Los trabajadores de las siete empresas recuperadas que funcionan en Mendoza hicieron lo que no lograron sus antiguos patrones: mantener los puestos laborales y gestionar la firma. Y como demostraron que podían, ahora buscan convertirse en los verdaderos dueños de las fábricas e impulsan la modificación de una ley provincial que prevé otorgarles créditos para ese fin, aunque con plazos y montos acotados.

Los empleados de la Cooperativa Gráficos y Asociados fueron los primeros que escucharon la palabra "quiebra" de boca del dueño de la empresa, y fueron los primeros en resistirse a perder sus trabajos, en tratar de entender el palabrerío jurídico, en reunirse con el juez, en seguir adelante. Hoy, después de diez años, las máquinas siguen imprimiendo etiquetas en el galpón ubicado en la Cuarta Este de Ciudad, pero ya no hay un patrón, sino muchos.

A la experiencia de Gráficos y Asociados le siguieron otros obreros que se unieron para recuperar lo que sentían como propio: Cerámica Cuyo, Frigorífico Lagunita, Curtidores de Mendoza, Cooperativa Capdeville, Oeste Argentino y Cooperativa Tropero Sosa.

En total son 350 obreros los que dijeron "no" al cierre de las fábricas y decidieron unirse a este movimiento nacional, que nació a finales de la década de los 90 y se consolidó luego de la crisis de 2001, como la única respuesta posible frente al desempleo.

Hoy, a nivel nacional, 2800 obreros de 300 empresas son parte de esta nueva economía social, y trabajan en rubros tan disímiles como el turismo, los alimentos y los medios de comunicación. Algunas de las cooperativas más emblemáticas que forman parte de este movimiento son: la fábrica de tractores Zanello (en Las Varillas, Córdoba), el supermercado Tigre (Ciudad de Santa Fe), las alimenticias Ghelco y Grissinópoli y el diario Comercio y Justicia.

Los desafíos

El presidente de la Cooperativa Gráficos y Asociados y de la Mesa Provincial de Empresas Recuperadas, Julio Díaz, hizo un balance positivo del esfuerzo que hicieron en los últimos años. Para él, lo más importante es que recuperaron su dignidad, la fuente de trabajo y pudieron gestionar las empresas, pese a las dificultades con las que se siguen enfrentando.

Esas dificultades de las que habla Julio son un factor común entre las empresas que forman parte del movimiento. En todos los casos hay procesos judiciales en marcha, deben hacer acuerdos con el juez de la causa y, sobre todo, capacitarse para poder administrar las firmas, una tarea nada fácil.

En estos últimos diez años, los trabajadores recibieron el apoyo de distintos entes estatales y también de los estudiantes de la UNCuyo y de otras universidades que, a través de proyectos de extensión, fortalecieron a las cooperativas, colaboraron con la puesta en marcha de una biblioteca y centro de datos de las fábricas y crearon una página web para que cada una pudieran contar su historia.

Desde que comenzaron con el proceso, los integrantes de la Mesa Provincial de Empresas Recuperadas lucharon para que la Legislatura aprobara leyes de ocupación temporaria del predio de la fábrica, en favor de cada una de las cooperativas. Este proceso, que se logró para la mayoría de los casos, debió ser renovado luego del plazo establecido, que generalmente fue de tres años.

Aglutinados en la Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados (Facta), los obreros también impulsaron cambios en la Ley de Concursos y Quiebras, que finalmente se aprobaron. Las modificaciones fueron sustanciales, ya que le otorgaron a las cooperativas un resguardo jurídico para que pudieran asumir el control de las empresas quebradas y seguir operándolas.

Ahora, el desafío es obtener créditos que les permitan convertirse en dueños de las fábricas y, al mismo tiempo, dar respuestas a los acreedores que siguen el proceso judicial. Para esto, impulsan cambios en la Ley Provincial 8122, que fue aprobada en 2009 y que creó un fondo para otorgar créditos a los integrantes de las cooperativas de empresas recuperadas, que hubieran obtenido por ley la ocupación temporaria por causa de utilidad pública de los inmuebles, maquinarias, herramientas e instalaciones de las firmas.

Díaz explicó que las modificaciones propuestas, que ya tienen media sanción del Senado, incrementan el fondo para otorgar créditos de tres millones a cinco millones de pesos y extienden el plazo de devolución de los mismos de cinco años a diez años, con uno de gracia.
La ley crea un fideicomiso que administrará el dinero de los créditos, el que será aportado por el Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Díaz contó que el movimiento crece, que muchos obreros se acercan para tratar de salvar sus puestos de trabajo, como el caso de los empleados de Industrias Matas. Esta realidad, dijo, hace que sea indispensable contar con las herramientas jurídicas y las posibilidades de crédito que les permitan convertirse en los verdaderos dueños de las fábricas que ellos mismos recuperaron.