Los jueces de la Octava Cámara del Crimen tomaron dos decisiones: que los dos sacerdotes y los tres empleados acusados de abusar de niños y niñas en el Instituto Próvolo sigan en prisión hasta el juicio y que se analice la responsabilidad de siete personas que trabajaban en la escuela de Luján, por entender que sabían de los vejámenes y no protegieron a los pequeños. Además, determinaron que el Estado tiene responsabilidad por no haber investigado la denuncia que la madre de uno de los chicos hizo ante la Justicia en 2008.

Los defensores de los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y de los empleados José Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez apelaron la prisión preventiva que resolvió en febrero la titular de 4.º Juzgado de Garantías, Alejandra Alonso. Este pedido fue lo que analizaron durante días los magistrados Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel, quienes ratificaron la medida, por lo que los cinco acusados permanecerán en prisión hasta que se realice el juicio, siendo Corradi el único que seguirá con detención domiciliaria.

A las 10.30 llegaron a Tribunales los acusados y durante cuatro horas participaron junto a sus abogados, a los querellantes y al fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana, de la audiencia oral con los jueces de la Octava Cámara del Crimen. Ahí cada uno expuso sus argumentos y poco después de las 14 dieron a conocer su decisión.

Stroppiana explicó los fundamentos de los jueces, quienes entendieron que existían riesgos para el proceso, si los acusados quedaban en libertad hasta el juicio, además de tener en cuenta la gravedad de las penas que arriesgan, de 8 a 20 años de prisión. Respecto de planteos que hicieron los defensores de los acusados sobre contradicciones en las declaraciones de los niños y niñas, el fiscal recalcó que los magistrados consideraron que quedó probado que los inconvenientes para recordar horas y fechas están relacionado con su condición de hipoacusia, y dejó en claro también que las pericias psicológicas ratificaron la credibilidad de los dichos de las víctimas.

Los jueces de la Cámara también dejaron en claro que existió ocultamiento por parte de personas ligadas a la institución para que los abusos no se conocieran. En este sentido, solicitaron que se investigue a siete personas ligadas a la institución, ya que, entendieron, sabían de las vejaciones y no hicieron nada para proteger a los pequeños.
 

La responsabilidad del Estado

Los integrantes de la Cámara también subrayaron que el Estado tiene responsabilidad por no haber investigado en forma debida la denuncia que la mamá de uno de los chicos hizo ante la Justicia en 2008, y que en ese momento recibió la actual fiscal de Homicidios, Claudia Ríos. Aseguraron que en ese momento no se concretaron pericias físicas ni psiquiátricas y que ni siquiera se llamó a las víctimas para escuchar su versión.

El llamado de atención de los magistrados sobre la responsabilidad del Estado se traduce en que solicitaron que se investigue por qué los funcionarios judiciales que recibieron la denuncia no actuaron como debían, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad del delito que denunció la madre de uno de los chicos, que además es una de las víctimas que testificó en esta causa. Es decir que el niño siguió sufriendo por la inacción de quienes debían protegerlo.

El abogado querellante, Sergio Salinas, explicó que se debe analizar la responsabilidad penal de quienes no investigaron, y también su responsabilidad política, ya que se puede solicitar un Jury de Enjuiciamiento.
 

El avance de la causa

El fiscal Stroppiana aseguró que continuará tomando testimonio a las víctimas y recalcó que su intención es elevar a juicio lo antes posible la causa.

Próvolo: ordenan la captura de una monja

Se trata de la religiosa de origen japonés Kosaka Kumiko. Las víctimas la señalaron como quien facilitaba los ataques sexuales. Pedido de informe al Arzobispado.

Stroppiana no descartó realizar nuevas imputaciones, sobre todo teniendo en cuenta que los magistrados de la Cámara del Crimen dejaron en claro que es necesario investigar a por lo menos siete trabajadores del instituto. Confirmó además que sigue vigente el pedido de captura internacional contra la monja Kosaka Kumiko, de la congregación Hijas de María del Huerto, que fue señalada por las víctimas como quien las castigaba y facilitaba los abusos. La religiosa continúa prófuga de la Justicia.

Respecto de las dos personas del tribunal eclesiástico del Arzobispado de Córdoba que estuvieron en Mendoza, el fiscal ratificó que las recibió, que les negó el pedido de ingresar al Instituto, al tiempo que resaltó que mientras no obstaculicen la investigación judicial, no ve inconveniente en que lleven adelante el proceso interno que realiza la Iglesia Católica en estos casos, basado en el derecho canónico.