La paralización de las obras en la cárcel para presos federales de Cacheuta es la única mención a Mendoza que puede leerse en el informe El estado del Estado, publicado en las últimas horas del viernes 3 por el Gobierno Nacional. La alusión se enmarca en la descripción que hace el estudio sobre la situación en la que encontraron al Ministerio de Justicia al momento del cambio de gobierno.

El reporte denuncia el uso de la cartera para "influir en el funcionamiento de la Justicia", en simultáneo con "el abandono del Ministerio y la falta de gestión en áreas sensibles", evidenciado en el deterioro edilicio y la utilización de tecnología obsoleta.

Siguiendo con el análisis del sector, el informe detalla la situación, a diciembre de 2015, del Sistema Penitenciario Federal. En ese marco, recuerda que a esa fecha "estaba en emergencia" y que tenía "un gran déficit de plazas carcelarias, paliado parcialmente con el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales.

Luego de revelar irregularidades en la provisión de medicamentos, alimentos y vestimenta, y de la ausencia de seguros contra riesgos del trabajo, el documento hace foco en la infraestructura del sistema y menciona a Mendoza como ejemplo.

"Las nuevas autoridades también se encontraron con un panorama complicado en cuanto a la infraestructura del sistema, donde la falta de planificación y la mala gestión habían provocado la paralización de varias obras, juicios millonarios por cárceles terminadas y proyectos pagos sin posibilidad real de ejecución. Un ejemplo es el Complejo Penitenciario Cuyo, en Mendoza, que se empezó a construir en 2011 y no está terminado. El 6 de noviembre de 2015 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rescindió el contrato de obra pública con la unión transitoria de empresas entre Isolux Ingeniería y AMG Obras Civiles para construir el complejo penitenciario federal, cerca de Luján de Cuyo. En ese momento todavía quedaba construir aproximadamente el 30 % de la obra original y el 50 % de los adicionales. En el momento del cambio de gobierno la obra estaba paralizada, a pesar de la emergencia penitenciaria declarada judicialmente por la falta de plazas para internos en la región", rezan las páginas 149 y 150 del informe en cuestión.
 

La cárcel prometida

La cárcel para presos federales es una vieja deuda del sistema penitenciario federal que atraviesa por lo menos los últimos cuatro gobiernos mendocinos.

El lunes 9 de febrero de 2004, ambito.com publicó que “Eduardo Guarna, asesor de Gabinete de la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios Nacional, viajó a Mendoza para reunirse con el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Roberto Grillo” para anunciar una “nueva unidad penitenciaria [que] es parte del proyecto federal de construcción de una decena de cárceles en todo el país”. Y agrega: “La cárcel tendrá capacidad para 482 reclusos, se llamará Centro Cuyo, poseerá una superficie superior a los 19 mil metros cuadrados y tendrá como principal destino albergar a los presos federales, que actualmente suman 280; en tanto que podría dar alojamiento a alrededor de 200 internos provinciales”.

Sin embargo, recién seis años después, en 2010, según indica Los Andes, “se inició el proceso licitatorio durante la gestión del exgobernador Celso Jaque”. Las constructoras seleccionadas fueron Isolux Ingeniería S.A. y AMG Obras Civiles S.A. (que integran la Unión Transitoria de Empresas –UTE–). Finalmente, en 2011 se puso en marcha la construcción de la cárcel federal.

“Con la obra gruesa terminada, en diciembre de 2014, ya con Francisco Pérez en el poder, se anunció su inauguración para mediados de 2015, año electoral”, cuenta Los Andes. Sin embargo, la obra se detuvo en 2015 por un conflicto contractual de la firma Isolux con la Nación.

Ya en 2016, en febrero, autoridades provinciales recorrieron los obras con el fin de informar a las nacionales sobre su estado. Luego, en mayo, en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Alfredo Cornejo mencionó la realización de gestiones ante la Nación para retomar la construcción.

La cárcel federal y su definitiva finalización y ocupación resulta clave para el éxito de la Ley Cornejo, que endurece las condiciones en las que debe dictarse la prisión preventiva, una de las mayores apuestas de la gestión actual para morigerar los hechos de inseguridad. Si el edificio estuviese concluido, se podría alojar en él a cientos de presos hoy ubicados en espacios provinciales, los cuales, a su vez, descomprimirían su situación para, entre otras cosas, dar respuestas a los múltiples cuestionamientos internacionales que ha sufrido la provincia por el estado de estos establecimientos.

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