Paco Pérez fue denunciado por el abogado José Rubio en noviembre de 2014 por incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude a la administración pública. El jueves 31 se presentó a la mañana y así evadió a la prensa, que esperaba que el exmandatario testimoniara a la tarde. Concretamente Pérez defendió el contenido del decreto que otorgó la concesión petrolera a la empresa Chañares Herrados, por lo que se lo acusa, pero se despegó de la responsabilidad, ya que el decreto que le da validez al contrato con la petrolera lo firmó, obviamente, el gobernador de entonces, Celso Jaque.

Sin señalar a su antecesor, Paco dijo que el proceso de adjudicación de las áreas pasó todos los controles antes de concretar la operación administrativa con consecuencias económicas. Pero ante esa descripción se hizo cargo sólo de haber ratificado con su firma un acta acuerdo que a la luz de su interpretación no tiene peso judicial, dado que depende de un decreto gubernamental que, obviamente, él tampoco firmó porque sólo era ministro de Infraestructura.

Pero la sospecha que tiene el exgobernador, y lo deja trascender a través de sus consejeros y amigos, es que en realidad detrás de esta denuncia hay un interés empresarial para que las áreas pasen a otras manos. Con este movimiento judicial, de acuerdo con el pensamiento de Pérez se quiere obligar al gobierno de Alfredo Cornejo a hacer caer la concesión, dado que según estudios reservados habría una proyección de desarrollo futuro. Sin mencionarlo, los voceros de Pérez invitan a leer "la nota del diario Los Andes en la página 6, de Daniel Peralta". El artículo aludido fue publicado por el diario centenario el jueves 31, el mismo día de la testimonial de Pérez, y titulado: "Ahora Vila quiere el área por la que imputaron a Pérez". 

La nota del diario Los Andes que leyó con mucho interés Paco Pérez antes de ir a declarar ante el fiscal Bancalari.

Cornejo se preocupó por tomar distancia de la causa y remarcó que la investigación de Bancalari no hace más que probar el descontrol que el Estado padeció durante los años que gobernaron los peronistas Jaque y Pérez. El actual jefe de Estado provincial remarcó sus diferencias en materia de la administración de los fondos y las pertenencias públicas.
 

Reseña del expediente

La causa llego a manos del removido fiscal especial Daniel Carniello, quien la dejó en fase de definiciones al momento de su desplazamiento a la Fiscalía de Guaymallén. Esta semana, la causa se reactivó por Juan Manuel Bancalari, fiscal de Delitos Complejos, quien desestimó momentáneamente el cargo de fraude a la administración pública pero siguió adelante con la acusación de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

José Rubio comentó con Unidiversidad los detalles del caso que tiene origen en la adjudicación de una prórroga a la empresa petrolera Chañares Herrados hasta el año 2027, que implicaba una inversión total de cerca de 1000 millones de dólares, según consta en el acuerdo avalado por Pérez. Esta inversión nunca se concretó en su totalidad y es por esta razón que el fiscal Bancalari lo imputó: la empresa no tenía la solvencia financiera y económica para encarar la inversión.

Además de Pérez, cuatro exfuncionarios también son acusados por Bancalari: el exministro de Energía, Marcos Zandomeni, y los exsubsecretarios de Hidrocarburos, Walter Vázquez y Pedro Sánchez, apuntados de no haber obligado a Chañares a cumplir las condiciones de la concesión

En declaraciones a los medios, Francisco Pérez reveló que como funcionario en la gestión de Jaque –desempeñó el cargo de Ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Gobierno– no definía las adjudicaciones en el área petrolífera, sino que eran el exgobernador Celso Jaque y su mano derecha y por entonces, secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quienes tomaban las decisiones. Con base en estas declaraciones, Pérez se defendió de las acusaciones diciendo que deberían ser acusados también el exgobernador Jaque, el exsecretario de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y Fernando Simón, ex subsecretario legal y técnico de la gestión de Celso Jaque.

Chañares Herrados

Chañares Herrados opera en Mendoza desde principios de los 90, época en la que logró una concesión en Mendoza. Los antiguos dueños –Héctor Basilio Lapeyrade, Rodolfo Steiner y Luis Alfredo Zarattini– fueron vinculados con la última dictadura militar. Fue en 2011, seis años antes del plazo establecido para otorgar prórrogas, que el gobierno de Jaque adjudicó la concesión a Chañares Herrados hasta el año 2027. Las condiciones mínimas para obtenerla eran cumplir con reservas, comprometerse con la inversión y tener un seguro de responsabilidad civil por daño ambiental. Esta última condición nunca fue presentada y hoy es investigada por la Fiscalía de Delitos Complejos.

El miércoles 30 de marzo a la noche, en el noticiero de Señal U "Unidiversidad Noticias" estuvo José Rubio explicando la denuncia y las implicancias de la causa judicia. 

Sumando causas

Francisco Pérez también ha sido acusado por legisladores radicales la semana pasada por enriquecimiento ilícito, tras la compra de un departamento en las lujosas Torres Agustinas, ubicadas en el barrio Bombal Sur, con valor de $ 1 165 000. También por la compra de una cochera en el mismo complejo, tasada en unos $ 126 mil y un automóvil Peugeot 3008, cotizado en $ 295 mil, que no coinciden con los ingresos declarados por Pérez y su mujer.

Producción: Constanza Terranova