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Así opinó el director del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas, Alberto Molina. Dijo además que no está claro cómo seguirá el proceso.
El decreto determina la emergencia ambiental de la zona y frena la aprobación de proyectos por 12 meses. Foto: Unidiversidad
Verónica Gordillo
Publicado el 08 DE FEBRERO DE 2019
El director del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas (Integrar), Alberto Molina, consideró positiva la decisión del Ejecutivo de frenar las construcciones en el piedemonte por un año, ya que el Estado ejerció el poder de policía que tiene sobre el territorio. Pero por otro lado, aseguró que el anuncio mostró el vacío institucional de la Agencia de Ordenamiento Territorial, la falta de consenso con actores claves como son las comunas, además de una incógnita respecto de cómo seguirá el proceso, especialmente para los vecinos asentados en la zona.
El profesional consideró positiva la decisión, teniendo en cuenta que la urbanización en el piedemonte creció en forma desordenada, sin demasiados controles, con los riesgos que esto implica. Esto -recalcó-, es preocupante teniendo en cuenta que está considera como una zona de fragilidad ambiental, con presencia de flora y fauna nativa y de cuencas de escorrentía aluvional al oeste del Área Metropolitana de Mendoza (AMM).
Molina recalcó que teniendo en cuenta las características específicas del territorio, es positivo frenar las construcciones y determinar dónde, cómo y qué se puede construir.
Cornejo paralizó las construcciones en el Piedemonte
El Gobernador decretó la emergencia ambiental en esa zona por el impacto negativo que están generando los emprendimientos inmobiliarios. La decisión tiene como sustento un informe del Instituto Nacional del Agua sobre riesgos aluvionales. Bronca de ...
Emergencia ambiental
El viernes 8 de febrero, el gobernador, Alfredo Cornejo anunció su decisión de decretar la emergencia ambiental en el piedemonte, por lo que suspendió las autorizaciones para construir en esa zona por un lapso de 12 meses.
Para tomar la medida, el mandatario se basó en los resultados de diversos informes de organismos científicos, particularmente el último que lideraron especialistas del Instituto Nacional del Agua (INA), que determinó -entre otros aspectos- los riesgos que implica seguir construyendo en terrero de descarga aluvional y de fragilidad ambiental.
Poco después de anunciar la medida, desde la comuna de Luján de Cuyo (liderada por el Omar de Marchi, de la coalición gobernante), criticaron la decisión por inconsulta y sorpresiva. El enojo del referente del Pro se fundamentó en que tiene listo un plan de desarrollo del área, que ideó durante diez meses un equipo multidisciplinario.
Mingorance: "Los barrios autorizados seguirán su desarrollo"
Así lo aseguró el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance. Pidió a los ciudadanos que por ahora no compren terrenos en el piedemonte y que quienes lo hicieron no construyan hasta tanto concreten la zonificación.
La decisión de Cornejo, que se materializó a través del decreto 219/19 publicado en el Boletín Oficial, es clave para el área metropolitana, pero especialmente para Godoy Cruz, Capital, Las Heras y Luján de Cuyo, las comunas que forman parte de esa extensión de 1.242 Km 2.
El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, dijo en una entrevista con Radio U, que los emprendimientos autorizados continuarán su desarrollo, pero que existen muchos otros que no tienen aval ni de la provincia ni de las comunas. En este sentido, aseguró que en breve hay que determinar una zonificación del terreno, es decir qué se puede hacer y dónde, por lo que pidió a los habitantes que esperen esa información para comprar o comenzar a construir en el lugar.
Los pros y contras
Molina subrayó que la medida es positiva, pero recalcó que desnudó una falta de institucionalidad. El profesional aseguró que el anuncio lo deberían haber realizado y liderado las autoridades de la Agencia de Ordenamiento Territorial, y que por el contrario quedó en claro el vaciamiento de este organismo central en la materia.
Otro aspecto que consideró negativo fue la falta de consenso a la hora de tomar la decisión, sobre todo teniendo en cuenta que existe un Consejo de Ordenamiento Territorial, un ámbito para plantear y discutir estos temas y que las comunas están concluyendo sus planes de ordenamiento territorial.
La urbanización le gana a la ley en el piedemonte
Lo afirmaron representantes de las comunas y de organismos oficiales. Profesionales del Ejecutivo y el INA evaluarán las amenazas aluvionales en la zona.
Para Molina el qué (es decir la decisión de frenar las construcciones) es un paso positivo, pero no está claro el cómo, es decir los próximos pasos del proceso. Dijo que es necesario generar consenso e instancias de diálogo con las comunas y especialmente con los vecinos que habitan en el piedemonte.
El profesional planteó dos incógnitas respecto del proceso a futuro: la primera es cómo se ejercerá el poder de policía y cuáles serán las multas para quienes incumplan con el freno, y por otro lado, qué medidas se tomarán para evitar la especulación inmobiliaria. En este sentido, dijo que si delimitan áreas donde se puede urbanizar, lógicamente los terrenos subirán de precio, por lo que consideró necesario contar con herramientas para evitar la especulación.
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