El lunes a las 8.30 comenzará el juicio contra los sacerdotes Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el administrativo y jardinero Armando Gómez (49), acusados de cometer 28 delitos de abuso sexual y corrupción de menores contra 20 exalumnos del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, una institución dedicada a la educación de niños y niñas sordos en todo el mundo.

El debate, que presidirá el juez Carlos Díaz, del Tribunal Penal Colegiado N.° 2, se iniciará dos años y medio después de que un grupo de familiares de los exalumnos le advirtieran a la senadora Daniela García que en el instituto mendocino se cometían abusos contra los niños y las niñas, lo que fue el puntapié de la investigación judicial.

Los tres acusados arriesgan penas de van de 10 a 50 años, ya que se analiza la pena por cada delito que les imputan. Sobre esa base se determina una nueva escala penal, con plazos mínimos y máximos.

El juicio será histórico por varias razones, pero de acuerdo a los querellantes, la principal es que muestra los traslados que hacía la Iglesia Católica de los sacerdotes acusados de abuso, ya que Corradi fue señalado por los exalumnos del instituto en Verona, Italia; en La Plata, Argentina, y luego en Mendoza, el primer lugar donde se inició una investigación.

Próvolo: de Verona a Mendoza, la ruta de la impunidad

Verona, en Italia; La Plata y Mendoza, en Argentina. Los exalumnos de las sedes del Instituto Próvolo ubicado en esas tres ciudades denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual y de maltratos por parte de sacerdotes y de quienes debían cuidarlos.

Inicio del debate

El debate no será público por tratarse de delitos de instancia privada. En el estrado de la sala 4 se sentarán los magistrados Carlos Díaz, Alejandra Ratto y Mauricio Juan; frente a ellos, el jefe de la Fiscalía de Abusos Sexuales, Alejandro Iturbide; el fiscal que instruyó la causa, Gustavo Stroppiana; los querellantes Sergio Salinas (por Xumek) y Oscar Barrera, y la defensora oficial de los tres imputados, Alicia Arlotta. Detrás de ellos se ubicarán los acusados.

A ellos se sumarán los sobrevivientes (que en esta causa son querellantes) y sus familiares. Si bien las 20 personas ya denunciaron los hechos en Cámara Gessel, en el curso del debate se determinará si vuelven a declarar. Además, pasarán por la sala de debates alrededor de 100 testigos, aportados por las partes.

De Benedectis: "No hay espíritu de ocultar"

Un daño enorme a las víctimas y a la credibilidad de la Iglesia Católica. Con esas palabras, el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, describió lo que causaron las denuncias por abuso en el Instituto Próvolo, que derivaron en una causa judicial en la que dos sacerdotes y una religiosa están imputados y detenidos.

Los tres acusados serán juzgados por 28 hechos. El sacerdote Corbacho está señalado por cometer 16 hechos, entre abusos sexuales con acceso carnal y corrupción de menores, mientras el cura Corradi debe responder por 6 hechos de abuso. En tanto, sobre el exempleado Gómez pesan las 6 acusaciones restantes.

En el juicio participará una intérprete en lengua de señas, ya que uno de los acusados (Gómez) es sordo, por lo que es necesaria la intervención de la profesional para dejarle en claro cada uno de los hechos de los que se lo acusa.

Corradi cumple actualmente prisión preventiva domiciliaria debido a su edad y a su estado de salud, mientras Corbacho y Gómez están detenidos en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Los acusados

Corradi es italiano, pero tiene doble nacionalidad. Fue una de las autoridades del instituto Próvolo ubicado en Verona, Italia, desde donde fue trasladado a la sede de La Plata, en Argentina, y posteriormente a la de Mendoza, donde fue la máxima autoridad.

Corbacho es oriundo de Buenos Aires y luego de ser ordenado se instaló en Mendoza, donde se desempeñó en el Instituto Próvolo. En cuanto a Gómez, es el único mendocino en la causa y durante años se desempeñó como jardinero en el enorme predio que el instituto tenía en Mendoza, predio que la Iglesia Católica vendió a la municipalidad de Luján de Cuyo, por lo que la Justicia ordenó que los pagos por esa compra queden a resguardo en una cuenta oficial.

"La investidura sacerdotal asegura la impunidad"

El sacerdote que abusa de un niño o una niña es el mismo que bautiza, que casa a los novios, que perdona los pecados, que representa a Dios, que tiene un lugar importante en la comunidad.

Mega causa

La investigación que se inició en noviembre de 2016 se dividió en tres causas, que incluyen en total a 13 imputados.

En la primera, que comienza el lunes, serán juzgados los acusados de cometer en forma directa los abusos, es decir, Corradi, Corbacho y Gómez. En una primera instancia estaban incluidos el  exmonaguillo Jorge Bordón, que en septiembre de 2018 reconoció la autoría de los 11 hechos en su contra y fue sentenciado a 10 años de prisión, y un exadministrativo que fue declarado inimputable y sobreseído, cuyo nombre no se publica por orden judicial. El hombre, de 41 años, vivió en el Próvolo de la Plata desde los 3 años, luego de quedar huérfano, y cuando Corradi fue trasladado a Mendoza, lo trajo con él. Se determinó que fue víctima de abuso.

