Crear un sistema integral de promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes; la figura del defensor de los pequeños; diferenciar las responsabilidades y competencias de cada integrante del circuito de protección; poner en marcha un sistema de capacitación continua del personal, y determinar cuáles serán las medidas adoptadas por el Ejecutivo, que requieren un control de legalidad por parte del Poder Judicial. Estos son algunos de los puntos contemplados en el proyecto de ley que presentaron los integrantes de la Comisión Bicameral de Niñez y que busca adecuar la norma provincial a los nuevos postulados de la ley nacional, que está en vigencia desde 2005.

La adecuación de ambas leyes –la provincial Nº 6354 y la nacional 26061– no es un mero formalismo. Permitirá determinar la responsabilidad y las competencias de cada uno de los actores del sistema de protección de derechos de los niños y las niñas, que funciona en Mendoza desde 2008 y que a lo largo de los años demostró que seguía siendo débil.

La presentación del proyecto de ley se realizó en la Legislatura con la presencia del vicegobernador, Carlos Ciurca; del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús; de los ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Cristian Bassin; de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla; la presidenta de la Comisión Bicameral, Sonia Carmona (FPV), representantes del sistema de protección de derechos del Ejecutivo, del Poder Judicial y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan en el tema.

Durante tres meses, las integrantes de la Comisión Bicameral analizaron el tema, escucharon a los representantes de cada una de las organizaciones que participan en el sistema de protección de derechos y elaboraron un proyecto de ley. 

Carmona explicó que enviaron el borrador a los organismos del Poder Ejecutivo y Judicial, así como a las universidades, colegios profesionales y a los integrantes de las organizaciones que trabajan en la temática para que hicieran sus aportes. El objetivo –señaló– es que la iniciativa se trate en el recinto antes de fin de año.

Carmona comentó algunos de los puntos incluidos en el proyecto de ley, entre ellos, la creación de un Sistema Integral de Promoción, Protección y Restitución de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (SippreDnna); la figura del defensor del niño; un legajo único; una comisión interministerial; la diferenciación de las competencias y responsabilidades de cada uno de los integrantes del sistema de protección; pautas para la formación constante del personal, y determinar cuáles son las medidas adoptadas por el Ejecutivo, que deben tener un control de legalidad por parte de la justicia.

La ley nacional buscó superar cien años de patronato y la idea del niño o niña como objeto de tutela del Estado para pasar a verlo como un sujeto de derechos. Uno de sus aspectos significativos es la “desjudicialización” de la infancia, a partir de la comprensión de que la mayoría de los problemas que la aquejan son económicos, sociales y culturales y que los mismos no son competencia del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo, quien debe poner en marcha políticas públicas para solucionarlos. Es decir que un pequeño no puede ser judicializado porque está en situación de pobreza, porque no tiene casa o no va a la escuela, sino que es el Ejecutivo el que debe poner en marcha mecanismos que le restituyan esos derechos. 

Desde ese momento funciona un sistema articulado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya cabeza es el Órgano Administrador Local (OAL), y los servicios de protección de derechos ubicados en los departamentos. A ese entramado se suman las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la comunidad, ya que la norma plantea que todos somos responsables de velar por los derechos de los niños: los vecinos, los maestros y maestras, o cualquiera que detecte un problema.

Desde que el sistema de protección se puso en marcha quedaron expuestas sus falencias. La muestra más dolorosa de eso fue la muerte de pequeños, pese a que los organismos actuaron para protegerlos.

El 15 de enero de 2014 murió la niña Luciana Rodríguez debido a múltiples lesiones, según los resultados de la autopsia. Pocas horas después fueron detenidos su madre y su padrastro, y seis trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) fueron imputados por la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos, quien actúa en la causa.

Fue la abuela de la pequeña, Claudia Rivas, quien junto a sus abogados denunció que la Dinaf había restituido a la niña a su hogar cuando ya habían advertido sobre la violencia que sufría.

Unos días después, la Justicia comprobó que existían más de diez denuncias por los maltratos que vivía la pequeña.

Frente a esta realidad, el gobernador Francisco Pérez firmó el decreto 105/14, en el que instó a todos los integrantes del sistema a revisar sus prácticas. 

El resultado de la revisión de esas prácticas se plasmó en un Pacto por la Niñez, firmado por la mayoría de los integrantes del sistema de protección. Algunos de los puntos incluidos fueron: trabajar con un legajo único, ya que se confeccionaba uno por cada ministerio, con lo cual era imposible tener una visión completa del problema; pasar la línea 102 de la órbita del Ministerio de Salud a Desarrollo Social, y reforzar el sistema de protección con personal especializado, además de extenderlo a toda la provincia, ya que en ese momento no tenía presencia en San Carlos, Rivadavia, Junín y La Paz.

