Ordenamiento territorial: el plan estancado

El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial recibió críticas de los legisladores opositores y de algunos especialistas que presentaron un documento alternativo. La presidenta de la Agencia de Ordenamiento, Sonia Romero, dijo que el texto es perfectible, pero que Mendoza no puede perder la oportunidad histórica de contar con esta herramienta clave para lograr un crecimiento equilibrado.

El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial es una herramienta clave para que Mendoza continúe con su proceso de crecimiento, pero en forma equilibrada, equitativa y cuidando sus recursos naturales. El plan, que fue presentado por el Ejecutivo en mayo ante la Legislatura, encontró escollos, ya que los representantes de la oposición  -especialmente del radicalismo-, advirtieron que será difícil su aprobación por distintas falencias. A estas críticas se sumaron las de un grupo de especialistas que trabajó en el proceso de elaboración y que presentó un plan alternativo.

Frente a esta realidad, desde la Agencia de Ordenamiento Territorial recalcaron que el objetivo primordial es que el plan sea analizado en la Legislatura, que se hagan los aportes y cambios necesarios, pero que no se paralice el proceso, porque de lo contrario no tendrá sentido todo el esfuerzo intelectual, social, político y económico que significó llegar a esta instancia clave para lograr que Mendoza cuente con un plan que marque lineamientos claros sobre su desarrollo para los próximos treinta años.

Paso a paso

La aprobación de este instrumento es un paso necesario para que los municipios elaboren sus propios planes –algunos ya están avanzados y otros aún no iniciaron el proceso-, los que permitirán que la ley sea una realidad y se tomen medidas concretas para evitar que continúe el crecimiento desequilibrado.

Cada uno de los pasos a seguir está previsto en la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que se aprobó en 1999 después de veinte años de discusiones y del aporte fundamental del sector científico -con la UNCUYO a la cabeza- que logró que los legisladores desestimaran un proyecto hecho a la medida de los empresarios. 

La ley determinó los pasos a seguir, los que se fueron cumpliendo: la conformación del Consejo de Ordenamiento Territorial (en el que participan más de 60 instituciones), de la Agencia de Ordenamiento Territorial y la elaboración del plan, que debe ser aprobado en la Legislatura. Una vez que esto se concrete, los municipios tendrán un año para elaborar sus propios planes de ordenamiento.

Críticas al plan

El plan está siendo analizado en la Legislatura desde mayo, aunque la oposición, en especial el radicalismo, cuestionó diversos aspectos como la falta de información estadística y de una metodología clara, lo que entienden dificulta su aprobación. 

Frente a esto, los legisladores oficialistas recalcaron que se  puede avanzar en su análisis y superar las diferencias para poder dar luz verde a la iniciativa.

Otra de las voces críticas provino del ámbito académico. La directora del Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (Cifot), dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, María Elena Gudiño, aseguró que si los legisladores aprueban el Plan que presentó el Ejecutivo nada cambiará. La razón -explicó- es que sacaron aspectos sustanciales al trabajo que realizó durante tres años un grupo de especialistas en el seno del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PIT).

Gudiño, quien aclaró que su postura es personal y no representa una voz institucional,  comentó que un grupo de profesionales presentó en la Legislatura una versión ampliada del Plan de Ordenamiento, tal como lo trabajaron durante tres años y que incluye los aportes que hicieron las organizaciones durante la audiencia pública que el Ejecutivo realizó a mediados de abril donde presentó el documento preliminar.

La profesional explicó que al documento que elaboraron en el seno del PIT le sacaron gran cantidad de contenidos, como lo referidos a la necesidad de poner límites, de definir qué es una zona urbana, una de transición urbano-rural y una zona rural, así como todo lo relacionado a los instrumentos de gestión, cuyo objetivo era coordinar la tarea entre los distintos organismos, para que las políticas territoriales sean realmente efectivas.

Además, comentó que no se respetó la metodología acordada, que será la que posibilitará hacer comparaciones a futuro para saber cuáles fueron los alcances de las políticas, tal como está estipulado en la ley.

“Lamentablemente he llegado a la conclusión, frente a todo lo que hemos transitado en este período, que no solamente el mercado inmobiliario es el que mueve todo esto, hay intereses políticos, en la administración pública que están impidiendo que esto se concrete, ya se hizo en su momento con la ley, cuando se saca lo relacionado a la generación de un sistema, es decir que todos trabajaran en forma coordinada, eso en su momento se sacó y quedó el ordenamiento territorial bajo la órbita del Ejecutivo provincial. Creo que la audiencia pública fue una alerta roja, el repudio hacia un documento inicial, que no es lo que fue el plan de ordenamiento, sino la síntesis presentada”, fueron las palabras de la profesional.

