Fue por pedido del rector Daniel Pizzi  que el Consejo Superior aprobó que no se aceptaran fondos provenientes de la explotación minera. “Es una decisión política que expresa la necesidad que hoy vemos como Universidad de revisar el escenario actual de la minería”, sintetizó el rector el miércoles 24 de junio.

En una sesión histórica, el ámbito de decisión de profesores, estudiantes, egresados y personal de apoyo académico de la Universidad rechazó fondos que se giran a las universidades nacionales y que se extraen de la megaminería. “Desde la UNCUYO se rechazan estos fondos provenientes del sector minero en el escenario actual del contexto ambiental y normativo. La Universidad no se opone a la actividad, pero sí tiene una responsabilidad en el debate y tratamiento de temas estratégicos para la sociedad, y el de la minería es uno de ellos, porque es importante para avanzar en un cambio de matriz productiva de Mendoza”, remarcó Daniel Pizzi al abrir la sesión del Consejo Superior.

El rector fundamentó su pedido al Consejo en la necesidad de dar una muestra política sobre la  necesidad de revisar el escenario actual de la minería en relación con el ambiente, los recursos económicos, la problemática social y la legislación de fondo que administra también los aspectos económicos de impuestos y regalías de la explotación minera.

Pizzi explicó que la casa de estudios no pone en discusión la minería en sí, sino los medios o mecanismos actuales a través de los cuales se practica y regula. “La Universidad tiene el rol de hacer los aportes pertinentes desde el conocimiento para promover una minería sustentable. Debe colaborar con otras instituciones u organismos para el diseño de una política minera eficiente”, sostuvo.

El último antecedente que tuvo repercusión pública se produjo en en diciembre de 2009, cuando la Universidad aceptó esos fondos que provienen de la minera Agua de Dionisio. Gustavo Silnik, secretario de Relaciones Institucionales de la UNCUYO, puntualizó a los medios que lo consultaron que los 2,8 millones de pesos son fondos que provienen de la minera Agua de Dionisio, que está administrada por una UTE entre el Estado nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Las ganancias se reparten entre los dos últimos y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esa última parte se divide entre todas las universidades nacionales. Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio (YMAD) es una compañía estatal que presta servicios, entre otras, a la minera multinacional Bajo La Alumbrera, de Catamarca.

La postura de Pizzi fue interpretada por los medios como una definición frente a la minería metalífera a gran escala que no tiene aprobación social y trasciende una postura universitaria frente a la problemática ambiental.