Los participantes a la audiencia pública donde se presentó el documento preliminar del Plan Provincia de Ordenamiento Territorial tuvieron una sola coincidencia: la necesidad de que Mendoza cuente con políticas estratégicas sobre usos del suelo, para evitar que continúe el crecimiento desordenado. Esta necesidad está basada en pruebas irrefutables: los oasis abarcan solo el 4,8 por ciento del territorio provincial y en ellos vive el 98,5 por ciento de los habitantes. Esa es la razón de todos los desequilibrios e inequidades.

El apoyo a este plan rector que ordene el territorio fue lo que repitieron los 500 oradores que participaron ayer de la audiencia, que se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones y se extendió durante toda la jornada.

Esta fue la única coincidencia; lo demás fueron posiciones encontradas. Estuvieron los que defendieron el plan, el diagnóstico que incluye, así como la participación y el consenso con que se elaboró, y quienes lo criticaron, lo definieron como incoherente y protestaron por no encontrar sus opiniones plasmadas en el documento.

La audiencia pública no es vinculante pero sí es un factor de peso, no solo por los aportes de los oradores sino también por la gran participación, aunque ese fue otro punto de desacuerdo. Mientras los funcionarios repitieron su beneplácito por la cantidad de personas que concurrieron, desde las organizaciones criticaron la escasa difusión del encuentro y recalcaron que en un tema de tal trascendencia debería haber más vecinos. Además presentaron un pedido de impugnación, por entender que no se respetaron los plazos previstos para este tipo convocatorias.

El encuentro fue otro paso en el camino para lograr la plena implementación de la ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo aprobada en 1999, después de más de veinte años de discusiones y con el logro del sector científico –con la UNCUYO a la cabeza– de que los legisladores desestimaran un proyecto que se hizo a la medida de los empresarios. El paso siguiente ya fue anunciado por el Ejecutivo: el gobernador presentará el plan el 1.º de mayo en la apertura de las sesiones ordinarias y lo enviará a la Legislatura para su tratamiento.

Si hay algo que quedó claro en la audiencia es que el ordenamiento territorial afecta muchos intereses. El Estado es el único capaz de determinar y hacer cumplir estrategias claras, para evitar que los intereses económicos y sectoriales tengan más peso que los sociales y el bien común.

Arranque con aclaración

La flamante directora de la Agencia de Ordenamiento Territorial (organismo que será el encargado de velar por el cumplimiento de la ley), Sonia Romero, fue la encargada de presentar el plan. Dijo que fue elaborado entre todos y que transmitía las conclusiones a las que arribaron luego de cientos de horas de trabajo, que incluyeron la participación de los partidos políticos, los diversos sectores, los vecinos y el sector académico, entre otros.

A sus palabras le siguió la tediosa lectura del plan, que incluye un modelo territorial actual, uno deseado, el plan de acción, y el seguimiento y control. La lectura del documento hubiera sido interminable si uno de los instructores de la audiencia no hubiera pedido que lo resumieran para poder comenzar con las opiniones de los presentes.

El primero en hablar fue el el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde, quien consideró como un hecho histórico que tantos mendocinos participaran. Dijo que el documento preliminar se construyó con el aporte de todos los sectores, que hubo un gran esfuerzo por lograr consensos y que esto obligaba a los actuales gobernantes y a los que seguirían a tomar decisiones políticas que evitaran el avance de la urbanización sobre las tierras productivas, que cuidaran el recurso hídrico y que mejoraran la calidad de vida de los habitantes, sobre todo los asentados en las zonas rurales.

Elizalde se vio en la necesidad de hacer una aclaración, quizás presionado por las críticas que recibió desde organizaciones ambientalistas y desde las asambleas en defensa del agua: se comprometió a sacar del documento un párrafo que sugiere la modificación de la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería. Sus palabras fueron celebradas.

Pese a su aclaración, la necesidad de que el documento no solo no sugiera ninguna modificación a la ley 7722, sino más bien que la pondere por defender los recursos naturales de Mendoza, fue defendida por el intendente de San Carlos, Jorge Difonso; por uno de los integrantes del Consejo de Ordenamiento Territorial, Aldo Rodríguez Salas, y por muchos de los integrantes de las asambleas en defensa del agua.

