Se va la segunda. Los integrantes del Jury de Enjuiciamiento resolvieron por unanimidad notificar otra vez a la fiscal viajera, Anabel Orozco, sobre el proceso en su contra. Esto, porque la mujer planteó la nulidad de la primera notificación al asegurar que el oficial de justicia que fue hasta su casa, en el coqueto barrio Dalvian, le entregó el papel a un vecino en lugar de dárselo en mano.

La decisión del Jury tiene dos lecturas. La primera es que dilataron el proceso en contra de la fiscal que presentó un certificado médico en su trabajo, pero que cuando debía estar en reposo se fue de vacaciones y subió fotos que la delataron en las redes sociales. La segunda es que quiere evitar que –una vez concluido el proceso– la magistrada presente un recurso extraordinario federal aduciendo que se violó su derecho de defensa, como ya sucedió en otros casos.

En la Justicia, y por lo bajo, aseguran que existen pruebas suficientes para probar los hechos de los que se acusa a la fiscal. Estas son: que la titular de la Segunda Fiscalía Correccional pidió licencia por enfermedad, presentó dos certificados médicos por diez días cada uno, se fue a Brasil, subió las fotos a su cuenta de Facebook y que Cancillería informó que la mujer efectivamente salió del país y luego volvió en el mismo lapso en que debía estar en recuperación.

Pese a esto, el proceso que inició el Jury –conformado por siete diputados, siete senadores y todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia– se transformó a esta altura en una especie de telenovela. En el primer capítulo, un oficial de justicia fue hasta el barrio Dalvian –donde vive la magistrada– a notificarla del proceso en su contra, pero como no la encontró, dejó la notificación debajo de la puerta. En el segundo capítulo, la doctora presentó un escrito en el que planteó la nulidad de la notificación –y también del proceso–, ya que, aseguró, se entregó el papel a un vecino y no lo hicieron en mano, como ella interpreta se debe realizar según su lectura de la ley.

En el escrito que presentó ante los miembros del Jury, la fiscal subrayó que “resulta alarmante” que se le quiera quitar el fundamental derecho de defensa. Este es el meollo de la cuestión, porque luego de ser notificada, la acusada tiene diez días para defenderse y, cumplido ese trámite, los miembros del Jury deciden si se abre o no el proceso en su contra.

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El acento en el derecho de defensa

En ese punto –el derecho de defensa– es donde puso el acento el legislador Juan Carlos Jaliff, que fue el encargado de comunicar la decisión del Jury. Dijo que para evitar eventuales acciones de la magistrada, no dejar dudas sobre su derecho de defensa ni dar un motivo para demorar el proceso, decidió notificarla en el domicilio que Orozco detalló en el escrito que presentó, un estudio ubicado en calle Rivadavia, de Ciudad. Pese a esto, el legislador dejó en claro que la fiscal vive en el barrio Dalvian, en la misma dirección en la que dejaron la primera notificación.

Jaliff recalcó que la magistrada será nuevamente notificada en el transcurso de la mañana de hoy, jueves 2 de marzo. A partir de ese momento, tendrá diez días para defenderse, por lo que el Jury se volverá a reunir el 23 de marzo para decidir si inicia o no el proceso en su contra.

Mientras se desarrolla otro capítulo de la novela, el de la segunda notificación, la fiscal aún no regresa a su despacho, ya que continuará hasta el 10 de marzo con licencia psiquiátrica, aunque esta vez la junta médica le dio el visto bueno.