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Lo aseguró el titular de la Federación de Jubilados Mendocinos, Edgardo Civit Evans. Convocó a un reclamo frente a la Legislatura que se realizará el miércoles 20 a las 10.
Civit Evans convocó a todos los jubilados a reunirse mañana a las 10 en la Legislatura. Foto: La Nación
La Federación de Jubilados Mendocinos presentará un amparo judicial contra la reforma previsional, que los diputados convirtieron en ley de madrugada, luego de una sesión maratónica. Así lo confirmó el titular de la entidad, Edgardo Civit Evans.
El economista convocó a los ciudadanos a participar mañana (miércoles 20 de diciembre) de un reclamo frente a la Legislatura. Pidió que fueran sin banderas de partidos político, porque aseguró que esta acción no tiene que ver con tires y aflojes entre el oficialismo y la oposición, sino con la defensa de los únicos afectados: 17 millones de personas, 500 mil de las cuales son mendocinas.
Civit Evans explicó que están trabajando en los lineamientos de un amparo judicial, que presentarán ante los tribunales federales con sede en Mendoza. Los fundamentos centrales serán que la reforma es inconstitucional y que avanza sobre derechos adquiridos.
Día de duelo
El economista describió la jornada del lunes 17 de diciembre como un día de duelo. Explicó que por un lado se inició el tratamiento de una reforma que consideró regresiva, a lo que se sumó un grupo de violentos que empañaron un reclamo genuino.
Civit Evans dijo que a partir de la aprobación de la reforma (que se concretó en la mañana del martes 19) comenzará un ajuste contra uno de los sectores sociales más vulnerables, no sólo porque sus haberes son bajos, sino porque enfrentan problemas de salud y por ende grandes gastos en medicamentos y tratamientos.
El economista se lamentó del nivel de la discusión que se escuchó en el recinto. Dijo que no hubo fundamentos, ni estudio y que sólo primaron “las mentiras” sobre la conveniente de este cambio en el sistema. Repitió que con la actual ley, los jubilados y quienes cobran una asignación tienen una actualización de sus haberes que ronda el 15% y que con la reforma sólo percibirán una mejora de 5%.
Para Civit Evans existían otros caminos para obtener los fondos que se recortaron a los jubilados, y aseguró que sólo hacía falta pensar, estudiar y analizar distintas opciones y no tomar esta que consideró la peor, porque afecta a los más vulnerables. Explicó, por ejemplo, que los legisladores continuarán con el tratamiento de la reforma impositiva, que contempla quitas importantes en impuesto para los que más ganan y que no generan empleo.
“Este es un ajuste antisocial, que viola la Constitución, que afecta al sector más vulnerable de la sociedad, estamos muy dolidos. En mi vida -tengo 72 años- había visto leyes regresivas, pero nunca como ésta”, fueron las palabras del economista.
Es ley el ajuste jubilatorio
A las 7.06 y tras diez horas de debate, Diputados aprobó la reforma previsional. La propuesta generará un ahorro fiscal en 2018 de $ 72 mil millones. El rol de los gobernadores.
Civit Evans subrayó que además de afectar en forma directa el haber de los jubilados, la reforma provocará otros fenómenos que según el economista nadie analizó. Y es que esto tendrá una afectación económica, porque los jubilados ya no van a poder hacer las pequeñas compras que hacían y nadie les va a poder exigir que paguen impuestos sin subsidios, ya que con menos dinero, no podrán enfrentar esas obligaciones.
Para el titular de la Federación, la reforma provocará una catarata de reclamos judiciales, porque ya hubo pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad de la norma. Y recalcó que el objetivo del gobierno de terminar con los juicios de los jubilados, a través de la reparación histórica, se revertirá con la nueva ley.
Uno de los pronunciamientos a los que se refirió Civit Evans fue el del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, quien detalló que la reforma “lesiona algunos aspectos de la Constitución Nacional, sobre todo el carácter progresivo de los derechos”. Por esto, estimó que la medida cautelar que interpuso la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular debía obtener un fallo favorable en la Justicia.
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