Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos se opusieron a las prisiones domiciliarias que la Justicia Federal de la provincia de Mendoza otorgó a ocho represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Mediante un escrito dirigido al Tribunal Oral Federal (TOF) de Mendoza, con la firma de los abogados Viviana Beigel y Pablo Salinas,  los organismos manifiestaron su desacuerdo.

Se trata de Oscar Bianchi, Pedro Linares, Segundo Carbajal, Omar Navarro, Carlos Ledesma, Oscar Simone, Juan Carlos Ponce y Mario Ocampo, que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria bajo el argumento de la declaración de la emergencia sanitaria fruto de la pandemia por coronavirus.

En diálogo con Unidiversidad, el abogado Pablo Salinas afirmó que se oponen a las domiciliarias porque consideran que los crímenes de lesa humanidad son hechos aberrantes para la historia argentina. “Hemos entendido que, en caso de que se otorguen, se hagan de manera excepcional hasta que finalice la crisis por Covid-19, y hemos pedido que se ponga custodia en algunos casos en los que las víctimas tienen temor de sufrir represalias”, explicó.

Los abogados argumentaron, además de que no fueron consultados como querellantes del otorgamiento de las prisiones domiciliarias a los imputados en virtud de la emergencia sanitaria, y solicitan que se tenga en cuenta su oposición al otorgamiento de esos beneficios. En este sentido, los organismos afirman que se trata de personas que han sido condenadas por gravísimos delitos, como son los crímenes contra la humanidad, por lo que es necesario considerar el riesgo que puede implicar la permanencia en sus domicilios para los sobrevivientes y para sus familiares. "Sabemos que las decisiones las toman los jueces, es por eso que realizamos el pedido de custodia para aquellas víctimas que lo soliciten”, concluyó Salinas.

Los acusados

En tanto, la Cámara Federal de apelaciones le concedió prisión domiciliaria a Mario Ocampo, que estuvo siete años prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad cometidos en el departamento de San Rafael cuando ejercía su cargo como teniente primero. Segundo Carbajal, de 73 años, fue condenado en 2019 a 10 años de prisión por ser el entregador de Claudia Domínguez, la nieta recuperada número 117.

Mientras tanto, otros de los acusados que realizaron el pedido de prisión domiciliaria y esperan una respuesta de la Justicia mendocina son Juan Carlos Santamaría, Jorge López, Julio La Paz, Guillermo Campanille y Antonio Garro.