Tres propuestas: jueces de Familia que sólo actúen en casos de violencia de todo tipo, consejeros que alivien el trabajo de los magistrados y ampliación de las competencias que tienen los jueces de paz para que puedan resolver conflictos en la etapa inicial, por ejemplo, entre parejas que no se ponen de acuerdo sobre el régimen de visita de sus pequeños. Esas son las tres ideas fuerza del proyecto de ley que busca modificar el procedimiento judicial en materia de Familia, según detalló a Unidiversidad la exintegrante de la Suprema Corte de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci.

El proyecto forma parte de los cambios que el gobernador Alfredo Cornejo busca imprimir en la Justicia. Primero impulsó modificaciones al Código Procesal Penal local, muchas de las cuales fueron aprobadas por los legisladores, y ahora un grupo de especialistas trabaja en propuestas para adecuar el Código Civil mendocino a la norma nacional.

Tal como estipula la Constitución, los Códigos –tanto Penal como Civil– son nacionales, pero los de procedimiento, es decir, la reglamentación de esas normas, corresponden a las provincias. Es en estos últimos en los que el Ejecutivo impulsó los cambios.

Para concretar las modificaciones en materia civil, teniendo como faro el nuevo Código que entró en vigencia el 1.º de agosto de 2015, el Ejecutivo formó tres comisiones. Una es para adecuar el Código Civil local al de la Nación; la segunda, para adecuar los procedimientos judiciales en materia de Familia, y una tercera para adecuar los procedimientos administrativos, es decir, todas las acciones que lleva adelante el Órgano Administrativo Local (OAL), que depende de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

El trabajo de los profesionales de cada una de las comisiones concluirá en un proyecto de ley, que luego de lograr el visto bueno del Gobernador será presentado en la Legislatura. El mandatario fue quien convocó a cada uno de los especialistas que lidera las comisiones, aunque el trabajo de coordinación entre todos los grupos está en manos de la vicegobernadora Laura Montero.
 

Cambios en Familia

La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci lidera la comisión que elabora el proyecto de ley que busca adecuar los procedimientos de la Justicia de Familia. Explicó que los tres cambios centrales que propondrán son: que existan jueces de Familia dedicados sólo a abordar los casos de violencia de todo tipo que se cree la figura de los consejos de Familia y que se amplíen las competencias que actualmente tienen los jueces de paz.

La profesora de la UNCUYO detalló los parámetros que le dio el Gobernador en un encuentro que mantuvieron para compartir ideas. Se centraron en la imposibilidad de crear nuevos cargos, por lo cual los cambios se deben realizar con el personal existente, y también en no generar estructuras nuevas y burocráticas que sólo compliquen aún más el sistema.

La doctora recalcó que la mayor preocupación de todas las personas que trabajan en las comisiones es derribar las murallas existentes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en todos los temas relacionados con Familia, como los de niñez y adolescencia, y especialmente los de violencia de todo tipo. Dijo que esos problemas son tan complejos que no pueden ser abordados por un solo poder, sino que debe existir un trabajo interconectado entre los distintos organismos que intervienen en cada uno de los casos.
 

Violencia, el problema central

Kemelmajer explicó que la idea central es aliviar de trabajo a los jueces de Familia para que puedan mantener un contacto directo con las personas y tengan tiempo para analizar los casos complejos. Con esa intención es que el proyecto impulsa la figura del Consejero de Familia, con la intención de que tenga un rol activo e impulse soluciones entre las partes en conflicto, que luego eleve al juez.

La jurista comentó que el proyecto prevé que los consejeros sean seleccionados entre los profesionales que hoy forman el cuerpo de mediadores del Poder Judicial. Según señaló, hoy tienen una actuación acotada en cuanto a la resolución de conflictos.

La figura del consejero fue tomada de la legislación de la provincia de Buenos Aires, donde la actuación de esta persona entrenada dio buenos resultados, según comentó Kemelmajer.

El otro punto que prevé el proyecto para aliviar a los magistrados de Familia es la ampliación de las competencias de los jueces de paz que trabajan en los departamentos. La intención es que sean ellos los que resuelvan los conflictos en una primera etapa; por ejemplo, la disputa entre una pareja separada por el régimen de visita de sus pequeños.

El punto central del proyecto es que existan jueces sólo dedicados a los temas de violencia. Kemelmajer explicó que la problemática es tan compleja que los magistrados no pueden atender este tema cuando además tienen que resolver cientos de otras causas.

Tal como con los consejeros, estos jueces con competencia sólo en temas de violencia deberán ser seleccionados entre los magistrados de Familia que hoy están trabajando. La intención es que desde el ámbito judicial les brinden capacitación y mayores herramientas para abordar el tema.

Kemelmajer no sólo elabora el proyecto en el ámbito de la Justicia de Familia, sino que se encargará de estudiar las modificaciones propuestas en el funcionamiento del Órgano Administrativo Local (OAL), que depende de la Dinaf. La intención es que no existan contradicciones entre ambas propuestas.

De acuerdo con el cronograma de trabajo, en un mes estarán listos los proyectos de ley para modificar los procedimientos en materia de Familia (en cabeza del Poder Judicial) y todo lo que se refiere a la actuación del OAL (en cabeza del Poder Ejecutivo). Una vez que tengan el visto bueno del Gobernador, ingresarán a la Legislatura para su tratamiento.