Mendoza quedó en el ojo de la tormenta por la situación de las cárceles y las inhumanas condiciones en las que los presos viven, luego de que La Nación presentara un duro informe. Aquella crónica llamó la atención por mostrar jaulones donde se encontraban personas en los patios del penal de Almafuerte. Tras la publicación se decidió desde el Gobierno Provincial no utilizar esa forma de encierro, presuntamente preventivo para proteger a presos de posibles agresiones. 

Los medios locales también habían puesto en discusión la crisis que atraviesan las unidades penitenciarias.

Por  la visibilidad que tomó el tema fue consultado el gobernador Alfredo Cornejo quien en una entrevista con Ámbito Financiero, publicada este 14 de julio, asumió que hay dificultades pero justificó la creación de jaulas para detenidos explicando que se hizo a pedido de reclusos que habían sido amenazados por otros.

Además, Cornejo defendió su política de Estado y explicó que para contrarrestar los niveles de superpoblación carcelaria se invertirá en reactivar, junto con Nación, la construcción de la cárcel federal en Cacheuta, que estará concluida en 18 meses.

Desde Unidiversidad hicimos una radiografía de las cárceles mendocinas de acuerdo con los últimos datos relevados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP) y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (CPPT). El mismo revela el crecimiento de la población penitenciaria, el problema de la sobrepoblación y algunos datos estadísticos sobre los presos.

Como se puede ver en la primera pestaña del interactivo, la población del penal de Mendoza denota un aumento que en 15 años que supera el 100 %. Pero lo alarmante, según explica la CPPT, es que ese porcentaje se encuentra concentrado en los últimos 5 años, pasando de 2626 en 2010, a 4018 hasta julio de 2015. Es decir que en un quinquenio aumentó la población en 1392 personas.

El total de acuerdo con las últimas estadísticas representa una tasa de encarcelamiento de aproximadamente 232, lo que supone 232 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes.

Sin embargo la relación no es proporcional si se observa el número de personal penitenciario respecto al de presos. Este 12 de julio el gobernador Alfredo Cornejo, continuando su política de seguridad nombró 186 nuevos agentes. Esta incorporación significa aumentar un 10 % los 1800 agentes que cumplen tareas de seguridad y fortalecer los doce presidios del Sistema Penitenciario Provincial (incluyendo unidades y alcaidías).

Además, como demuestra la segunda pestaña, los presos viven en una situación de sobrepoblación, expuestos a todo tipo de vulneraciones y en un contexto propicio para el aumento de la violencia intracarcelaria. Esta sobrepoblación es más grave en el penal de San Felipe, donde el número de plazas disponibles es superado al menos por 329 personas.

Finalmente, en la última pestaña se recopilan otros datos relevantes de la población penal: el 49 % pasó por la escuela primaria, un 43% está privado de su libertad por haber cometido un robo. Asimismo, al observar la situación judicial de los presos, vemos que hay una mínima diferencia entre quienes tienen una condena y quienes están procesados.