Hace una semana, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que buscaba reformar la Ley de Protección Integral de las Mujeres para incorporar la tipificación de la violencia política. En este sentido, este fenómeno es un obstáculo común para las mujeres que participan en la actividad pública. Según un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, 8 de cada 10 mujeres argentinas vivieron situaciones de violencia a lo largo de sus carreras políticas.

La iniciativa propuesta por la senadora Nancy González (PJ) posibilitó que el artículo 6 de la Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres se modificara e incluyera a la violencia política como una modalidad de violencia de género.  

Violencia política contra las mujeres: aquella acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, incluyendo a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales y las organizaciones estudiantiles. La violencia política, en tanto modalidad, puede incluir uno o más de los tipos de violencia reconocidos en el art. 5 de la presente ley.

Se aprobó la modificación que presentamos de la ley 26.485 la cual incorpora a la #ViolenciaPolítica como otra de las manifestaciones de #ViolenciaDeGénero. Vamos a seguir trabajando por los derechos de todxs los argentinxs. La ley es de todas!#ViolenciaPolíticaContraLasMujeres pic.twitter.com/K5YZYtey9e

— Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez)

November 21, 2019

En este sentido, la militante y feminista María Orsenigo habló con Unidiversidad y explicó la importancia de la modificación de la Ley 26485. “Es fundamental porque se genera una tensión para que las mujeres cumplan ciertos estándares para ser aceptadas. Según un estudio de las expertas de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, la violencia política se incrementa con las mujeres que van a conformar las listas. Además, esto también expresa la necesidad de reforzar este tipo de violencia con una ley específica para proteger a las mujeres que se dedican al servicio público”, destacó Orsenigo.

En líneas generales, la violencia política obstaculiza e imposibilita el acceso y permanencia de las mujeres a los cargos públicos, a partir del ejercicio de distintos tipos de violencia (física, sexual, psicológica, económica o simbólica). A ello se suma la carga social que poseen en los típicos roles familiares y de cuidado. De esta manera, las mujeres que desean participar de la actividad pública deben afrontar ciertas presiones y reglas creadas para un área tradicionalmente masculina.

“Los horarios nocturnos de las reuniones, la falta de apoyo familiar, las leyes y normas fijadas por hombres, las decisiones  de los líderes políticos masculinos de ingreso o no a una asamblea, el pedido de renuncia a sus cargos para que en su lugar ingrese un hombre, generan que las mujeres que hacen política tengan desventajas frente a sus compañeros. Una diputada nacional tiene que dejar entre tres y cuatro días su casa para ir a trabajar, por ejemplo”, expresó Orsenigo.

Violencia económica, la otra cara del machismo

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Aunque en Argentina se protege a las mujeres que trabajan en la política a través de la Ley de Paridad, algunas cuestiones aún no se resuelven. Tal es el caso del reemplazo de “mujer por mujer y hombre por hombre”. “Estamos con casos en las provincias en que no adhirieron a la Ley de Paridad y todavía están con la Ley de Cupos, donde no se respeta la expectabilidad de los cargos. Esto genera que exista una permanente lucha”, ejemplificó Orsenigo.

Las cifras hablan

Según un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el 98 % de las encuestadas identificaron al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres.

“Inicialmente, el 73 % de las encuestadas afirmó haber sufrido violencia política por razones de género, porcentaje que aumentó al 82 % luego de ser consultadas por acciones concretas. Esta diferencia de casi 10 puntos porcentuales muestra cierto grado de desconocimiento del problema, incluso entre las principales afectadas”, destaca el estudio.

“El estudio fue muy personalizado y manifestó, con el correr de las preguntas, que casi todas habían sufrido acoso y violencia. Por suerte hoy ya se está estudiando, pero hasta hace poco la violencia política estaba escondida. Si realmente queremos cambiar las reglas de juego, es muy importante proteger la democracia paritaria y tener un control exhaustivo sobre el cumplimiento de la ley”, concluyo la militante feminista.