La muerte de la pequeña Luciana Rodríguez, víctima de maltrato familiar, produjo una gran conmoción social que obligó a los actores del sistema integral de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, a repensar y rever sus prácticas. Parte de sus reflexiones, así como de los cambios que se imprimieron y se imprimirán al sistema, quedarán plasmados en el Pacto por el Niñez que se firmará a fin de mes.

El trabajo articulado de los actores que intervienen en el sistema de protección, la puesta en marcha de un legajo único para cada caso, el refuerzo de personal y de movilidad en las oficinas del Órgano Administrativo de la Ley (OAL), su apertura en todas las comunas y el incremento de fondos para su funcionamiento, serán algunos de los puntos que incluirá el Pacto por la Niñez.

Una muerte evitable

El 7 de enero último, Luciana Rodríguez fue trasladada por su padrastro a la clínica Santa María, donde murió poco después de ingresar. Según los resultados de la autopsia, la causa del fallecimiento fueron las múltiples lesiones que presentaba la nena. Pocas horas después fueron detenidos su madre y su padrastro. En los días siguientes fueron imputados por la fiscal especial Claudia Ríos seis trabajadores de la Dirección de Niñez y Adolescencia (Dinaf) que tuvieron intervención en el caso.

Fue la abuela de la pequeña y de sus hermanos, Claudia Rivas, quien junto a sus abogados denunció que la Dinaf restituyó a la niña a su hogar cuando ya habían advertido sobre la violencia que sufría.

La muerte de la pequeña fue la muestra más dolorosa de la fragilidad del sistema integral de protección de derechos, especialmente luego de que la Justicia comprobara que existían más de diez denuncias por los maltratos que sufría.

La muerte evitable de la niña no solo provocó una conmoción social; también generó un remezón puertas adentro de los organismos e instituciones que forman parte del sistema, los que se pusieron en marcha luego de la aprobación en 2005 de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La norma cambió radicalmente el paradigma de trabajo con la niñez e intentó dejar atrás cien años de patronato.

Los pequeños dejaron de ser objetos de tutela del Estado para transformarse en sujetos de derecho, por lo que muchas tareas que afrontaba la Justicia de Familia pasaron a manos del Ejecutivo. Los niños y niñas ya no podrían ser judicializados por razones sociales o económicas (por ejemplo, porque sus padres no los enviaban a la escuela), sino que sería el Ejecutivo quien debería garantizar el derecho a estudiar. A partir de la nueva ley, los jueces solo intervendrían en las medidas llamadas excepcionales, es decir, cuando el pequeño debiera salir de su casa con el fin de resguardar su integridad física y psíquica.

Para hacer efectiva la ley se puso en marcha un sistema que articula la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya cabeza es el Órgano Administrador Local (OAL), y los servicios de protección de derechos ubicados en los departamentos, que manejan las áreas de niñez de las comunas en coordinación con la provincia. A ese entramado se suman las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la comunidad, ya que la norma plantea que todos somos responsables de velar por los derechos y la integridad de los niños y niñas.

En 2013 el OAL realizó 27 600 intervenciones, el 30 por ciento más que en 2012, la mayoría concentradas en el Gran Mendoza. Las problemáticas se repiten: los casos de la primera infancia están relacionados con conflictos familiares y los de adolescentes, generalmente con el consumo de sustancias tóxicas.

El Gran Mendoza y San Rafael concentran la mayor cantidad de casos. Aunque en las zonas rurales el número de intervenciones es menor, estas presentan mayor dificultad en cuento su abordaje.

El pacto

La muerte de la pequeña Lucía fue la comprobación más triste de las debilidades del sistema creado para proteger a la niñez. Frente a esta realidad, el gobernador Francisco Pérez firmó el decreto 105/14, en el que instó a todos los integrantes del sistema de protección a trabajar en forma articulada y a revisar sus prácticas. El resultado de esa reflexión de muchos meses será el Pacto por la Niñez, que los distintos actores firmarán a fin de mes.

La titular de la Dinaf, Patricia Spoliansky, recalcó que lo interesante del Pacto no es solo el proceso previo para definir los puntos que incluirá, sino el que se dispara a partir de su firma. Esta revisión profunda incluyó tanto al poder Ejecutivo como al Judicial y al Legislativo.

Uno de los inconvenientes que surgió del análisis fue la necesidad de que los distintos organismos trabajaran en forma conjunta, por lo que se conformó una comisión interministerial para que los agentes de desarrollo social, salud, educación y seguridad tuvieran en claro las pautas que debían seguir.

Uno de los acuerdos a los que arribaron fue la necesidad de centralizar la información de cada caso. Hasta ahora se trabajaba con un legajo por cada ministerio y, aunque se enviaban informes, nadie tenía la visión completa de lo que le sucedía al pequeño ni de las medidas adoptadas. En breve se pondrá en marcha un sistema único que permitirá que cada área cargue los datos y que generará alertas cuando una medida no se tome o no se cumpla, siempre resguardando estos datos con acceso restringido y respetando el derecho a la intimidad del niño o la niña. El nuevo sistema de legajo único incluirá la firma digital para que los profesionales puedan validar los informes que carguen.

