El 28 % de los adolescentes privados de la libertad vivió en la calle y el 14 % lo hizo en hogares para niños y adolescentes abandonados, maltratados o abusados. Los datos surgen de un estudio presentado hoy por Unicef que incluyó encuestas al 40 % del total de menores de edad detenidos en centros cerrados juveniles del país.

"Lo más importante que señala este estudio es que la privación de libertad es una medida ineficaz, porque la mayoría de los chicos y chicas vuelven a reincidir, y que el sistema integral de protección no es capaz de prevenir que tomen contacto con el sistema penal juvenil", aseguró hoy Ana de Mendoza, representante adjunta de Unicef en Argentina que realizó el estudio junto al Centro de Estudios de Población (Cenep).

"Cuando uno analiza sus trayectorias, tienen altos niveles de vulnerabilidad y hay sobrerrepresentación de aquellos que han pasado por los sistemas de protección", agregó sobre las conclusiones de Las Voces de las y los Adolescentes Privados de Libertad en Argentina, que relevó información en 22 centros cerrados de la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta y Jujuy.

El último relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la ley penal realizado en 2015 contabilizó unos 7200 jóvenes cumpliendo algún tipo de medida penal, de los cuales 1300 permanecen privados de su libertad. "Buena parte" de estos últimos adolescentes "forman parte de sectores sociales donde las intervenciones estatales no lograron condiciones de bienestar ni herramientas para una inserción social plena", consignó el informe. “Hay una ausencia marcada del Estado para garantizarles tempranamente derechos básicos, pero una intervención férrea a través del sistema penal y las medidas de encierro cuando se les imputa haber infringido la ley”, advirtió Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de Unicef.

Los datos de la encuesta también indicaron que el 50 % de los chicos no iba al colegio antes de ser privado de la libertad, y 1 cada 4 ya tenía al menos un hijo o hija, lo que "evidencia maternidades y paternidades muy prematuras".

"Los centros de privación de libertad deberían reforzar las habilidades parentales y los vínculos con sus parejas", afirmó Mariángeles Misuraca, otra de las autoras del estudio. Otro dato: casi el 40 % de los encuestados dijo haber sido maltratado por las “fuerzas de seguridad” antes del encierro, mientras 3 de cada 10 sufrieron algún tipo de violencia dentro de la institución y, de estos, "sólo el 11 % pudo denunciarlo".

Los tipos de maltrato más frecuente en los centros cerrados fueron el verbal (el 60,6 %) y físico (el 58,1 %), y los autores de esta violencia fueron en mayor medida el personal de seguridad (el 52 %), otros jóvenes encerrados (el 27,3 %) y acompañantes u operadores (el 20 %).

Por otro lado, 3 de cada 4 adolescentes encuestados habían trabajado alguna vez antes de ser detenidos y la edad promedio al acceder al primer trabajo es de 13,9 años. Además, la mitad de los encuestados había sido derivado desde una comisaría y no de un organismo especializado, el 71 % desconocía el tiempo que debía permanecer privado de su libertad y el 54,4 % no había hablado nunca con el juez de la causa. La investigación también indagó sobre las condiciones edilicias, constatándose ausencia de luz natural y ventilación, falta de calefacción, humedad, roedores e insectos y falta de espacio.

"El Estado tiene la responsabilidad de dar una respuesta a las acciones que pueden infringir las leyes penales, pero también de proteger los derechos de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal y no generar vulneraciones adicionales en las trayectorias de esos pibes", concluyó Monath.