Los defensores de las víctimas de abuso en el Instituto Próvolo solicitaron a la comuna de Luján de Cuyo que se abstenga de realizar cualquier intervención en el edificio, luego de conocer que el  municipio compró el predio. Así lo aseguró a Radio U el querellante en la causa, Juan Dantiacq.

El letrado aseguró que la noticia de la compra los sorprendió por varias razones; entre ellas, la celeridad con la que se concretó, el precio (ya que se pagaron 150 millones de pesos, cuando la cotización del predio llega a 700 millones de pesos) y, sobre todo, que la comuna tomó una decisión tan importante sin siquiera hablar con los denunciantes y sus familiares.

La noticia de la compra la dio a conocer el propio intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, en una conferencia que brindó ayer (miércoles 12 de septiembre). Explicó que adquirieron el lugar para trasladar ahí la sede de la comuna, que acordaron un precio de 150 millones de pesos (a pagar en cuotas, de las cuales ya entregaron la primera) y que la decisión fue avalada por el Concejo Deliberante.

El edificio del Próvolo pertenece a la obra San José. Si bien los querellantes solicitaron a la Justicia que embargara el edificio, no se hizo lugar a esta solicitud, por lo cual se llevó adelante la adquisición por parte del municipio.

Sorpresa en la querella

Dantiacq aseguró, en una entrevista que brindó a Radio U, que la noticia de la compra los sorprendió, sobre todo, por el hermetismo en el que se mantuvo el acuerdo que firmó la comuna con las autoridades eclesiásticas, específicamente, con el obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, quien además fue designado por el Papa como comisario apostólico del Próvolo en todo el mundo. El querellante aseguró que en el acuerdo de compra que firmaron las partes no está consignado que con el dinero de la venta se conformará un fondo, cuyo destino será reparar de alguna forma el sufrimiento de las víctimas.

La investigación por los presuntos abusos en el Instituto ubicado en Luján de Cuyo se inició en noviembre de 2016; ya tiene a 15 personas imputadas, entre ellas, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez. Además de la causa penal, ya se iniciaron demandas civiles que buscan la reparación integral para las víctimas. En este sentido, no solo se trata de una reparación monetaria, sino que incluye pedido de disculpas públicas de la Iglesia Católica, un memorial que no permita olvidar lo que sucedió y la realización de protocolos y medidas concretas para que no existan nuevas víctimas de estos abusos.  

Escuchá la entrevista completa que le hizo Radio U a Dantiacq.