Este legajo único incluirá datos que hasta ahora no se contemplaban; por ejemplo, si el chico o chica asiste a un club, a un centro de desarrollo, si pertenece a alguna iglesia o tiene relación con otro actor social relevante. Esta información permitirá a los profesionales contar con distintos recursos para encarar acciones de protección.

Otro cambio será el paso de la línea 102 desde la órbita del Ministerio de Salud al de Desarrollo Social, para lograr una articulación directa. Se amplía el horario de atención a 24 horas y ya no será solo una línea de denuncia, sino también de escucha para los chicos y las chicas.

Tanto el sistema de información único como la línea 102 serán monitoreados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Otra modificación que se ya se puso en marcha fue el refuerzo del sistema de protección en toda la provincia. Hasta noviembre de 2013, el OAL tenía 14 oficinas, pero no tenía presencia en San Carlos (donde ya se inauguró), en Rivadavia y Junín (donde comenzará a operar en tres meses), y en La Paz, que estará funcionando antes de concluir el año.

También hubo un refuerzo de personal. Hasta enero de este año trabajaban en las distintas oficinas de protección 160 personas, el 40 por ciento de las cuales eran profesionales; actualmente se desempeñan 310 personas, el 70 por ciento de las cuales son profesionales.

También se reforzaron los fondos para el funcionamiento del sistema. Esto permitió duplicar la cantidad de movilidades, la instalación de un sistema de monitoreo con GPS para optimizar el recurso y el equipamiento para todos los centros.

Spoliansky explicó que el concepto de territorialidad no solo se refiere a la presencia de oficinas en todos los departamentos, sino también a los acuerdos entre los distintos organismos. En este sentido, se trabajó en la mesa interministerial para acordar los circuitos de intervención en cada zona y los actores a los que se puede acudir.

En ese espacio interministerial se decidió la creación durante este año de un espacio para adolescentes con problemáticas de salud mental, ya que hoy son atendidos en los efectores para adultos.

Durante estos meses también se analizaron los protocolos de actuación que existen para enfrentar distintas problemáticas, como el maltrato, en los que se establece claramente cuáles son las medidas a tomar por cada actor del sistema.

Además, el Pacto incluirá un acuerdo con el poder Legislativo para que debata y apruebe un proyecto que permita adecuar la ley provincial de niñez (6364) a la nacional (26061). Esto no es un mero formalismo, sino que delimitará claramente las responsabilidades de cada parte del sistema, por ejemplo, los operadores, los jueces, los profesionales, y evitar así las zonas grises que persisten hasta hoy.

Los legisladores conformaron la Bicameral de Niñez, en el seno de la cual se estudiarán los tres proyectos de adecuación que fueron presentados hace años.

La directora de la Dinaf recalcó la importancia de este trabajo legislativo, ya que, se prevé, dará claridad en cuanto a las responsabilidades que tienen cada uno de los actores del sistema.

El pacto incluirá también la puesta en marcha de un sistema de capacitación para quienes trabajen en temas de niñez, ya sea desde algunos de los poderes del Estado o desde la sociedad civil.

La voz de las organizaciones

La titular de la Federación de Entidades de Niñez y Adolescencia (Fedem), Laura Acotto, explicó que participarán de la firma del Pacto por la Niñez, siempre que estén incluidos algunos de los puntos de un documento que presentaron a manera de aporte y donde marcaron falencias del sistema.

Acotto señaló que elevaron a la Dinaf y al Consejo de Niñez dos documentos: el primero, con un diagnóstico de la situación y el segundo, con una propuesta de cambio en la que estaban plasmadas algunas líneas de acción a seguir.

La titular de Fedem enumeró algunos de los puntos que incluyó el diagnóstico. Dificultad en la instrumentación de los protocolos de actuación que se hicieron entre los ministerios; variedad de criterios de intervención; falta de articulación entre los distintos actores del sistema y de adecuación de la ley provincial de niñez a la nacional; falta de distribución oportuna de los recursos de acuerdo a las necesidades; trabas técnicas que impiden el abordaje en tiempo y forma, y la falta de control y supervisión de las acciones, entre otros problemas observados.

Acotto explicó que presentaron también una propuesta con algunas sugerencias. Plantearon la necesidad de crear espacios de articulación y coordinación del sistema, de revisar toda la legislación vigente con el nuevo parámetro de protección –incluir leyes, resoluciones, reglamentos–, desarrollar un plan estratégico de políticas públicas destinadas a la niñez y poner en marcha políticas de fomento para la radicación de profesionales en zonas alejadas, entre otros puntos.

A fin de mes los distintos actores del sistema de protección firmarán el Pacto por la Niñez, un pacto para que nunca más un pequeño sufra lo que sufrió Luciana.