La subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Eleonora Lamm, dijo que con la decisión del Gobierno de Mendoza de suspender provisoriamente la entrega de anticonceptivos subcutáneos “transformaron una política pública en una cuestión religiosa” y "es contraria a los derechos humanos". Lamm aseguró que la decisión que tomó la Asesoría de Gobierno y que acató el Ministerio de Salud "es contraria a los derechos humanos" y a todos los tratados internacionales que firmó la Argentina, por los cuales el país se comprometió a trabajar en la educación sexual y reproductiva y a brindar a los ciudadanos las herramientas para planificar su vida familiar libremente.

Desde la oficina de prensa del Ministerio de Salud confirmaron que suspendieron la entrega del anticonceptivo subcutáneo, ya que acataron un dictamen de la Asesoría de Gobierno, que fue impulsado por la asociación civil católica Vitam.

El anticonceptivo subcutáneo fue un dispositivo impulsado por el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Nación, que Mendoza adoptó por medio de un decreto del gobernador, Francisco Pérez. El objetivo, según se explicó en el momento del lanzamiento, fue llegar especialmente a las adolescentes, ya que no necesita los controles exhaustivos de otros mecanismos. Frente a la decisión de la Asesoría de Gobierno y del Ministerio de Salud, será el gobernador quien finalmente decidirá si el decreto por el cual la Provincia adoptó este mecanismo anticonceptivo seguirá vigente.

El implante subdérmico puede ser utilizado por cualquier mujer o pareja que quiera realizar una planificación familiar, aunque el objetivo del Ministerio de Salud de la Nación fue ofrecer este método especialmente a las adolescentes para prevenir un segundo embarazo antes de los dos años de transcurrido el nacimiento de su primer bebé, tanto por razones médicas como para que las jóvenes puedan continuar con su proyecto de vida familiar, escolar o laboral.

En Mendoza, de cien bebés nacidos vivos, 15 por ciento tiene una mamá adolescente. A esta franja de población intentó llegar el Ministerio para ofrecerles este método, una pequeña varilla que se coloca en el brazo, que tiene un 99 por ciento de efectividad y que dura por un período de tres años.

De acuerdo con la información aportada desde la oficina de prensa del Ministerio de Salud, hasta el momento se colocaron en toda la provincia 44 de este tipo de anticonceptivos.
 

La presentación

Según un artículo publicado por Sitio Andino, la ONG Vitam presentó en marzo un escrito ante el Ministerio de Salud, que luego fue analizado por la Asesoría de Gobierno, en la que cuestionó la provisión de diversos métodos anticonceptivos por parte del Estado. La organización católica pidió que el Ministerio prohíba el suministro, expendio, fraccionamiento, aplicación, recomendación, prescripción, facilitación, colocación, información o entrega del método anticonceptivo subcutáneo. Esto, siguiendo el reclamo presentado por la Red de Laicos.

En el escrito, firmado por Sonia Cano, Walter Fernández Medina y Bernardita García, la organización sostiene que el método anticonceptivo es abortivo, porque genera la modificación del endometrio impidiendo la fecundación. Tanto desde el Gobierno provincial, como desde Asesoría de Gobierno específicamente, no dieron información sobre el dictamen, ni tampoco sobre el alcance legal que tiene el mismo. Desde el Ministerio de Salud sólo confirmaron que acataron la decisión y que suspendieron provisoriamente la entrega de los anticonceptivos subcutáneos.

Un Estado laico

La subdirectora de Derechos Humanos de la Corte, Eleonora Lamm, aseguró que le cuesta opinar sobre un planteo que consideró absolutamente retrógrado. Dijo que la organización que realizó la presentación no comprende que Argentina es un Estado laico y que no puede convertir sus convicciones religiosas en una política de Estado.

La doctora en Bioética, y una de las profesionales que trabajó en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial, aseguró que la decisión del Gobierno es contraria a todos los lineamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en este caso contra el derecho de acceder a la educación sexual y a métodos anticonceptivos que permitan a los ciudadanos planificar libremente su vida familiar.

“Esta es una cuestión religiosa, que debería mantenerse en el fuero íntimo. Trasladarlo al ámbito público es un avasallamiento absoluto de todos los derechos de las personas”, fueron sus palabras. Lamm recalcó que quedó demostrado científicamente que estos métodos anticonceptivos no son abortivos. Y aseguró que quienes toman este tipo de decisiones deben acceder a información científica de primera mano.
 

Otras repercusiones

En el mismo sentido opinó Silvina Anfuso, integrante de la organización MuMaLá, quien se mostró convencida de que el planteo no tendrá viabilidad porque iría contra las leyes nacionales y los tratados internacionales a los que adhirió el país. Anfuso calificó la decisión como repudiable, porque entiende que atenta contra la autonomía de las mujeres y los varones a decidir y planificar libremente la conformación de su familia. La integrante de MuMaLá recalcó que, en lugar de generar un contrapunto, el objetivo de la organización es seguir poniendo el acento en la importancia de la aplicación de la educación sexual integral y en la accesibilidad a los métodos anticonceptivos.

Por su parte, la socióloga, becaria del Conicet e integrante del colectivo feminista Las Juanas y las otras, Sofía Da Costa Marques, consideró gravísima la decisión que adoptó el Gobierno, teniendo en cuenta que el acceso a los métodos anticonceptivos en sus diversas presentaciones está incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de la Nación. Respecto del argumento de la organización Vitam de que el anticonceptivo es abortivo, la socióloga lo tildó de delirante y contradictorio. Dijo que el implante subdérmico tiene una hormona que inhibe la ovulación, por lo tanto esto impide la concepción.