El procurador de las personas privadas de la libertad, Fabricio Imparado, aseguró que el trabajo es esencial para que los internos cumplan su condena y logren una verdadera reinserción social al salir en libertad. Pero al mismo tiempo, aclaró que es necesario desmitificar la idea de que los presos quieren estar ociosos y explicó que hoy la mayoría pide realizar actividades, pero la estructura no está preparada para responder a esa demanda.

“Estoy a favor de que los detenidos trabajen, es más, es un reclamo que hacen los internos. Es necesario desmitificar la idea de que el preso quiere estar ocioso, ya que el problema es que hoy no hay oferta laboral en la estructura de los penales”, fueron las palabras de procurador.

Más allá de los elogios o las críticas que recibió el anuncio del gobernador, Alfredo Cornejo, quien enviará un proyecto de ley para obligar a los presos a trabajar; Imparado celebró que el mandatario haya puesto en el centro de la escena la problemática carcelaria. Está convencido que no se puede seguir escondiendo como la basura debajo de la alfombra, sino que es necesario hablar, discutir y analizar posibles soluciones.

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Imparado advirtió que no conoce el proyecto de ley, aunque comentó que tanto la norma nacional 24660, como la provincial 8465 prevén que los internos trabajen. E incluso comentó que establecen cómo se dividirá la remuneración que reciban por esa labor: una parte para intentar reparar el daño que causaron a la víctima, otra para pagar su manutención dentro de la cárcel y otra para su familia, ya que muchas quedan desamparas cuando ingresan a la penitenciaría.

El abogado explicó que el porcentaje de internos que trabaja en los centros de detención de la provincia, de un total de 4.800, es bajo. Y aseguró que la razón es que tanto la oferta de trabajo como de capacitación es reducida en todos los centros de detención.

Otro concepto que analizó el procurador es el de la obligatoriedad del trabajo. Comentó que es necesario analizar la letra de la iniciativa, porque si la obligatoriedad está atada a que obtengan lo que se conoce como beneficios, por ejemplo salidas transitorias o libertad condicional, entonces es una condición sine qua non que el Ejecutivo debe garantizar la oferta laboral.

La víctima en el centro de la escena

Imparado resaltó como un aspecto positivo del mensaje del gobernador que se coloque en el centro de la escena a las víctimas, y que incluso tenga participación en el proceso de cumplimiento de la pena. De todas formas, consideró que la audiencia pública propuesta por Cornejo para que participe y opine sobre los beneficios a los que accede el interno, no es el mecanismo más adecuado. Y aclaró que este aspecto ya está contemplado en las normas existentes.

El procurador se negó a hablar sobre el falaz enfrentamiento entre las posturas garantistas y de “mano dura”, ya que consideró que esos son discursos de índole política que no ayuda en nada a resolver los problemas del sistema penitenciario. Por eso, resaltó su disposición a dialogar y a colaborar en cualquier aspecto que permita lograr una reinserción real de los internos.