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Entre las capacitaciones que se darán en la UNCUYO, tras adherir a la Ley Micaela, habrá una destinada a que los varones cisgénero repiensen sus roles históricos.
Foto: Analía Fraccia
Unidiversidad / Elizabeth Montecinos Pincheira
Publicado el 26 DE ABRIL DE 2019
La UNCUYO trabajó con varios proyectos que se fusionaron para darle forma a una ordenanza que aplicará la Ley Micaela (27499) en todos los ámbitos de esta institución para capacitar en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Es decir que cada funcionario y funcionaria del lugar recibirá formación sobre estos temas. Entre ellos, habrá talleres sobre sensibilización de masculinidades. La idea apunta a que los varones cisgénero repiensen sus privilegios, sus roles históricos. De esta manera, se busca tender una red para promover la equidad y lograr una sociedad más igualitaria.
El encargado de llevar adelante esta capacitación será Luciano Fabbri, licenciado de la Universidad Nacional de Rosario, consultor y capacitador en masculinidades, género y diversidad sexual y autor del libro Apuntes sobre feminismos y poder popular.
Unidiversidad dialogó con Eva Rodríguez Agüero, secretaria general del Instituto de Estudios de Género y Mujeres (Idegem), una de las entidades propulsoras del proyecto de adhesión de la UNCUYO a la normativa nacional, que destacó la importancia de las capacitaciones sobre masculinidad. “Me parece una instancia fundamental para que los varones cisgénero repiensen sus privilegios, sus roles históricos y la revisión de estos, ya sea dentro del ámbito académico como en el familiar o el laboral”, indicó.
Es que, entre tantos otros temas, la inclusión de ejes que ronden sobre la nueva masculinidad es crucial, ya que lo que se busca también es involucrar a los varones en la lucha por la equidad.
Instituto de Estudio de Género y Mujeres
Idegem es un instituto multidisciplinario perteneciente a la Secretaría de Vinculación, Extensión e Investigación de la UNCUYO. Desde 2009 se dedica a realizar actividades de formación, sensibilización e investigación sobre problemáticas de género. También tiene como tarea vincular los distintos actores de la sociedad civil y promover los debates sobre la importancia de la incorporación de esta perspectiva en las políticas públicas.
“Idegem viene aplicando la Ley Micaela hace tiempo. La secretaría de Extensión y Vinculación fue la primera en nuestra Universidad que tuvo una capacitación obligatoria para funcionarios. Fue brindada por el Idegem. Además, el Instituto forma parte de la Red Interuniversitaria de Género (RUGE), que está integrada al Consejo Universitario Nacional (CIN). En este organismo están incluidas todas las universidades nacionales del país”, aclaró Rodríguez.
De este modo, según lo dispuesto por la Ley 27499, RUGE se hará cargo de las capacitaciones que se brindarán tanto a funcionarios como a estudiantes de la UNCUYO. “Al alinearnos con RUGE, vamos a contar con una serie de manuales y de capacitaciones a nivel nacional. Es fundamental que la Universidad participe de este proceso gestacional y que no quede aislada”, continuó la secretaria del Idegem. Si bien aún no se tienen fechas confirmadas para comenzar con las capacitaciones, según Rodríguez, se espera que sea en un “corto tiempo”.
El origen del proyecto
El proyecto de aplicación de la Ley Micaela en el ámbito de la Universidad surgió de la presentación de dos iniciativas: una fue delineada por el Idegem y Franja Morada, mientras que la otra fue elaborada por el programa Mujeres Libres junto a la Dirección de Políticas Públicas y Planificación. Justamente, estos dos planteos se tomaron como base para armar una única normativa. El miércoles pasado, el Consejo Superior aprobó de manera unánime la adhesión a la Ley Micaela, que promueve la capacitación en cuestiones de género.
Ley Micaela N° 27499
En diciembre del año pasado, a través de la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, se aprobó la Ley Micaela N° 27499 en el Senado de la Nación. Esta norma establece la instrucción obligatoria en asuntos de género para todos los empleados públicos pertenecientes a los tres poderes. El nombre de la normativa hace honor a Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada en 2017 en la localidad entrerriana de Gualeguay. El culpable contaba con antecedentes de ataques sexuales y fue condenado a prisión perpetua por femicidio.
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