Mendoza ya tiene su Plan de Ordenamiento Territorial, uno de los puntos clave establecido en la Ley “madre” de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (N° 8051), aprobada hace poco más de nueve años.

La sanción definitiva la dio este miércoles 23 de agosto la Cámara de Diputados por mayoría de votos. Con esta aprobación, la provincia se transformó en la primera del país en contar con una herramienta destinada a reordenar Mendoza de acá a 30 años y de esta manera trazar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y puedan convivir las actividades económicas con el cuidado del medio ambiente.

Una de las medidas alrededor de la cual girará el mecanismo para poner en marcha la reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial es que cada municipio deberá contar con su propia organización sustentable, pero respetando las directrices provinciales. La idea es que se unifiquen criterios para lograr que Mendoza se desarrolle en cada uno de sus rincones y no sólo en una pequeña porción del territorio, como ocurre actualmente con el Área Metropolitana.

Para eso, el Plan establece metas que deberán llevarse a cabo en un plazo mínimo de seis meses y un máximo de 30 años, es decir que el ordenamiento del territorio pasó a ser hoy una política de Estado. 

Otro punto fundamental de la norma aprobada es que cada decisión que se tome para aplicar programas y políticas deberá estar consensuada por distintos sectores de la sociedad: especialistas, universidades, organizaciones, entre otros.

El ojo deberá estar puesto en el cuidado del hábitat, en la mitigación de riesgos ante amenazas naturales y  antrópicas, como así también en la conectividad y accesibilidad para la integración de la provincia. Todo esto, deberá ser concebido propiciando la movilidad sustentable, el desarrollo económico y energético, en función de las características del territorio y la gestión integrada de los recursos hídricos, según explicó a diario Los Andes María Elina Gudiño, directora del doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que se dicta en la UNCuyo y una de las principales investigadoras que trabajó en la elaboración de la Ley provincial y en el Plan.

Así, la provincia se enfrentará ahora ante un gran desafío: ver cómo ordenará y controlará el crecimiento urbano desordenado y el auge de construcciones habitacionales en zonas que antes eran impensadas.

"El hacinamiento o capacidad de carga colapsada y todo lo que esto trae aparejado, como ruidos, contaminación, exceso de población frente a la falta de adecuación de los servicios, es una característica de la actual ciudad", explicó Gudiño.

En este aspecto concreto, un límite que impondrá la norma consiste en que cada comuna deberá presentar su propio proyecto sustentable y a la vez tendrá que zonificar su territorio. El plazo en ése sentido será de un año.