La necesidad de anticiparse a posibles eventos climáticos, como movimientos sísmicos, viento Zonda, heladas tempranas, aludes, precipitaciones de granizo en diferentes etapas del año y lluvias abundantes, que generan importantes crecidas en nuestros ríos y ponen en riesgo a las poblaciones cercanas o la seguridad de nuestros diques, representan para nuestra provincia un desafío prioritario a la hora de elaborar políticas de gestión de riesgo.

Se puede observar en nuestra región una variabilidad climática en la ocurrencia de temperaturas extremas durante todo el año, como así también de diferentes fenómenos climáticos. De esta manera, anticiparse a esta situación será fundamental para reducir riesgos, costos ambientales, sociales y económicos.

Organismos internacionales como el IPCC observan que “existen pocos ejemplos de sistemas nacionales de gestión de riesgos de desastres y medidas conexas de gestión de riesgo que integren explícitamente los conocimientos y las incertidumbres en relación a los cambios proyectados en la exposición, vulnerabilidad y los fenómenos climáticos extremos”.

Creemos que los gobiernos locales deben trabajar sobre el desarrollo de políticas de planificación territorial, e incorporar la gestión del riesgo en sus agendas, trabajando sobre la prevención y la mitigación, con el resultado de una reducción de la vulnerabilidad y un aumento de la resiliencia a los riesgos cambiantes, para dar respuesta y recuperación. La adaptación y la gestión de riesgo deben integrarse para reducir la vulnerabilidad.

El avance de Mendoza en la elaboración y aplicación de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, en especial de su artículo 7, que propone instrumentos como el Plan de Gestión de Riesgos y Manejo de Emergencias Provincial, es fundamental para trabajar en este sentido y coordinar, junto con los demás instrumentos de planificación y gestión territorial, una política de Estado sostenida en la gestión de riesgo como uno de sus pilares fundamentales.