Los representantes de los sobrevivientes del Instituto Antonio Próvolo pedirán la pena máxima de 50 años para los sacerdotes y el jardinero acusados de abusar y corromper a once niños y niñas sordas que asistían a esa institución. Así lo aseguraron los querellantes Sergio Salinas y Oscar Barrera.

El proceso judicial contra los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el jardinero Armando Gómez comenzó hoy su etapa final, con los alegatos del jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, y de quien lideró la investigación, Gustavo Stroppiana. Mañana y pasado será el turno de los querellantes y luego, de la defensora oficial de los imputados, Alicia Arlotta.

Próvolo: los acusados no declararán y el lunes comenzarán los alegatos

Los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el jardinero Armando Gómez (49) acusados de abusar y corromper a ex estudiantes del Instituto Próvolo decidieron no declarar en el proceso en su contra. Por esto, el Tribunal determinó un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando comenzarán los alegatos de las partes, el paso previo a conocer la sentencia.

El proceso

Antes de iniciar la audiencia, los querellantes repasaron los pormenores de la investigación que se inició hace casi tres años, exactamente el 25 de noviembre de 2016, luego de que un representante de la comunidad sorda solicitara ayuda a la senadora Daniela García para que los estudiantes y sus familias contaran con todas las garantías para hacer las denuncias. Barrera aseguró que inicia con mucha expectativa la etapa final del juicio, sobre todo por el esfuerzo que significó para los denunciantes y sus familias y por su esperanza de lograr una condena para los tres acusados.

Próvolo: declararon 15 exalumnos y ahora testifican sus familiares

Durante el juicio por presuntos abusos en el Instituto Próvolo ya declararon 15 exalumnos y alumnas que corroboraron los hechos por los que están acusados dos sacerdotes y un jardinero, y mañana comienzan a testificar sus familiares. Así lo confirmó uno de los abogados querellantes, Oscar Barrera.

Salinas explicó que existen gran cantidad de pruebas contra los tres imputados y que la intención es que las mismas se traduzcan en una condena. En este sentido recalcó que solicitarán las penas máximas previstas para estos delitos previstas, que son de hasta 50 años de prisión.

El querellante explicó que la pretensión es doble: por un lado, condenar a las tres personas, y por otro, que el Tribunal ordene al Estado y a la Iglesia Católica poner en marcha medidas preventivas eficaces para que otros niños y niñas no pasen por situaciones similares.

De Benedectis: "No hay espíritu de ocultar"

Un daño enorme a las víctimas y a la credibilidad de la Iglesia Católica. Con esas palabras, el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, describió lo que causaron las denuncias por abuso en el Instituto Próvolo, que derivaron en una causa judicial en la que dos sacerdotes y una religiosa están imputados y detenidos.

Apuntan a la responsabilidad de la Iglesia

Tanto Salinas como Barreras apuntaron a la responsabilidad de la Iglesia Católica y a la nula modificación de sus prácticas respecto de los religiosos acusados de abuso, pese a que en 2014 el Comité de Derechos del Niño de la ONU advirtió de la necesidad de realizar cambios profundos. “La Iglesia fue y es cómplice, no reconoce a las víctimas como tales, no las escucha y tampoco repara con consuelo”, fueron sus palabras.

Bochatey viaja a Verona y dice que la Iglesia no oculta nada

"La Iglesia no oculta ni ocultará nada. Después de las víctimas es la más perjudicada por esta situación". Esas fueron las palabras de Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata y designado comisario apostólico del Próvolo, quien ratificó que viajará hoy, lunes 31 de julio, a Italia para reunirse con autoridades del Vaticano y del Instituto en Verona.

Barrera expresó que la actuación de la Iglesia se repite: cargar la culpa sobre las víctimas y proteger a los denunciados, algo que, aseguró, se vio en Verona, en La Plata y en Mendoza. Dijo que la investigación canónica que realiza la institución va en contra de los derechos de los niños y niñas, y la consideró inconstitucional y a contramano de los tratados internacionales a los que Argentina adhirió en la materia y que tienen rango constitucional.

Los querellantes recordaron que durante el proceso en marcha denunciaron penalmente tanto al obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, que fue designado por el papa Francisco como comisario apostólico del Próvolo en todo el mundo, como a quienes realizaron la investigación canónica, los sacerdotes Dante Simón y Juan Martínez.