La decisión del Consejo Superior de la UNCUYO de rechazar fondos provenientes de la explotación minera produjo reacciones encontradas. Mientras quienes impulsan la actividad calificaron la medida como una barbaridad y consideraron que la casa de estudios no debería tomar estas posiciones políticas, integrantes de las asambleas por el agua celebraron el anuncio y aseguraron que fue el final feliz de una lucha que llevan adelante hace años.

El 24 de junio, el Consejo Superior rechazó los fondos provenientes de la explotación minera, una decisión que desde 2008 ya tomaron otras cinco instituciones públicas: las universidades de Luján, General Sarmiento, Mar del Plata, Nacional de Córdoba y Nacional de Río Cuarto. A estas se sumaron 20 facultades de distintas casas de estudio.

Fue el mismo rector, Daniel Pizzi, quien fundamentó la decisión. “La Universidad no se opone a la actividad, pero sí tiene una responsabilidad en el debate y tratamiento de temas estratégicos para la sociedad y el de la minería es uno de ellos, porque es importante para avanzar en un cambio de matriz productiva de Mendoza”, fueron sus palabras.

Los fondos que ya rechazaron seis universidades son una parte de las utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Es una empresa compuesta por la Universidad Nacional de Tucumán, el Estado catamarqueño y el Estado nacional que tiene bajo su concesión el yacimiento Bajo la Alumbrera (oro, plata, cobre y molibdeno), explotado por el consorcio suizo canadiense conformado por Glencore PLC (50 %), Goldcorp (37,5 %) y Yamana Gold (12,5%), de acuerdo con la información publicada en la página web de la minera.

La ley nacional 14771, que fue sancionada en 1958, determinó la creación y las políticas de funcionamiento de YMAD. Estableció cómo debía dividir sus utilidades: 60 % a la provincia de Catamarca, 20 % a la Universidad de Tucumán y el 20 % restante, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quien lo distribuye entre las 57 instituciones que lo componen.

Según las resoluciones de los acuerdos plenarios publicados en la página web del CIN, en dos oportunidades se aprobó la distribución de utilidades de YMAD: en 2008 fue por 50 millones de pesos y en 2009, por 36,8 millones de pesos. Parte de esos fondos fue lo que rechazó recibir el Consejo Superior y que, según explicó el secretario de Relaciones Institucionales, Gustavo Silnik, significan un aporte que ronda los 2,8 millones de pesos para la UNCUYO.

Del rechazo a la alegría

El presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros e integrante de la Asociación Geológica, Mario Chabert, calificó la decisión como una barbaridad y adelantó que pedirán una reunión con el rector, para solicitarle que explique los fundamentos de la medida. Chabert recalcó que, si bien la universidad es autónoma, les gustaría conocer las razones de esta decisión, ya que aseguró que rechazaron fondos de una actividad lícita cuya distribución entre las casas de estudio está contemplada en una ley nacional, pero aceptan los que provienen, por ejemplo, del juego.

El geólogo recalcó que la intención de los integrantes de la cámara que representa no es iniciar un debate a través de los medios de comunicación, sino tener un diálogo profundo con las autoridades de la UNCUYO para comprender las razones de la medida. Para Chabert, este es un problema ideológico y una decisión que se tomó en un momento especial: está por asumir un nuevo gobierno y la Suprema Corte de Mendoza deberá fallar sobre las presentaciones de inconstitucionalidad de la ley provincial 7722, que  prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

En el mismo sentido opinó el intendente de Malargüe, Juan Antonio Agulles. Dijo que la universidad no debe tomar estas posiciones políticas respecto de una actividad lícita y recalcó que, a su entender, esta no es la función de la institución, sino formar profesionales con rigor científico. Pese a no estar de acuerdo con la decisión, Agulles consideró que no afectará los estudios y dictámenes que muchas veces se solicitan a profesionales de la UNCUYO respecto de distintos proyectos mineros que son analizados en la Legislatura, tal como lo establece la ley 7722.

El intendente dijo que no pedirá una reunión con las autoridades de la UNCuyo, que es respetuoso de su autonomía  y que cada integrante del Consejo seguramente fundamentó su voto y las razones que lo llevaron a rechazar estos fondos. Pese a esto, Agulles se mostró preocupado, teniendo en cuenta que la universidad firmó un acuerdo con Malargüe para que desde el próximo año se dicte en instalaciones de la municipalidad la carrera de Geología, que hoy no ofrece la UNCUYO. Advirtió una contradicción, ya que recalcó que esos alumnos serán preparados para desarrollar sus actividades profesionales en las industrias del petróleo, el gas y la minería.

El intendente, que es un impulsor de la industria minera, recalcó que espera que la sociedad logre una amplitud de pensamiento y una conciencia distinta a la hora de analizar qué quiere para la Provincia y para sus posibilidades de crecimiento.

En una postura opuesta se paró Sergio Onofrio, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. Destacó la importancia de la decisión que tomó el Consejo Superior y recordó que es una lucha que mantienen desde hace años, ya que en 2009 el máximo órgano de la universidad dirimió el mismo tema y votó a favor de continuar recibiendo los fondos provenientes de la explotación minera.

Onofrio consideró que la decisión del Consejo Superior es parte de un posicionamiento que ya tomó la sociedad mendocina, respecto de la instalación y realización de proyectos mineros en la provincia. Tal como plantearon el geólogo Chabert y el intendente Agulles, el sociólogo reconoció que se deben abrir nuevos debates sobre otros fondos que reciben las universidades, especialmente los que provienen del juego y de la soja, actividades que –aseguró- tienen impacto en la vida de muchos ciudadanos.

Nota vinculada: Por qué Pizzi rechazó el dinero minero