Otro de los puntos de ese pacto fue la firma de un acuerdo con el Poder Legislativo para que debatiera y aprobara un proyecto que permitiera adecuar la ley provincia a la nacional, ya que otra vez quedaban al descubierto las zonas grises del sistema y la falta de determinación clara de las responsabilidades que le competían a cada uno.

Esto generó la conformación de la Comisión Bicameral de Niñez, que comenzó nuevamente con el estudio de los proyectos existentes, con el objetivo de delinear uno nuevo y tratarlo en breve. Esa fue la iniciativa que se presentó en la Legislatura.

Durante la presentación, la directora de la carrera de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua, Hilda Fadin, comentó los resultados de un trabajo que realizaron en el marco del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia con base en las entrevistas realizadas a cincuenta operadores del sistema.

El estudio demostró que la situación de vulneración de derechos más frecuente era la violencia física seguida por la negligencia y la violencia sexual, y que la mayor cantidad de denuncias se producían en enero.

Los consultados también destacaron que había superposición de intervenciones y una serie de fallas: de coordinación, de articulación, de recursos materiales, de información sobre las responsabilidades e incumbencias de cada actor, de monitoreo y de seguimiento de las medidas; escasez de profesionales capacitados y una gran rotación de los mismos, y problemáticas que excedían las capacidades de la gestión.

El trabajo también incluyó una propuesta de mejora, de acuerdo con las sugerencias de los profesionales consultados, como la necesidad de crear un registro único, sistemático de los casos; visibilizar la presencia de las organizaciones sociales; realizar abordajes integrales e implementar dos equipos: uno para admisión y otro para seguimiento de los casos.

Durante el encuentro también expuso Mariel Molina, docente de la cátedra de Familia de la Facultad de Derecho de la UNCUYO, quien forma parte del equipo de trabajo de Kemelmajer de Carlucci. La profesional explicó los alcances del Libro III del proyecto, que trataba sobre la organización y funcionamiento de la Justicia de Familia.

Molina explicó que la aprobación del Código Civil –que entrará en plena vigencia en 2016– significó un cambio significativo en esta materia, sobre todo porque en uno de sus artículos dejaba asentado el derecho de los niños y niñas a ser escuchados en los procesos.

La abogada recalcó que hoy el principal problema de la Justicia de Familia eran los tiempos, uno de los aspectos que intentaban abordar en el proyecto, a través de las organizaciones y del funcionamiento de los procesos, divididos en ordinarios, extraordinarios y urgentes. 

El doctor Jorge Chahla trabaja desde hace treinta años por los derechos de la niñez y fue uno de los profesionales consultados por los legisladores para elaborar el proyecto de ley.

El docente universitario aplaudió el trabajo de las integrantes de la Bicameral de Niñez que se interesaron en el tema, escucharon a todos los involucrados y recogieron los aportes de los proyectos que se presentaron hasta el momento para adecuar la ley provincial a la nacional.

El profesional aseguró que las claves para reforzar el sistema de protección de derechos eran básicamente dos: el seguimiento de los casos, porque de otro modo “no hay seguimiento, no hay ley ni programa que sea exitoso”, y la selección de los profesionales a través de concursos. Dijo que en esta temática no bastaba con tener un estudio universitario ni hacer muchos cursos, sino que debía existir una motivación y un compromiso para resolver los casos que se presentaban. “Ninguna gestión está autorizada a poner a dedo a la gente, que se termine la dedocracia”, pidió.

Chahla recalcó que la muerte de la pequeña Luciana Rodríguez por violencia familiar fue un caso muy doloroso que mostró todas las falencias del sistema: hubo advertencias sobre el maltrato que sufría la pequeña, se hicieron intervenciones, se la sacó del núcleo familiar directo, luego se la restituyó, pero la nena murió a causa de los golpes. Dijo que en este caso hasta participó la sociedad, tal el espíritu de la ley nacional, ya que un limpiavidrios ayudó a la pequeña e incluso se enfrentó al mayor que la tenía a su cargo.

El médico dijo que frente a este caso era necesario rever las prácticas y dejar en claro las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema.

Para Chahla, las problemáticas que siguen afectando a la niñez son la violencia familiar, el abuso sexual, la forma como se los castiga, la desnutrición, la indigencia, el escaso apoyo familiar y la falta de escucha. “Hoy nadie les pone la oreja a los niños y niñas, nadie les cree”.

La titular del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, Marta Salcedo, destacó algunos puntos que consideró clave del proyecto: la creación de la comisión interministerial sobre la temática, que ayudará a profundizar la necesidad de la co-responsabilidad, la necesidad de destacar el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la elección por concurso de la presidencia del Consejo.

La titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Spoliansky, explicó que el proyecto incluiría el nuevo paradigma de la ley nacional y determinaría claramente las responsabilidades de cada actor del sistema.

Spoliansky recalcó que, de acuerdo a las intervenciones que realizaban, la mayor problemática social, que afectaba especialmente a los chicos, era la violencia intrafamiliar.