“Los Andes sanjuaninos se ofrecen como basurero de mineras”. Con esa frase, el senador nacional, Fernando Pino Solanas, definió el espíritu del convenio que el Gobierno de San Juan firmó con la minera chilena Los Pelambres, que le permitió arrojar en suelo argentino 55 millones de toneladas de desechos tóxicos. Por esto, el presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso denunció el acuerdo ante la Justicia Federal de la vecina provincia, a través de un pedido de inconstitucionalidad y nulidad del mismo.

El senador de Proyecto Sur pasó por Mendoza como una escala de su viaje a  San Juan, donde se presentó ante el Juzgado Federal N.º 1, con el escrito en el que solicitó el cese inmediato del convenio y la remediación del daño ambiental.

El cineasta explicó que el acuerdo permitió un “abuso extraordinario” a la minera, ya que aseguró que avaló por lo menos cuatro delitos en suelo argentino: contaminación, usurpación de propiedad privada, usurpación del agua y la violación del artículo 41 de la Constitución, que prohíbe expresamente el ingreso al país de sustancias o desechos contaminantes.
 

El acuerdo

Tal como contó Unidiversidad en una nota publicada en junio de 2016, la historia comenzó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres. El  acuerdo cedía 88 hectáreas, pero la firma ocupó 105 y así fue como sobrepasaron la frontera y colocaron desechos en Calingasta, en San Juan.

El primero escollo con que se encontró la firma chilena fue otra empresa minera, la suiza Glencore, que lleva adelante del lado argentino el proyecto El Pachón. Ellos iniciaron un litigio judicial con el objetivo de que la firma trasandina se retirara de suelo sanjuanino, el que aún no concluyó.

Al mismo tiempo –y siempre según la denuncia de Solanas–, el gobierno de San Juan firmó un convenio con Los Pelambres (parte del grupo Antofagasta Minerals), que le permitió a la firma dejar los desechos en territorio argentino, sin incluir ningún proyecto de remediación.

De acuerdo a la información aportada por Solanas, desde 2007 se arrojaron en el departamento sanjuanino de Calingasta 55 millones de toneladas de desechos de la mina: 470 cubiertas e innumerables restos químicos. Dijo que en total son 52 hectáreas afectadas, en la que existen lagunas y vegas.

El senador recalcó que los desechos expuestos al sol, la lluvia y al aire provocarán graves daños ambientales, ya que aseguró que esos líquidos contaminantes pueden llegar al cauce del río Carnicerías, un afluente del San Juan. Dijo que remediar esa situación costaría unos 300 millones de dólares.

Solanas criticó al Ejecutivo nacional por su falta absoluta de controles en el tema ambiental, así como al gobierno de San Juan. Recalcó que existió negligencia de las autoridades sanjuaninas y aseguró que siempre miran al lado opuesto de donde están sucediendo las cosas, especialmente los estragos que produce la megaminería.

El senador aseguró que dañar el medio ambiente es una operación muy fácil y rápida, pero remediar esa situación insume décadas, mucho dinero y esfuerzo, además de los inconvenientes que causan estas situaciones a los pobladores, tanto en su salud como en el desenvolvimiento de su vida cotidiana.

Además de la presentación que realizó en la Justicia Federal de San Juan, Solanas advirtió sobre esta situación al titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Julio Cobos, y acordaron realizar una acción conjunta. Solanas viajó a San Juan acompañado por el abogado Marcelo Romano y por el presidente de la Asociación de Abogados Ambientales, Enrique Viale.
 

La firma

De acuerdo a la información publicada en la página web de Los Pelambres, el 60 % de sus acciones son propiedad de Antofagasta Minerals y el 40 % restante corresponde a un consorcio de empresas japonesas compuesto por Nippon LP Investment (25 %) y Marubeni & Mitsubishi LP Holding BV (15 %). La compañía opera desde fines de 1999 en la provincia de Choapa, en la región de Coquimbo, con una capacidad de procesamiento de 210 mil toneladas promedio diarias de mineral, según la información consignada en su página web.