El ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, fue el encargado de poner en funciones de manera formal a Fabricio Imparado, el joven abogado que tendrá la tarea de controlar y hacer cumplir los derechos de todas aquellas personas privadas de libertad, no solo en penitenciarías sino también en comisarías, hospitales, geriátricos e institutos de niños, niñas y adolescentes. 

El principal y único antecedente institucionalizado de esta figura corresponde al del Procurador Penitenciario de la Nación, que gestiona a nivel nacional desde principios de los 90, pero lo hace exclusivamente sobre cárceles con competencia federal. El cargo, que desde el último lunes ocupa Imparado, fue creado a través de un concepto más amplio: velar por la integridad y las óptimas condiciones de vida de todas las personas que vivan intramuros, tanto en el ámbito público como privado. 

Para la licenciada Romina Cucchi, titular de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia,  esta amplitud en las competencias se traduce en un mayor compromiso estatal por la lucha contra la violencia institucional, ya que  porta una perspectiva mucho más abarcadora en todos los sentidos, “incluso en la definición jurídica de tortura”, agregó.

No es casual el hecho de que haya sido Mendoza la primera provincia en contar con un procurador de personas privadas de la libertad con esta concepción integral. Vale recordar que la figura es uno de los resultados del Acuerdo de Solución Amistosa, celebrado entre el Gobierno provincial y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir de la crisis carcelaria que se evidenció en el año 2000.

Para que la figura se creara, hubo que esperar hasta la aprobación de la ley que resultó muy resistida por los sectores conservadores de la provincia. Tanto es así que recién en 2011, la Legislatura provincial sancionó la Ley 8284, que crea la Comisión contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La misma queda a cargo del Procurador  y de un Comité de Prevención de la Tortura. Asimismo, el nombramiento del funcionario a cargo sufrió una demora de dos años, y su puesta en funciones casi 8 meses.




Advertido por las trabas y dilaciones burocráticas, desde el momento en que conoció su designación, Imparado comenzó a trabajar en el armado del organigrama que guiará y presupuestará su gestión . Si bien el monto de la partida aún permanece en discusión, el abogado asegura que no ha sido un impedimento para avanzar en aquellos ejes de trabajo que presentó en exclusiva a Edición UNCUYO en la entrevista de julio de 2013.

En concreto, señaló que se han realizado visitas permanentes a los lugares de encierro, muchas de ellas motivadas por  denuncias o la interposición de habeas corpus emitidos por los abogados de los mismos internos. En este punto remarcó el trabajo mancomunado que realiza con la licenciada Romina Cucchi, pues es a la Dirección de Derechos Humanos de la Corte adonde llegan generalmente las revisiones y los seguimientos de las demandas. 

Con excepción del penal de San Rafael, todas las cárceles mendocinas han sido visitadas con o sin previo aviso (esta última es una facultad inherente a la figura del procurador, según la ley). Lo mismo se aplica para las comisarías que presentan lugares de encierro y que en la provincia llegan a casi un centenar.
Según el Procurador, de los neuropsquiátricos locales, el caso más preocupante, por las condiciones de vida que depara para sus internos, es el pabellón de reclusos penitenciarios de El Sauce. Mientras que el ex Cose –hoy Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ)– ha mejorado levemente su situación al aumentar la cantidad de talleres educativos y recreativos para los jóvenes, la situación continúa siendo alarmante.

Con estas primeras visitas la intención ha sido, además de realizar las tareas concernientes a diagnóstico, control y prevención, la de empoderar a las personas privadas de la libertad con el derecho a recurrir al procurador, “algo que es absolutamente nuevo y que se suele pasar por alto hacia el interior de las instituciones, donde la tortura y los tratos degradantes están tan naturalizados”, explicó Cucchi.

Por su parte, Imparado amplió que para ello es fundamental “brindar confianza a las familias y a los internos para que puedan creer en nuestro trabajo. Quizá la trasformación es lenta pero será posible en la medida en que todos colaboramos: gobierno y sociedad en general”.

Los reclusos, los internos, los pacientes y sus familias se convierten en la principal fuente acerca de lo que sucede intramuros para el organismo, por lo que la condición de confidencialidad y acercamiento entre las dos partes se hace indispensable. Para ello, Imparado gestiona una línea 0800 a través de la cual se podrán emitir las denuncias de manera anónima desde el interior mismo de las instituciones, las 24 horas.

Por último, Imparado aseguró que en estos días se lanzará la convocatoria pública a través de los medios para que finalmente se concrete la conformación del Comité de Prevención de la Tortura. Podrán participar del llamado dos representantes por organización social. Con la constitución  de esta junta, se salda la representación de la sociedad dentro de la Comisión.


Desafíos

Para el Procurador, el mayor reto de la puesta en marcha de la anhelada Comisión contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es lograr “mostrarle al afuera la realidad intramuros, ya que la mirada social muy pocas veces logra atravesar los muros. Solo así, visibilizando, podemos comenzar a cambiar mentalidades y el estado de las cosas”. Señaló sentirse optimista al encontrarse en “un contexto tendiente a mejorar las condiciones de privacidad de las personas, con decisiones políticas y piezas fundamentales dentro de las instituciones que están dispuestas a avanzar”.

Por su parte, Cucchi consideró que los desafíos, las tareas de control y las de seguimiento decantarán en políticas públicas fuertes en derechos humanos. “Hoy se actúa sobre los hechos a través de las visitas y las denuncias. Hace un año era impensado que las cárceles estuvieran abiertas a tantos mecanismos de control como hoy. Hay un cambio de mirada,  tarde o temprano podremos trabajar más sobre la prevención”.