Cuando Alfredo Cornejo cumpla ocho meses de gestión, ya se estará tratando la octava regla legal para las políticas de seguridad y justicia impulsadas por el gobernador. Ya pasaron por la Legislatura siete normas que denotan la especial atención del mandatario en el tópico "inseguridad". Es una observación que hace el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, Marcos Niven (PD). Ya fueron aprobadas las siguientes leyes: emergencia de Seguridad; prisiones preventivas; unificación de causas; creación del Defensor Policial; reforma a la composición de la Inspección General de Seguridad (IGS), financiamiento para una nueva cárcel y modificación de la ley de Seguridad en el escalafón policial.   

Hasta que se acentuó el espiral inflacionario (condimentado por el tarifazo de los servicios públicos), la seguridad era la principal preocupación de la población. Y que ahora la inflación lidere el ranking de los flagelos sociales juega a favor de Cornejo que, de este modo, tiene más radio de giro y más tiempo para posicionar sus reformas judiciales y del sistema de seguridad, de modo de estar preparado cuando las estadísticas –otra vez– pongan a la inseguridad en el mayor reclamo público.   

A la par, estas modificaciones se transforman en preparatorias para la llegada del nuevo Procurador de la Corte, tras el anuncio de la renuncia de Rodolfo González. Así, quien tome la posta ya sabrá de antemano con qué herramientas cuenta. 

En las próximas horas ingresará a la Legislatura de la Provincia uno de los proyectos más ambiciosos de la era Cornejo: la modificación de una docena de artículos del Código Procesal Penal, que rige en la 1º y 3º circunscripciones judiciales desde 1999. No se ha planteado, hasta la fecha, ninguna reforma más integral que esta. Se trata de reacomodar una serie de aspectos para darle agilidad a los procesos judiciales. Así lo explicó el jefe de la Cámara de Diputados, Néstor Parés.
 

Los cambios

En rigor, lo que se busca es que las transformaciones fomenten la oralidad de las causas judiciales, tal y como es tendencia en el mundo. Sin ir más lejos, en Chile la reforma judicial impuso estos cambios y los resultados fueron tan positivos que las modificaciones propuestas por el actual Gobierno están inspiradas en el país vecino.

En estos aspectos se basa el proyecto que ingresará hoy, martes 26.

En definitiva, tender a la oralidad, agilizar los procesos, modernizar la forma de notificar de las audiencias (permitiendo la notificación electrónica), “despapelizar” la Justicia, es decir, reducir los procedimientos en los que se utilizan documentos de papel y cambiar por archivos digitales, recurrir a copias de los expedientes para enviar a las distintas oficinas de Tribunales que así los requieran y no manejarse con los originales –para evitar demoras, roturas o pérdidas– y, por sobre todo, hacer que estos artículos rijan en toda la provincia, y no sólo en la 1º y 3º circunscripciones.

Otra de las iniciativas es mejorar los sistemas de investigación, sumando personal y dándole más poder a los ayudantes fiscales, para que estos no deban pedir autorización a los fiscales de todas las actuaciones.
 

Trabajo en comisiones

Con respecto a la Cámara por la que ingresa el proyecto, Parés dijo que es indistinto: puede entrar por Diputados –como se dijo que sucedería antes del receso– o por el Senado. “No importa por qué Cámara ingrese, lo que sí sabemos es que es una iniciativa importante del gobernador Alfredo Cornejo y que tenemos que debatirla en comisiones antes de votarla, así los legisladores pueden hacer los cuestionamientos y los aportes que deseen”, enfatizó Parés.

Por el momento, las dos comisiones que discutirán esta iniciativa del Ejecutivo serán la de Legislación y Asuntos Constitucionales y la Bicameral de Seguridad. El proyecto viene a sumarse a un paquete de normas para transformar el funcionamiento de la Justicia y de la Policía de la provincia y sería –al menos por este año– el corolario de las transformaciones para mejorar la seguridad de la población.