Comienza la semana con un debate público que pone en crisis una de las normas que impulsa el oficialismo, en materia de seguridad pública, por una cláusula que presume de censura. El planteo es de las entidades periodísticas a nivel local y nacional.

Durante el recorrido por las fiscalías que el viernes 23 hicieron Alfredo Cornejo y “su” Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, ambos funcionarios defendieron la reforma legal del Ministerio Público Fiscal cuyo tratamiento está frenado en la Legislatura. El Gobierno aspira a que el proyecto sea aprobado esta semana en Diputados.

Pero los cuestionamientos ahora no sólo han salido de los ámbitos parlamentarios, sino también de los sectores afectados por la restricción a la información pública que se originan en las mismas fiscalías.

Las objeciones planteadas son contra el artículo 7 del proyecto, que sólo habilita la información de los casos penales a un especie de registro para “ordenar” la publicación de estas novedades. Y restringe a los fiscales hablar con los periodistas, cuestión que es una práctica cotidiana hasta ahora.

Esta vez los planteos también vienen desde el Sindicato de Prensa de Mendoza, que ya adelantó su postura a través de las redes sociales.

El gremio se presentará en la Legislatura para poner en relieve estas observaciones ante las comisiones de Labor Parlamentaria de Diputados y Senadores, “para pedir que se mantenga la redacción vigente de la ley 8.008, de Ministerio Público Fiscal, y de esa manera impedir la institucionalización de la mordaza”, consigna Los Andes.

Al mismo tiempo, la crónica adelanta la novedad de que en la tarde de este lunes 26 el mismo Gullé recibirá a una delegación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que le pedirá que retire la redacción del polémico artículo. La nota remarca también que la misma entidad intentará una entrevista con el propio Alfredo Cornejo para convencerlo de la inconveniencia de impulsar este segmento de la norma en evaluación legislativa.

El escrito mordaza

El párrafo denostado por las entidades periodísticas, y que convertiría a la regla en estudio en una nueva ley mordaza, es el siguiente: “Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán dar información del ámbito de su competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad o la seguridad de las personas, o los asuntos públicos que requieran reserva, o comprometan la eficacia y el trámite de las investigaciones en curso. La información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General. En los casos que corresponda secreto de sumario o reserva de las actuaciones, su violación habilitará la imposición de sanciones disciplinarias. En caso de reiteración podrá constituir causal de imputación de mal desempeño conforme lo dispone el Art. 164 de la Constitución Provincial”.

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