El defensor de uno de los acusados por abusos sexuales en el Instituto Próvolo presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicitó el cese de la detención y el sobreseimiento del hombre, cuyo nombre no se puede publicar por disposición de la Justicia. Basó su escrito en la discapacidad del imputado –situación que, entiende, agrava sus condiciones de detención– y los informes oficiales que determinaron que no tiene capacidad para comprender la criminalidad de sus actos ni para estar en juicio.  

El defensor oficial del imputado, Víctor Banco, explicó que no tenía otro camino que presentar el escrito, si se tiene en cuenta el permanente rechazo de sus presentaciones en distintos estamentos de la Justicia provincial. Consideró increíble que, teniendo todos los informes respecto de la inimputabilidad del acusado, el hombre siga en proceso.

Lo que solicitó Banco es una medida urgente, aunque la Comisión Interamericana no tiene plazos para resolver. El organismo no falla, es decir, no toma una decisión, sino que recomienda al Estado argentino lo que debería hacer, teniendo en cuenta los fundamentos de las partes.

El imputado

El acusado en cuestión fue uno de los primeros imputados en la causa, que se inició en noviembre de 2016. Fue acusado de abuso por cinco víctimas y en más de un hecho cada uno.

El nombre del acusado, que tiene 41 años y permanece detenido en Boulogne Sur Mer, no se puede publicar en los medios de comunicación por orden de la Justicia.

Banco consideró que su defendido –que está acusado de ser un victimario–, fue y es una víctima también, atendiendo a su historia. El hombre ingresó al Próvolo de La Plata a los 3 años de edad, cuando quedó huérfano, y vivió toda su vida institucionalizado. Incluso, a los 19 años, cuando el sacerdote Nicola Corradi (también imputado) fue trasladado a Mendoza, trajo consigo al entonces adolescente.

El letrado explicó que el acusado de abuso sexual es sordo, que nunca aprendió lengua de señas ni a comunicarse, pese a que vivió institucionalizado. Dijo que sólo sabe algunas señas y escribe unas pocas palabras, pero que no puede darles sentido. A esto se suma que tiene una discapacidad mental.

El defensor público explicó que, además, existen informes y testimonios (constan en la causa que se abrió en La Plata), donde profesionales y exalumnos repitieron que el acusado fue abusado en reiteradas oportunidades mientras vivía en el instituto.

Próvolo: la Corte confirmó la prisión de cinco imputados

Los integrantes de la Sala Penal rechazaron un recurso extraordinario presentado por los defensores de los sacerdotes y de tres exempleados del instituto.

Las presentaciones

Banco dijo no comprender por qué la Justicia no hizo lugar a las presentaciones que realizó, teniendo en cuenta que desde febrero de 2017 los informes determinaron que el acusado no comprendía la criminalidad de sus actos, ni que podía estar en proceso. Es decir, que era inimputable.

El defensor comentó que planteó la situación de su defendido en diversas oportunidades: en la primera audiencia de control de prisión preventiva en febrero de 2017 (rechazaron el pedido) apeló ante la Cámara (lo rechazaron) y presentó un Habeas corpus (que aún no se resuelve). Al mismo tiempo, la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, debe decidir si el hombre es inimputable, aunque la audiencia para ello pasó a cuarto intermedio y aún no se resuelve.

La Suprema Corte de Justicia también intervino. Los magistrados que conforman la Sala Penal confirmaron la prisión preventiva de los cinco primeros imputados en la causa: los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y los exempleados Armando Gómez, José Bordón y este acusado que no se puede nombrar. Frente a esto, Banco presentó un pedido de nulidad, porque consideró que se violó el derecho de defensa ya que no fue notificado de las actuaciones. Además, los jueces no escucharon sus fundamentos en audiencia oral, tal como lo solicitó.

Banco explicó que en caso de ser aceptado ese pedido de nulidad en la Corte entonces no podrán analizar el tema los mismos tres jueces que ya fallaron: José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro. Consultado sobre el temor de los testigos frente a la posibilidad de que el acusado quede fuera del proceso, el letrado explicó que en este caso se deberán tomar diversas medidas. Dijo que la defensa ofreció un domicilio para alojar al hombre que esté en otra provincia, justamente para que no habite en Mendoza.

El letrado tiene a su cargo la defensa de cuatro imputadas más en la causa: Graciela Pascual (con prisión domiciliaria), Cristina Leguiza, Cecilia Raffo y Noemí Paz, la cocinera que está imputada pero sin prisión preventiva, ya que los jueces consideraron que no existe riesgo procesal.

Nuevo reclamo

En tanto, esta tarde (lunes 19 de febrero) los integrantes del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo volverán a reclamar justicia. La cita es a las 19.00 en Peatonal y San Martín.

La investigación por los abusos en el Próvolo, que se inició en noviembre de 2016, tiene a quince personas imputadas, entre ellas los sacerdotes Corradi y Corbacho, las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez y exdirectivos y empleados del instituto.

En mayo se vencen los tiempos procesales para que el fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana, concluya la pesquisa y solicite la elevación a juicio de la causa en la que están los cinco primeros imputados. Uno de ellos es el acusado cuya situación será analizada por los integrantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.