La sociedad mendocina sigue conmocionada por el triple crimen de Godoy Cruz y los múltiples casos de violencia machista que se registran cada día. Las movilizaciones populares bajo el lema #NiUnaMenos han puesto en evidencia la exigencia de respuestas a la ciudadanía ante la angustia que invade la agenda cotidiana, pero parece que las autoridades -o la misma burocracia- tienen una reacción más lenta.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno se encuentra el lanzamiento de un botón de pánico mediante una aplicación gratuita para celulares, anunciado el 21 de octubre. De alcance masivo, brinda una alerta directa con el 911 y avisa a los contactos previamente seleccionados, según la ubicación geográfica y el riesgo de la acción. Su funcionamiento es sencillo y rápido a través del botón físico de bloqueo, recibiendo la vibración del dispositivo móvil una vez enviada la señal.

Otra herramienta de control son las llamadas “pulseras gemelas”. Se trata de un monitoreo permanente durante las 24 horas del día que permite verificar la prohibición de acercamiento del agresor. De esta manera, la víctima también conoce si está en peligro –cercanía de 500 metros– para informarlo.

Tanto el botón de pánico como las pulseras aún son hasta ahora sólo anuncios puesto que el mismo Gobierno se encargó de aclarar que comenzarían a funcionar "en dos semanas", es decir que deberían estar operativas para los primeros días de noviembre.

Más allá de estos aportes, muchos se preguntan cuál es la partida presupuestaria para atender esta realidad. Allá por agosto, la descentralización de fondos fue uno de los grandes avances para la constante falta de recursos que afrontan los municipios de Mendoza para atender este fenómeno.

La titular de la Dirección de Género y Diversidad (DGD), Silvina Anfuso, fue la encargada de anunciar la transferencia de 1,3 millones de pesos –provenientes del programa “Nuevas Redes"– para brindar ayuda económica directa a víctimas de violencia, alojamiento temporal, un programa de alquileres y garantías, y la elaboración de un registro de los casos de agresión. 

En cuanto a procesos legales, la Unidad Fiscal Especial para tratar los casos de violencia de género sigue con fecha operativa recién para fin de año. Según el Ministerio Público Fiscal, se está desarrollando con recursos propios y con personal de mantenimiento de ese organismo. Para un mejor funcionamiento, se solicitarán móviles a la Nación –los mismos que se utilizan para la entrega de DNI– para identificar a los procesados. Se espera que funcione en los próximos meses en el Palacio Policial de Ciudad, con tres fiscales y cuatro empleados por cada uno de ellos.

Durante todo octubre, en el Mes de la Mujer Rural, se realizaron operativos sanitarios, talleres de trabajo y actividades culturales en distintas localidades de la provincia. El programa se presentó en Ugarteche, justo un día después del femicidio de Ayelén Arroyo. Las actividades apuntaban a visualizar derechos y promover equidad, con el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales en el marco de un proyecto de desarrollo rural con perspectiva de género.

Con el apoyo de todos los senadores, el martes 25 de octubre fue aprobado un proyecto de ley que intenta fortalecer los derechos y facilitar herramientas para enfrentar la violencia contra las mujeres desde los hospitales públicos y centros de salud. La iniciativa propone la creación de Unidades de Atención de Violencia de Género (UAVG) en las guardias médicas de toda la provincia, con equipos interdisciplinarios de atención integral –médicos, psicológos, enfermeros, trabajadores sociales– en violencia de género.

Finalmente, se inauguró ayer en Santa Rosa el primer refugio municipal que cuenta con 20 plazas. Desde ahora se podrá acceder a servicios y asistencia para la contención de mujeres en situación de riesgo. El Gobierno prometió alcanzar los 100 refugios en los demás municipios en los próximos meses, pero no especificó plazos ni lugares.
 

Lo que viene 

Mendoza adhirió al "Plan de acción nacional para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres 2017-2019"; así se convirtió en la primera provincia en unirse a esta acción que se propagará por todo el país para combatir este flagelo. Desde la Nación destinarán un presupuesto inicial de 750 millones de pesos, que se repartirán en 69 medidas y 137 acciones centradas en algunos ejes, como la incorporación de la perspectiva de género en las currículas escolares, campañas de concientización masivas contra el maltrato, una red nacional de hogares de protección a personas vulnerables y el acceso a microcréditos para las sobrevivientes del delito. 

A nivel provincial, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que el Presupuesto para el Área de la Mujer aumentará a 26 millones de pesos para 2017 y que están trabajando en programas educativos de prevención. Con el infaltable pedido de un cambio de paradigma de la sociedad, adelantó que el Gobierno impulsa talleres específicos para que los colegios de toda la provincia empiecen a promover un concepto plural y respetuoso de la mujer, que descarte estándares instalados y propios de una cultura machista.

En sintonía con la medida, hoy la Dirección General de Escuelas realizó jornadas educativas de violencia de género en todos los niveles y modalidades de las escuelas de la provincia. Así, se busca trabajar desde las edades tempranas en la prevención de atentados contra la integridad física y psicológica de la mujer, promoviendo la igualdad de género.

De acuerdo a datos del registro de estadísticas de la Dirección de la Mujer del Poder Judicial, en lo que va del 2016 se han detectado seis casos de violencia machista por día. Sin embargo, el Gobierno mantiene su postura de rechazo a declarar la emergencia en materia de género, mientras la población espera que no haya que lamentar otro hecho cada día.