El ministro de Trabajo Jorge Triaca enviará esta semana al Congreso de la Nación un proyecto de reforma laboral cuya base está centrada en una iniciativa que elaboró a principios de año el secretario de Empleo, Miguel Ponte. Según publica Infobae, más allá de los acuerdos sectoriales que firmó el Gobierno -el primero fue el de Vaca Muerta en enero pasado y el último el firmado el lunes con el sector lácteo-, se está preparando un fuerte golpe a la industria del juicio laboral y un cambio con respecto a lo ocurrido en la jurisprudencia en materia laboral desde fines de los 90 hasta la fecha.

Según pudo saber ese portal, habrá un cambio en la definición del concepto de salario del trabajador. Dicho de otra forma, se buscará separar el salario de los beneficios que otorga el empleador a un trabajador. "La Ley de Contrato de Trabajo establece como definición que el salario es toda aquella remuneración en contraprestación por un trabajo, pero la misma se ha ido deformando y ha incorporado beneficios que otorga el empleador que no forman parte de ese salario. Entonces, el trabajador, cuando inicia un juicio contra un empleador, puede reclamar además del salario propiamente dicho por muchos conceptos más como la prestación de la medicina prepaga, la utilización de un teléfono celular, del auto que le da la empresa y eso provoca que los juicios laborales lleguen a cifras astronómicas que pueden llevar a la quiebra de la empresa", manifestó a Infobae un funcionario del Gobierno.

Esta redefinición del salario tendrá como objetivo limitar las demandas salariales indemnizatorias que desde fines de los 90 incluyen rubros llamados no dinerarios o beneficios que dan las empresas a los trabajadores, como celulares, vehículos y medicina prepaga. "Esta reforma laboral también buscará dar fin a las llamadas acciones denominadas por solidaridad. Estas incluyen no solo al empleador de la actividad del trabajador sino también a la empresa que desarrolla la actividad principal. En la actualidad, un trabajador puede hacerle juicio a su empresa pero también a la que desarrolla la actividad principal", comentó el funcionario a este medio.

El proyecto buscará, además, reducir los montos efectivamente percibidos por los trabajadores a través de indemnizaciones judiciales para desalentar la litigiosidad laboral. La renovación de los jueces del fuero laboral será otra de las jugadas que buscará el Gobierno para poder lograr su objetivo.

La intención es incorporar unos 300 000 trabajadores a la economía formal por medio de los beneficios y facilidades que se les dará a los empresarios. Entre estos se pueden nombrar la caducidad de las multas por personal no registrado, el descuento en aportes patronales y una especie de inmunidad frente a juicios penales.

También habrá una reducción de los aportes patronales para los primeros $ 10 000 de sueldo de cada trabajador del sector privado. Esa diferencia la aportará el Tesoro nacional como una forma de incentivar la contratación de personal nuevo. Este beneficio ya funciona para pequeñas y medianas empresas pero el proyecto de reforma laboral incluirá también a las grandes compañías.

Estas son las nueve claves del proyecto que se trataría luego del 10 de diciembre en el Congreso:

1. Acuerdos sector por sector. El Gobierno buscará reducir la informalidad en sectores como la construcción, el campo y la industria textil, que son los que registran los mayores índices de marginalidad. La intención de la propuesta es blanquear a cerca de un millón de trabajadores en el trienio, evitar con sus aportes los desequilibrios que hay en el sistema previsional y hacer acuerdos sector por sector como los realizados hasta ahora.
2. Límites a la posibilidad de accionar contra los empleadores por parte de los asalariados. Se buscará reducir la litigiosidad laboral. Un mecanismo usual frente a eventuales insolvencias patronales o el intento de un pago mayor por la indemnización por despido es sumar los beneficios en la demanda salarial por parte del despedido. También se sumará la garantía de extinción de la acción penal contra el empleador que resolviese su incorporación al blanqueo laboral.
3. Reducción de Aportes Patronales. El Gobierno ofrecerá a los empresarios hacerse cargo durante tres años de los aportes de los nuevos empleados que se tomen en el mercado laboral del segmento no registrado. El propósito es blanquear a unos 300 000 trabajadores por año; reducir el desbalance del sistema previsional; y evitar que crezca el desempleo, actualmente en torno a 10 % de la oferta laboral. Se financiaría con aportes del Tesoro y eliminación de exenciones tributarias, aún bajo análisis.
4. Alcances de los beneficiarios. La medida se iba a focalizar en pymes y trabajadores jóvenes, pero estaría ganando consenso la decisión de universalizar la ayuda, a sugerencia de los referentes de las principales cámaras empresarias y de la cúpula sindical de la CGT. El límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta $ 10 000 por mes. Podría ser mayor para regiones extremas del país.
5. Amplia condonación de multas y punitorios para los empleadores que tuviesen personal no registrado y un reconocimiento por parte del Estado de parte de los años de aportes no practicados por los trabajadores en situación de informalidad.
6. Transformación de planes asistenciales. Los módulos que administra Trabajo, que abarcaría a unas 280 000 personas, se convertirían en una especie de wild card (tarjeta de presentación) que facilitará el ingreso del trabajador que cobra un plan social al mercado laboral formal. En este caso el Estado, en lugar de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, tratará de subsidiar una parte del salario convencional mientras dure la prestación social. Se prevé que los beneficiarios de planes sociales aporten al sistema.
7. Controles. Se reforzarán las inspecciones laborales con el acompañamiento de los delegados gremiales que trabajarán junto con la CGT. Para realizar esa política, el ministro Triaca mantuvo en pie una idea surgida durante el kirchnerismo y que en su momento generó polémica: el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una suerte de "Veraz" en el que aparecen los nombres y apellidos de aquellas personas y empresas que tengan a su cargo empleados no registrados. Para los infractores se prevén abultadas multas económicas.
8. Fondos Jubilatorios. El proyecto, además, propondría dar un tratamiento especial para los fondos jubilatorios que manejan las cajas de los colegios profesionales y los sindicatos.
9. Revisión integral del Sistema Jubilatorio. El Gobierno estudia realizar una revisión integral del sistema previsional y modificar la actualización de haberes que se hagan por el aumento de la inflación. Además, se evalúa aumentar las edades jubilatorias de las mujeres, que es de 60 años, y de los hombres, que es de 65. Se buscará modificar el sistema actual que planteó la reforma del régimen previsional luego de la desaparición del sistema de AFJP en el 2009.