Por las denuncias de abusos en el Instituto Próvolo están abiertas cuatro causas judiciales, en las que están imputadas quince personas, dos sacerdotes, dos religiosas y exdirectivos empleados del colegio ubicado en Luján de Cuyo.

El fiscal Gustavo Stroppiana, quien lidera las cuatro investigaciones, explicó que continúa acumulando pruebas tanto a través de las testimoniales que se toman en Cámara Gesell, como a través del material que se secuestró durante los allanamientos en el instituto ubicado en calle Boedo. Mucho de ese material, aún debe ser analizado por peritos.

Stroppiana se excusó de arriesgar una fecha en la que solicitará la elevación a juicio de la causa madre (donde están imputados los dos sacerdotes). Dijo que aún falta incorporar pruebas, aunque aseguró que con el material reunido hasta el momento, tiene elementos para ubicarse más cerca de una elevación a juicio que de solicitar el sobreseimiento de cualquiera de los acusados.

Aunque las causas se sustancian en forma separada, los testimonios de las víctimas comprometieron a uno o a varios de los acusados, por lo que se incluyen como prueba en los distintos procesos.

Caso Próvolo: imputaron a otros seis exempleados

Se trata de exdirectivos y personal de apoyo psicológico y de limpieza. Ya son 15 los acusados en la megacausa por abuso sexual a menores del instituto religioso de Luján.

Causa por causa

En noviembre de 2016 se inició la causa principal, por la que están acusados de abuso sexual y corrupción de menores y cumpliendo prisión preventiva los sacerdotes Nicola Corradi, Horacio Corbacho y los exempleados José Luis Ojeda, José Bordón y Armando Gómez. Esta es la investigación que tiene más avances, aunque aún falta tomar testimonios y analizar material secuestrado en los allanamientos.

Si bien el fiscal aseguró que continuará con la recolección de pruebas, la investigación que realiza tiene tiempos procesales que debe cumplir. Según esos plazos, la pesquisa deberá concluir en mayo de 2018, debiendo en ese momento solicitar la elevación a juicio o pedir el sobreseimiento de los acusados.

Respecto de esta causa central aún existen aspectos que debe decidir un magistrado (el juez de Garantías o una Cámara del Crimen) respeto a presentaciones que hicieron los defensores de los acusados. Algunas son: el planteo de que Ojeda (que es hipocacúsico) es inimputable porque no comprende la acusación contra él (la evaluación de los peritos oficiales determinó que es capaz) y la recusación a los intérpretes en lengua de señas por entender que no son objetivos, entre otras.

En esta investigación también se incluirá el resultado de un cotejo de ADN que se realizará entre las muestras que se tomaron a algunos de los acusados y una prenda con restos de semen secuestrada en el Próvolo. En un primer momento, el sacerdote Corbacho se negó a realizarse la prueba en forma voluntaria, pero la jueza de Garantías, Alejandro Alonso, determinó que la misma es pertinente, por lo que se debe concretar.

Otra de las causas es la que tiene como acusada por abuso y corrupción de menores por 3 hechos a la religiosa Kosaka Kumiko. En esta investigación se produjo una novedad, ya que los integrantes de la 1° Cámara del Crimen confirmaron la prisión preventiva de la religiosa, pero autorizaron la modalidad domiciliaria. Es decir, que si se dan las condiciones que impusieron los jueces, Kumiko seguirá el proceso en su contra en prisión, pero en una casa en lugar de continuar en la cárcel de Agua de las Avispas como hasta el momento.

Stroppiana se mostró conforme con la decisión de la Cámara, en el sentido que confirmó la prisión preventiva, es decir que la religiosa continuará detenida mientras se sustancia la investigación. En cuanto a la posibilidad de la modalidad domiciliaria, explicó que las evaluaciones psicológicas –salvo la que aportó la defensa- y la encuesta ambiental fueron negativas para la religiosa, por lo que analizarán los pasos a seguir para cumplir con los lineamientos del fallo de la Cámara, que además determinó que esta medida queda a criterio del fiscal.

El fiscal aseguró que aún estudia el fallo. Dijo que los jueces analizaron los dos aspectos que se tienen en cuenta para otorgar o denegar una prisión domiciliaria, que son el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación y determinaron que podía acceder a esta modalidad. En cambio, Stroppiana siempre planteó el temor que demostraron los testigos ante la acusada, así como la inexistencia de un domicilio o de parientes en Mendoza, ya que la religiosa es de origen japonés y ningún miembro de su familia vive en la provincia. Ahora, analiza los pasos a seguir para cumplir con la decisión de los magistrados.

La tercera causa relacionada con el Próvolo tiene como único acusado por abuso simple al exjardinera Apolinario Choque. En este caso el hombre fue notificado de su imputación y permanecerá en libertad durante el proceso, porque se contempló que no existe riesgo de fuego, ni entorpecimiento de la causa, a lo que se suma que arriesga una pena de hasta 3 años como máximo.

La última causa abierta es la que investiga la actuación de exdirectivos y extrabajadores del Próvolo, en la que ya hay ocho acusados: Graciela Pascual (exrepresentante legal) imputada como participe primaria en los abusos y otras siete personas, entre ellas ex directivos, una psicóloga y una celadora, por participación secundaria. En todos los casos se los investigación por omisión, es decir que sabiendo de los abusos no hicieron nada para detenerlos, aunque la más comprometida es Pascual, teniendo en cuenta que varios de los testigos aseguraron que sabía de los vejámenes.

En esta última causa, la única acusada que está detenida en Agua de las Avispas es Pascual y en las próximas semanas los jueces de Garantía deben decidir si sigue el proceso cumpliendo prisión preventiva o en libertad. En cuanto al resto, ya fueron notificados de la acusación en su contra cinco personas (entre ellas la monja Asunción Martínez) y aún resta notificar a dos más que no se presentaron ante al fiscal, aunque al parecer existen inconvenientes con los domiciliarios donde les llegaron las citaciones.

Stroppiana explicó a Unidiversidad que las causas son complejas y que además, en lugar de analizar los hechos en sí, se discuten muchos aspectos procesales relacionados tanto con las presentaciones que realiza la querella como la defensa de los imputados. Pese a esto, el fiscal aseguró que el análisis de estos aspectos -que decide finalmente un juez de Garantía o una Cámara- es muy importante porque aseguran que no se violen los derechos de las víctimas ni el derecho a defensa de ninguno de los acusados.