La mitad de los 484 chicos y adolescentes que fueron alejados de su círculo familiar para protegerlos pasaron más tiempo viviendo en hogares estatales y de organizaciones sociales que lo estipulado en las leyes que defienden sus derechos. Muchos, incluso, pasaron en ellos su infancia. Así lo confirmó la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Mabel Vicari, quien dijo que realizan un análisis exhaustivo de cada caso con el objetivo de cambiar esta realidad.

La psicóloga comentó que el tiempo que los pequeños pasan en hogares estatales o con familias cuidadoras fue una de las situaciones preocupantes con las que se encontraron al asumir. Explicó que están estudiando cada caso, con el objetivo de agotar las posibilidades de generar lazos con la familia biológica y, si no es posible, iniciar los trámites de adopción.

Los 242 niños, niñas y adolescentes que pasaron la mayor parte de su infancia bajo el cuidado del Estado fueron víctimas. Justamente, por esa razón, la ley prevé sacarlos de su círculo familiar cuando está en peligro su integridad física o psicológica, pero determina plazos concretos para que permanezcan en esa situación. Esos plazos no se cumplen.
 

Prácticas deficientes

A fines del 2005, el Congreso aprobó la Ley 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, siguiendo los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió 15 años antes. La norma marcó un cambio sustancial en las políticas públicas de la infancia, ya que determinó que los pequeños no pueden ser judicializados por razones sociales y económicas, sino que el Ejecutivo debe restituirles los derechos vulnerados, con el control –en algunos casos– del juez. Es decir, que lo que antes estaba bajo la órbita del Poder Judicial, quedó en manos del Ejecutivo.

A nivel nacional, la norma entró en vigencia en 2006 y, en Mendoza, dos años más tarde. La razón fue que la Suprema Corte de Justicia emitió una acordada que suspendió su aplicación hasta tanto se pusiera en marcha una estructura para hacerla efectiva.

El centro de la estructura que se creó fue el Órgano Administrativo Local (OAL) y los servicios de protección de derechos instalados en todos los departamentos. Ese ente interviene frente a la vulneración de derechos y determina las medidas a aplicar, que en el caso de las consideradas excepcionales –como que el niño sea separado de su hogar– deben ser controladas por un juez de Familia.

Ese sistema recibió críticas de referentes en la temática, como la exministra de la Suprema Corte, Aída Kemelmajer de Carlucci y el pediatra Jorge Chahla. En entrevistas que concedieron en su momento a Unidiversidad, coincidieron en que la estructura no brinda respuesta por la falta de personal idóneo, de seguimiento de los casos y de coordinación entre los distintos actores del sistema.

Al cuidado del Estado

La permanencia por largos períodos de los pequeños en hogares estatales o con familias cuidadoras va a contramarcha de lo que prevé la norma, la cual estipula que estas medidas –llamadas excepcionales– tienen una vigencia de 90 días, con una única prórroga de otros 90 días, y son dispuestas siempre con el control de un juez de Familia, que debe pronunciarse a las 72 horas de conocer la novedad. Pasado este lapso, y si están dadas las condiciones, el pequeño debe volver con su familia, o entra en estudio la posibilidad de la adopción.

Los tiempos estipulados en la ley se acotaron aún más con la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial unificado, ya que determina que a los 180 días de que el niño está bajo el cuidado del Estado, el Ejecutivo debe enviar todo el estudio del caso –donde conste que las instancias para el retorno con la familia biológica fueron agotadas– para que el juez inicie el trámite de adopción.

Estos tiempos que marca la ley no se cumplieron con la mitad de los niños y niñas que viven en hogares propios o de organizaciones sociales. “Esto entra en contraposición con estas internaciones larguísimas. Tenemos niños que están desde los 4 años y hoy tienen 14 o 17 años. Eso no puede ser, porque el niño creció sin una familia propia y se le vulneraron todos los derechos a la vida en familia”, fueron las palabras de la titular de la Dinaf.

El Estado tiene 39 hogares, 31 propios y ocho que manejan organizaciones sociales y a los que derivan a los niños por medio de un convenio. Sólo la Casa Cuna y un hogar de adolescentes se encuentran en el predio de la Dinaf; el resto están ubicados en barrios, ya que buscan que los chicos tengan una vida en comunidad.

En los hogares propios de la Dinaf viven 345 pequeños y adolescentes, mientras 139 –por medio de un convenio– están en sitios que manejan las organizaciones sociales. Además, las familias de 374 niños y niñas reciben apoyo para fortalecer su círculo; 145 de esos niños y niñas viven con familias cuidadoras.
 

Las razones de las falencias

Vicari dijo que, al momento de asumir al frente de la Dinaf, encontraron unos 800 casos sin analizar; es decir, denuncias o presentaciones espontáneas que ingresaron al OAL, siendo el lugar más crítico Las Heras. Aseguró que esta situación se superó, pero recalcó que uno de los problemas más grandes es que se confundió la función del OAL que, aseguró, no debe realizar intervenciones, sino que tiene la responsabilidad de tomar las medidas, arbitrar los medios para que se cumplan y, sobre todo, controlar que esto efectivamente suceda.

La funcionaria explicó que están rearmando los sistemas locales de promoción de derechos, que estarán ubicados en los Centros de Desarrollo e Integración Familiar (Cedeif), donde se integrarán todos los actores del sistema (salud, educación, programas contra las adicciones, organizaciones sociales y municipios, entre otros).

Vicari contó que las problemáticas más comunes por las que reciben denuncias o presentaciones espontáneas son abandono, negligencia, casos de desnutrición, maltrato, abuso y consumo de sustancias prohibidas. La funcionaria recalcó que ahora no sólo están revisando los casos de los niños que permanecieron en hogares más tiempo del estipulado, sino también la situación de todos los que están con familias cuidadoras, con las que muchas veces viven toda su infancia.

“Estamos revisando y normalizando todas las situaciones. Le puedo anticipar que con cada niño que está con una medida de excepción de hace mucho tiempo se vuelve a trabajar, a explorar redes, a agotar instancias para proponerle al juez la mejor alternativa para el niño”, señaló.