estos casos independientemente del color partidario”, subrayó Molina. Además, agregó: “En el caso de tratarse de funcionarios públicos que ejercen violencia de género la sanción debería ser más grave porque ejercen el poder. Además, porque debería tenerse en cuenta el mensaje a la sociedad que se da con la resolución de estos juicios”.
Dónde denunciar
La línea telefónica 144 que funciona en todas las provincias ejerce una guía para conocer qué hacer ante un caso de violencia de género. Se puede llamar de cualquier provincia del país, es gratuita (excepto de un celular que no tiene crédito) y ahí se ofrecerá información sobre cómo actuar a una mujer que sufre violencia de género o a una persona que desea ayudar a una mujer en esta situación. En este listado elaborado por el Consejo Nacional de las Mujeres que es el organismo encargado del funcionamiento de la línea, se encuentran