La compra por parte de la comuna de Luján de Cuyo del predio del Instituto Próvolo generó críticas por parte de las víctimas de abusos y de sus familias, así como presentaciones de los letrados que los representan y de concejales del Frente de Izquierda, quienes solicitaron frenar la transacción y preservar el lugar por ser centro de una investigación judicial.

La novedad de la compra del predio de casi 6 hectáreas, que es el centro de las investigaciones por los presuntos abusos que allí cometieron sacerdotes, religiosas y exempleados contra los alumnos, fue confirmada por el propio intendente, Omar De Marchi. El Ejecutivo, con la venia del Concejo Deliberante, acordó la transacción por un monto de 153 millones de pesos.

La decisión produjo la indignación de los denunciantes y sus familiares, que cerca del mediodía se reunieron en la puerta del enorme predio y que en la tarde de este jueves se reunieron en Plaza Independencia para protestar contra la decisión de la comuna gobernada por el PRO, ya que la consideraron “una burla” hacia los que sufrieron en ese lugar.

La compra también generó una serie de presentaciones. Uno de los querellantes en la causa, Sergio Salinas, elevó dos escritos ante la Justicia. A través de una nota, le solicitó al fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana, que el predio del instituto sea embargado, una posibilidad que ya desestimó la jueza, Alejandra Alonso. Por otro lado, elevó ante la Segunda Cámara del Crimen un recurso de no innovar con la intención de preservar ese bien, que es el centro de una pesquisa judicial.

Presentación ante Fiscalía

Por su parte, Carlos Lombardi, integrante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, y los representantes de la izquierda Nicolás Córdoba (concejal de Luján) y Soledad Sosa presentaron un escrito ante la Fiscalía de Estado. Solicitaron que el organismo de control analice si existe una afectación al patrimonio público y si el decreto de compra del inmueble cumple con las leyes administrativas vigentes.

Luego de mantener un breve encuentro con los profesionales que hicieron la presentación, el fiscal de Estado, Fernando Simón, aseguró –aun sin estudiar el escrito– que analizará si la compra afecta de algún modo el patrimonio de la Provincia, así como la legalidad de la ordenanza.

Córdoba, el único edil de la izquierda en el Concejo Deliberante de la comuna, aseguró que el proceso de compra del predio fue exprés y pidió que se revea la decisión, porque la consideró un “atentado contra la víctimas”.

Próvolo: la querella intimó a Luján a abstenerse de intervenir el predio

Juan Dantiacq, abogado querellante en la causa Próvolo, manifestó en Radio U el descontento de los familiares de víctimas tras el anuncio de que allí funcionará el municipio de Luján.

Tratamiento exprés

Las negociaciones entre la comuna y las autoridades del clero para la compra comenzaron el 31 de agosto cuando el obispo auxiliar de La Plata y comisario apostólico del Próvolo en todo el mundo, Alberto Bochatey, le envió una carta al intendente en la que le ofreció la posibilidad de adquirir el inmueble. En ese escrito, detalló la difícil situación económica a la que se enfrenta la institución por los gastos del edificio, como por los futuros reclamos de exempleados e incluso de los denunciantes en las causa por los abusos sexuales. Poco después, el Ejecutivo inició una serie de pedidos de informes a distintos organismos departamentales respecto de los servicios y de la estructura del lugar. En 13 días se concretó el acuerdo.

A través de la Ordenanza 13252, el Concejo Deliberante dio el visto bueno a la compra por 8 votos a favor, emitidos por Alicia Beningaza, Mariano Ogando, Mónica Compañy, Carlos Sala, Guillermo Trentacoste y Alejandra Setien (Cambia Mendoza); Rubén Lázaro (Intransigente) y Javier Pelegrina (FpV). Sólo dos personas votaron en contra: Nicolás Córdoba (FIT) y Paloma Scalco (FpV).

De acuerdo al contrato, la comuna adquirió el inmueble por 153 millones de pesos (la tasación real es cercana a los 700 millones de pesos), de los cuales ya pagó 60 millones de pesos, mientras que el resto los cancelará en cuotas. En el escrito, que rubricaron el Ejecutivo y la Asociación Obra San José (dueña hasta ahora del instituto), quedó establecido que con el dinero se constituirá un fideicomiso, con el fin de garantizar el dinero para futuro reclamos de exempleados o de los denunciantes.

Críticas a la estrategia judicial

En tanto, Lombardi aseguró que la compra del inmueble representa sobre todo un problema simbólico, teniendo en cuenta que en todo el mundo estos sitios quedan universalmente para la memoria. En este caso, explicó, no será así porque la comuna pretende mudar la sede de gobierno al predio.

Lombardi también marcó diferencias respecto de la estrategia legal que siguieron los querellantes por las víctimas en las tres causas civiles que ya se presentaron. Dijo que las demandadas son la Asociación Obra San José y el Arzobispado de Mendoza, pero no el Estado y que, además, no se fundamentaron las presentaciones con base en las leyes relacionadas con violencia.

Denuncian fraude en la compra y venta del Instituto Próvolo

Familiares y legisladores presentaron varias denuncias. Afirman que la operación, entre otras cosas, obstruye la investigación en curso de los casos de abuso sexual que ocurrieron en el lugar. #UnidiversidadNoticias