A los aplausos que despertaron estas opiniones le siguió la intervención del vicerrector de la UNCUYO, José Rodríguez, quien explicó que la universidad trabaja en el tema del ordenamiento territorial desde el 2000, por lo que pidió valorar el proceso inédito que se realizó para elaborar el documento y asumió el compromiso de seguir trabajando en la temática con el resto de las instituciones y sectores.

La importancia del plan y del proceso que se realizó para su elaboración, también fue mencionada por profesionales y científicos de diversas facultades e institutos.

El radicalismo, en la voz de legislador Tadeo García Salazar, criticó el documento presentado. Lo describió como de dudosa prospectiva, elaborado con pocos datos y sin diálogo político. Dijo compartir el diagnóstico de la situación de Mendoza, aunque entendió que no significaba un aporte para el crecimiento de la provincia.

El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, quien anteriormente comandó la cartera de Ambiente, fue el encargado de responderle. Aseguró que el radicalismo tuvo un representante en el proceso, que fue nombrado por el propio intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, y quien --aclaró– trabajó incansablemente para lograr los consensos necesarios para la elaboración del plan.

El diputado nacional oficialista Guillermo Carmona, quien estuvo al frente del ministerio de Ambiente cuando comenzó el proceso, mechó en sus dichos los elogios y las críticas. Expresó su reconocimiento al equipo de trabajo y pidió que continuaran abiertas las posibilidades de participación aun después de la aprobación del plan en la Legislatura. Pero también hizo dos advertencias: dijo que era imprescindible que las comunas evitaran las excepciones a nuevos emprendimientos y consideró que había una permeabilidad hacia estos permisos que otorgan los concejos deliberantes para que se construyeran, por ejemplo, barrios privados en tierras aptas para el cultivo. La otra advertencia fue que el fondo previsto para que la Agencia de Ordenamiento Territorial pudiera realizar su tarea, cumpliera con ese fin y no fuera utilizado para solventar otros gastos, porque aclaró que de lo contrario el proceso de ordenamiento terminaría “siendo un verso”.

El gerente de Gestión Hídrica del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas), Humberto Vallejos, también planteó el problema de las excepciones a los emprendimientos inmobiliarios. Dijo que la ley debía tender a evitar la construcción de barrios en zonas que no contaran con servicios públicos –como es el piedemonte–, ya que era el Estado quien debía acudir para prestárselos y los únicos que se beneficiaban eran los emprendedores inmobiliarios.

En el mismo sentido, el director de Catastro, Gustavo Cruz, apoyó la ley de ordenamiento y dijo que era indispensable tener lineamientos claros para trabajar en el tema. Reconoció que la urbanización experimentada desde hace décadas en el piedemonte a veces se iba de las manos porque faltaba una conexión aceitada con los municipios.

Críticas e impugnaciones

Las críticas al documento preliminar del plan de ordenamiento territorial llegaron de parte de las organizaciones ambientalistas y, sobre todo, de las asambleas por el agua pura. Muchos de sus integrantes presentaron impugnaciones a la audiencia, por considerar que no se cumplieron los plazos legales para convocarla, además consideraron que el plan tenía falta de coherencia y que en el mismo no estaban plasmadas sus opiniones.

Fabiana Villafañe, de la Asamblea de Autoconvocados de San Carlos, calificó al documento como un “engendro que va mutando”, dijo que tenía inconsistencias e incoherencias y recalcó que no encontraron ninguna de las opiniones que dieron en el proceso de participación.

Patricia Funes fue otra de las vecinas de Valle de Uco que criticó el proceso. Pidió que el documento se reviera, que se hiciera una síntesis que pudieran entender los ciudadanos y recalcó que en este tema unos pocos no podían decidir por todos.

La imposibilidad de participar en el proceso también fue planteada por un grupo de vecinas de Bowen, distrito de General Alvear. Gladys Murcia comentó la situación que enfrentaban, parecida a las de otras zonas rurales de Mendoza: los quieren sacar de las fincas y deben soportar el éxodo de los jóvenes por falta de oportunidades. Por eso, pidió que se trazaran líneas de acción a corto plazo, y que se elaboraran con la participación de los lugareños.

La única coincidencia entre los 500 oradores  fue la necesidad de que Mendoza contara con un plan de ordenamiento, que frenara el crecimiento desordenado y brindara las mismas oportunidades a todos sus ciudadanos, sin importar dónde vivan. Una coincidencia que no es menor, en un tema donde se mezclan tantos intereses y donde debe primar el bien común.