Próvolo: Bordón se declaró culpable y lo condenaron a 10 años

En un juicio abreviado, el ex administrativo admitió que cometió los 11 delitos que le imputan por abuso sexual y corrupción de menores. Fue contra cinco chicos y chicas. La querella aseguró que esto le da veracidad al testimonio de las víctimas. ...

En la segunda y tercera causa están imputadas en total otras 10 personas, que la Justicia considera que actuaron por acción u omisión, es decir que en algunos casos su conducta facilitó los abusos y en otros, sabiendo de los vejámenes, no hicieron nada para proteger a los pequeños.

En la segunda causa, que ya fue elevada a juicio, está imputada en 7 hechos la religiosa de origen japonés Kumiko Kosaka, que cumple prisión preventiva domiciliaria.

En la tercera causa están imputados exdirectivos y exprofesionales del instituto. Se trata de la exrepresentante legal del instituto Graciela Pascual; la monja Asunción Martínez; las exdirectoras Gladys Pinacca, Cristina Leguiza, Valesca Quintana y Laura Gaetan; la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y el jardinero Apolinario Choque.

Próvolo: la acumulación de causas dará celeridad a la investigación

El fiscal que lidera la investigación por las denuncias de abuso en el Instituto Próvolo, Gustavo Stroppiana, dijo que seguirá recolectando pruebas, que los datos y testimonios acumulados hasta el momento demuestran que los hechos denunciados ocurrieron y que la acumulación de la causas le dará celeridad al proceso.

Pruebas contundentes

El fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana, dijo a Universidad que las pruebas muestran que los hechos existieron y que, con base en ellas, tiene la convicción de que las personas imputadas son responsables de ellos.

Stroppiana  reconoció que la investigación fue un desafío personal y profesional, teniendo en cuenta que los denunciantes son chicos y chicas sordos. Por esto, aseguró que fue necesario poder en marcha mecanismos para que pudieran declarar en Cámara Gessel y para respetar todas las garantías del debido proceso, tanto para ellos como para los acusados.

El fiscal recalcó que la investigación que se inició en Mendoza tendrá impacto más allá de la provincia porque, a su entender, las pruebas muestran la sistematicidad y el modus operandi que se repitió en otros lugares y que colaboraron para que los hechos hasta ahora no hayan sido investigados.

Próvolo de La Plata: más denuncias por abusos y malos tratos

Dos personas denunciaron ante la Justicia de La Plata que fueron abusadas cuando asistían al Instituto Antonio Próvolo ubicado en esa ciudad, mientras otras tres denunciaron los malos tratos a las que fueron sometidas en el lugar donde debían educarlas.

Los casos en La Plata y Verona

A raíz de la causa de Mendoza, se abrió una investigación en La Plata, liderada por la fiscal Cecilia Corfield, que imputó a un exprofesor de gimnasia y ya solicitó el traslado de Corradi para comunicarle personalmente su imputación.

En cuanto al caso del instituto en Verona, el titular de la Red Italiana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, Francesco Zanardi, aseguró, en una entrevista que concedió a Unidiversidad en junio de 2017, que la Justicia de ese país determinó la prescripción de los delitos que denunciaron los exalumnos. Por eso, la asociación presentó cuatro denuncias contra autoridades eclesiásticas por encubrimiento y complicidad, que están en curso.

Próvolo: para las víctimas de Verona es clave el caso local

Una esperanza, la posibilidad de obtener Justicia, de que alguien los escuche después de años de silencio. Con esas palabras, el titular de la Red italiana de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, Francesco Zanardi, describió lo que significó para los 70 denunciantes del instituto de Verona la apertura de una investigación en Mendoza, en la que está imputado y detenido uno de los sacerdotes que ellos acusaron hace 20 años como su abusador: Nicola Corradi.

En la misma entrevista, Zanardi explicó que Corradi fue uno de los sacerdotes denunciados en la década del 80 por los exalumnos italianos y cuyo nombre consignaron en una lista de 130 acusados que entregaron en el Vaticano.

A dos días de iniciarse el juicio en Mendoza, desde la oficina de Prensa del Arzobispado dieron a conocer un comunicado en el que se solidarizaron con las víctimas. “La Iglesia de Mendoza toda quiere transmitir, una vez más, su solidaridad y cercanía a quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones. Lo que han relatado estas personas ha horrorizado, y con razón, a toda la sociedad mendocina. Así lo hemos experimentado en nuestras comunidades cristianas”, se lee en el texto.

Pese al mensaje del Arzobispado, el querellante en la causa por la asociación Xumek, Sergio Salinas, denunció a las autoridades eclesiásticas por no cumplir con un oficio de la Justicia local, que solicitó información respecto de la investigación canónica que realizaron los sacerdotes Dante Simón y Juan Martínez por los abusos. Esta investigación (en la que no tienen participación las víctimas) se ampara en el Concordato que el Estado argentino firmó con la Iglesia Católica en 1966 y que continúa vigente.

Salinas también denunció por falta de colaboración con la Justicia local al obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, que fue designado por el papa comisario apostólico e interventor del Próvolo en todo el mundo. Esto, porque el purpurado le envió un mail al letrado en el que le aseguró que “no compartirá información”.

También dio a conocer un comunicado el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, que exigieron que en el proceso que se inicia se arbitren los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Además, describen al juicio como un hecho histórico y destacan la valentía de los chicos y chicas que, con sus testimonios, lograron romper el círculo de impunidad.