El gobernador Rodolfo Suarez viajó este viernes a Buenos Aires para sumarse a la reunión que mantendrá el presidente Alberto Fernández con los mandatarios provinciales con el objetivo de firmar un nuevo consenso fiscal y dejar atrás el pacto firmado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2017, que preveía una baja impositiva en Ingresos Brutos y Sellos. Se trata de una postal de la que solo quedará afuera el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, enfrentado con la Casa Rosada por el recorte de los fondos para la policía.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, explicó que, si bien la provincia venía bajando impuestos desde 2016, ante la severa caída de la recaudación de este 2020, “es inviable seguir reduciendo la presión impositiva, aunque lo estamos haciendo en algunos sectores”.

Nieri recalcó que en la Ley Impositiva 2021 que se pondrá en vigencia el próximo 2 de enero ya estaba prevista la ratificación de este pacto fiscal que se firmará en la Casa Rosada.

Mendoza adhirió al Consenso Fiscal y cederá $ 209 millones a la Nación

La Cámara Alta de la Legislatura de Mendoza ratificó el acuerdo entre Casa Rosada y las provincias para lograr una reforma tributaria que ordene las cuentas nacionales y simplifique el complejo sistema impositivo actual. Sin embargo, el costo puede ...

“Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande de bajar los ingresos brutos a las 55 actividades más golpeadas por la pandemia, que no pudieron trabajar prácticamente, como los hoteles y los jardines de infantes, pero no puede llevarse a cero porque también se debe recaudar”, explicó el funcionario.

A la vez, Nieri aclaró que, si no se hubiese rubricado este acuerdo con la Nación, “la provincia estaría en condiciones poco favorables”.

Nieri insistió en que la intención de Mendoza seguirá siendo la baja de los impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos, “que crecieron fuertemente entre 2010 y 2015”, haciendo alusión a la gestión del exgobernador Francisco Pérez.

¿Qué es el Consenso Fiscal?

Entre sus puntos principales, el Consenso Fiscal les permite a las provincias tomar deuda en pesos –"una estrategia para el endeudamiento responsable", denomina– y suspender las exenciones y reducciones impositivas pactadas en el acuerdo de 2017, durante el gobierno de Macri. Con el impacto que la pandemia generó en las cuentas provinciales, los gobernadores están ansiosos por tener herramientas para mejorar la situación. En ese ámbito, tienen poco quórum las quejas de CABA, con una situación mucho más holgada que el promedio. Otro punto es que las provincias deben suspender por un año los reclamos judiciales a la Nación, algo con lo que Rodríguez Larreta no quiere saber nada, ya que imagina a la Corte Suprema como la instancia que puede favorecerlo.

En los últimos días, la relación entre el Gobierno nacional y el porteño se deterioró a ritmo acelerado, por lo que la Casa Rosada buscará mostrar que todas las provincias están de su lado. La discusión del Consenso va en paralelo con el debate en el Congreso de la ley que establecerá el nuevo monto para sostener a la policía en la CABA. En 2016, Macri decidió por decreto subir la coparticipación que recibía la Capital del 1,4 al 3,75 por ciento por el traspaso policial. Ante la queja del interior, luego lo bajó al 3,5 por ciento, sin nunca justificar de dónde salía ese cálculo. Apenas asumió Fernández, desde la secretaría de Provincias que encabeza Silvina Batakis abrieron una discusión sobre esa suma que consideraban excesiva, pero la pandemia frenó el debate. 

El cálculo que hicieron Batakis y su equipo fue que la suma para sostener a la policía federal traspasada es de 24 500 millones de pesos, pero, a pedido de los diputados de Córdoba, se resolvió que en la ley que votará el Congreso la semana próxima no se coloque esa suma sino que se establezca una mesa de discusión por 60 días en la que participarán representantes de Nación, de Ciudad y de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), donde están representadas todas las provincias, para acordar un nuevo monto. A los funcionarios porteños tampoco les gustó la salida, dando por hecho que no conseguirán mejoras. La estrategia de Rodríguez Larreta pasa por acudir a la Justicia, donde imagina que puede tener más suerte.

En el Gobierno nacional avisaban que la judicialización permanente le puede jugar una mala pasada a Rodríguez Larreta. Por un lado, porque la CABA –según sus cálculos– percibió 86 mil millones de pesos de más desde 2016 a esta parte para sostener su policía, suma que la Nación le podría reclamar.  Además, tienen en estudio toda una serie de recursos que el gobierno de la Ciudad recibió de manera irregular, de acuerdo a su análisis. Un caso es el del Paseo del Bajo, una obra que costó 700 millones de dólares financiada por el gobierno nacional con préstamos internacionales y venta de tierras. Ese monto, indicaban en la Rosada, es el mismo que costarían las 20 principales obras de infraestructura para desarrollar el norte del país. 

Más llamativo todavía es el caso de las 34 escrituras de transferencias de inmuebles que la Nación hizo con la CABA entre noviembre y diciembre del año pasado, luego de la derrota electoral de Macri y antes de la jura de Fernández. El monto aproximado implicado en esas transferencias es de 14 mil millones de pesos y 30 millones de dólares, que la Agencia de Bienes del Estado viene estudiando para hacer el reclamo correspondiente. Advertían además que eran solo una parte de los problemas que podría tener Rodríguez Larreta si insiste en dirimir todas sus diferencias con la Nación en Tribunales.