Quienes desde hace años venimos bregando en esta provincia por una educación pública plenamente laica –es decir, en perfecta armonía con la libertad de conciencia y la igualdad de trato– vivimos horas de inmensa satisfacción y alegría. El motivo no es trivial, no al menos si se está firmemente convencido de que el pluralismo democrático, los derechos humanos, el respeto a las minorías y la interculturalidad deben ser principios fundantes y orientadores de la convivencia social, y no palabras vacías en boca de demagogos. Como es de público conocimiento, el Juzgado Civil Nº 24 de la Ciudad de Mendoza acaba de dictar sentencia haciendo lugar a la acción de amparo colectivo interpuesta por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial San Rafael (APDH-San Rafael); acción de amparo que solicitaba la eliminación –por inconstitucionales e ilegales– de las conmemoraciones religiosas del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo en el ámbito de la escolaridad estatal.

¿Por qué inconstitucionales e ilegales? Sencillamente porque tanto la carta magna como la ley educativa de la provincia establecen de forma explícita y categórica que la enseñanza pública es laica. Y puesto que la laicidad escolar bajo ningún punto de vista se reduce a lo curricular, dado que abarca muchas otras facetas importantes de la educación (relación docente-estudiantes, normas de convivencia, simbología, ceremonial, etc.), entonces corresponde –como bien lo ha entendido la jueza María Eugenia Ibaceta– exigirle a la DGE que acate dicho principio también en lo concerniente a los actos escolares conmemorativos, máxime teniendo en cuenta que el origen de esta confusión tan funesta entre el calendario cívico y el santoral católico se remonta a los oscuros años de la última dictadura militar, un trágico período de la historia nacional y provincial en el que la legalidad republicana y la legitimidad democrática brillaron por su ausencia.

Es preciso remarcar bien –porque no faltarán voces alarmistas que difundan versiones inexactas de lo resuelto en su afán de llevar agua para su molino– que la prohibición judicial solo afecta a los establecimientos educativos de gestión estatal. Los colegios privados católicos, desde luego, no se ven alcanzados por dicha disposición. No está en discusión la libertad de enseñanza religiosa –que es un derecho inalienable–, sino el avasallamiento de la laicidad educativa en la escolaridad pública, es decir, dentro y solamente dentro de la esfera educativa estatal.

Sabemos con certeza y en concreto que la Dra. Ibaceta ha prohibido por este año la celebración del día de la Virgen del Carmen de Cuyo en todas las escuelas públicas mendocinas. Este hito sienta un precedente muy promisorio de cara al futuro. La lucha recién empieza, cierto. Pero es reconfortante y alentador poder hacerlo en estas circunstancias favorables. Circunstancias favorables, sin duda, pero no idílicas. Todo hace prever que la DGE y el establishment confesionalista, empecinados en su anacrónica idea de que la nacionalidad argentina se identifica de forma exclusivista con la fe católica, no se quedarán de brazos cruzados, y que seguirán tratando por todos los medios de desbaratar esta pequeña gran victoria de la libertad y la igualdad.

De hecho, sin ir más lejos, las autoridades de la DGE, en una actitud claramente desafiante que debiera avergonzarlas, llevaron a cabo en su propia sede, como si nada y de manera ostentosa, yendo en contra abiertamente del espíritu laicista que se trasunta de la sentencia, el polémico acto conmemorativo que la Justicia les ordenó expresamente suspender en las escuelas públicas por considerarlo reñido con la Constitución provincial. Linda forma de predicar con el propio ejemplo, a la vista de toda comunidad educativa y de la opinión pública, la civilidad republicana… Esta actitud, sin embargo, no tiene nada de sorpresiva. Hace tiempo que la DGE viene dando muestras inequívocas de su compromiso férreo con la causa del integrismo católico. Su posición ante la acción de amparo colectivo de la APDH-San Rafael ha sido de una cerrazón ideológica, una soberbia y una pobreza de argumentos realmente preocupante e indignante.

Año tras año, la DGE ha obligado a decenas de miles de estudiantes y docentes de la escolaridad pública pertenecientes a las minorías no católicas, a participar de forma pasiva y reverencial de actos conmemorativos extraños y contrarios a sus convicciones religiosas y/o filosóficas más íntimas y sagradas, conculcando impunemente su derecho a aprender o enseñar en condiciones completamente laicas, aconfesionales, plenamente respetuosas de la libertad de conciencia, la igualdad de trato y la dignidad personal. Este atropello, esta injusticia mayúscula, parece estar llegando a su fin. Ojalá la sentencia de la Dra. Ibaceta sea ese punto de inflexión que muchos estábamos esperando.

Pero de algo podemos estar seguros: difícilmente haya un desenlace feliz en esta historia si los sectores progresistas de la sociedad civil no se unen y movilizan en defensa de la educación pública laica. Y en este sentido, resulta valioso y destacable el ejemplo del Encuentro Laicista de Mendoza (ELM), un espacio plural de reciente creación en el que convergen diversas organizaciones y personas que comparten el sueño de una Mendoza secular más diversa e inclusiva.

Ese sueño ya no es un espejismo, una quimera imposible de alcanzar. Ese sueño comienza a hacerse realidad. Va cobrando forma y color. Se agiganta y adquiere mayor consistencia. Se vuelve más vigoroso. Más visible también. E irradia con fuerza toda la belleza de la justicia. La utopía de la libertad y la igualdad está en marcha. Y empezar por las escuelas públicas no es, por cierto, una mala idea, porque en ellas se educan nada menos que las futuras generaciones de ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. Más laicidad escolar hoy, más civilidad democrática mañana.