Gudiño, que es la directora del doctorado de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aseguró que esta problemática está atravesada por muchos intereses, no sólo empresarios sino también políticos y públicos. Y señaló que si Mendoza no aprueba y pone en marcha un plan de ordenamiento coherente perderá una oportunidad histórica de resolver problemas que indefectiblemente se agravarán y que afectan la calidad de la vida de la población.

La especialista enumeró las problemáticas que se profundizarán: pequeños productores que desaparecen, que venden sus propiedades ante un mercado inmobiliario que es abrumador; la construcción de casas en lugares inadecuados, por los riesgos sísmicos, aluvionales, de salinización y los procesos de concentración cada vez mayores dentro del área metropolitana, mientras el resto del territorio se despuebla. En síntesis: desequilibrio territorial e  inequidad cada vez mayores. 

Consensuar y mejorar

Consultados sobre el tema, tanto la presidenta de la Agencia de Ordenamiento Territorial, Sonia Romero, como uno de sus vocales, Vicente Abbate, coincidieron en dos puntos con Gudiño: en la necesidad de que Mendoza no pierda una oportunidad histórica de contar con un plan de ordenamiento, y que si esto no sucede, se profundizarán las problemáticas existentes, como el crecimiento de unas zonas en desmedro de otras, el avance urbano sobre el cinturón productivo y el asentamiento en el piedemonte, sólo por nombrar algunos aspectos.

Respecto del plan, Romero explicó que elevaron a la Legislatura un documento que fue construido en base a la participación, al consenso, que puede ser perfectible y modificable, pero que fue validado por el trabajo de muchas personas e instituciones que fueron parte de todo el proceso.

Para la presidenta de la Agencia existe un error de concepto. Explicó que el esquema del PIT es de consultoría, que se lo contrató con la finalidad de elaborar diversos productos que fueron entregando. Los mismos –señaló- se trabajaron en las comisiones del Consejo de Ordenamiento Territorial y luego se llegó al documento final, ya que esa es una atribución de la Agencia, según lo marca la ley 8051.

“No hemos descartado ninguna información, pero no hemos sido transcriptores de esa información, sino que la hemos analizado y producido un documento que se basa fundamentalmente en el trabajo hecho por el PIT y en todos los aportes que se llevaron adelante en el proceso, las comisiones, la audiencia y la consulta pública”, recalcó Romero.

La presidenta de la Agencia explicó que en varias oportunidades asistieron a la Casa de las Leyes para responder a las dudas de los legisladores. Les explicaron, por ejemplo, que el plan fija lineamientos claros –como el manejo integral del recurso hídrico- , que son los que deberán respetar los municipios.

Vicente Abbate, vocal de la Agencia de Ordenamiento Territorial, aseguró que todas las cámaras y colegios que están representados en el Consejo de Ordenamiento votaron por el plan. Dijo que el proceso fue difícil, pero que se logró con mucho esfuerzo, porque nadie tiene una receta de cómo se elabora un plan, que sería el primero en el país.

“Creo que ha habido una caldera de vanidades en el sentido de preservar y hacer imponer cada uno sus alternativas de cómo congeniar una metodología de hacer el plan. Tenemos que aprender que el bien general está sobre el bien particular, tenemos que planificar para el todo, no para una particularidad”, fueron sus palabras.

Abbate recalcó que el proceso de construcción de este plan es técnico, social, económico y político. Y aseguró que si no se tiene en cuenta la importancia de este último aspecto, el documento no se aprobará.

El vocal de la Agencia señaló que la única forma de salir de esta situación, es escuchar al otro y que se hagan aportes reales al plan, que se puede modificar y mejorar, ya que entiende que de eso se trata el proceso legislativo. Cree que presentar un alternativo no es una salida.

“Creo que hay que tener un poco más de apertura, de aporte concreto en este proceso legislativo, de decir tal cosa debería ser de otra forma. Creo que tenemos que bajar los decibeles y empezar a pensar en una Provincia que tiene que crecer ordenada, con un plan provincial que debe ser orientador para los municipios”.

Fuente: Edición UNCUYO

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