En materia de niñez, las leyes van por un lado y las prácticas van por otro. El informe 2015 sobre la situación de los derechos humanos en Mendoza, elaborado por la Asociación Xumek, concluyó que las normas vigentes forman parte de un paradigma integral de protección de derechos, pero que las prácticas los vulneran y agudizan la violación de los mismos.  

La Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek) presentó su informe anual. El trabajo está dividido en cinco capítulos: "Mendoza en búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia"; "Violencia del Estado", "Grupos vulnerabilizados, excluidos y olvidados", "Derechos humanos de incidencia colectiva" y "Memorias, un repaso de las actuaciones de la institución a lo largo del año".

El informe aborda distintas temáticas de derechos humanos, desde la situación penitenciaria,hasta el avance de la puesta en vigencia de la Ley de Salud Mental, pasando por la situación de los pueblos indígenas y la problemática del medio ambiente.
 

El divorcio entre la ley y la práctica

Uno de los temas que los profesionales abordaron en el capítulo 3, dedicado a los grupos vulnerabilizados, excluidos y olvidados, fue la realidad de la niñez y la adolescencia en Mendoza. Concluyeron que las leyes forman un verdadero entramado de protección de derechos, pero que las prácticas van en sentido contrario.

En el informe se enumeraron las normas vigentes, especialmente la Ley 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que siguió los postulados de la Convención de Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió y que logró rango constitucional a partir de la reforma de 1994. A esto sumaron los cambios que se pusieron en marcha en materia de familia, luego de la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial Unificado.

Los profesionales detallaron el cambio de paradigma que impusieron las nuevas normas en materia de niñez: dejaron de considerar al niño como un objeto de tutela del Estado para transformarlo en un sujeto de derechos e impidieron que los pequeños fueran judicializados por razones sociales o económicas, ya que ellos eran las víctimas.

El informe destacó que, a partir de este nuevo paradigma, muchas de las tareas que antes estaban en cabeza del Poder Judicial pasaron al Poder Ejecutivo. Para esto, se puso en marcha el Órgano Administrativo Local (OAL), dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), mientras los jueces sólo actúan para controlar las llamadas medidas excepcionales, es decir, cuando un niño es separado de su familia para protegerlo.

El trabajo ponderó el entramado jurídico vigente por formar parte de un paradigma de protección de derechos, pero advirtió que las prácticas van en sentido contrario. “Las prácticas lejos de velar por la efectivización de esos derechos y su restitución, los vulneran y agudizan la violación de los mismos”, dice el informe.

Los profesionales de Xumek también detallaron las prácticas que fomentan la vulneración de derechos en materia de niñez: extender los plazos de institucionalización de los pequeños, dejarlos en manos de personas que no están capacitadas para cuidarlos y no dictar lo que se denomina "situación de adoptabilidad", que es el paso indispensable para que los pequeños puedan desarrollarse en un ámbito familiar.

El informe también analizó la realidad de las instituciones donde permanecen los pequeños, que dependen de la Dinaf. Concluyeron que “muchas veces lejos de restituir derechos, se convierten en insti­tuciones estatales vulneradoras, principalmente cuando nos encontramos frente a denuncias como la sucedida en el año 2010 a un operador de la Casa Cuna por el presunto abuso sexual de un niño de 7 años”.

 ­En el informe se detallaron algunos ejemplos de respuesta inadecuada de los organismos que deben proteger a los pequeños. Aparecen enumeradas las denuncias a personas que están a cargo de su cuidado y el caso de la pequeña Luciana Rodríguez como paradigma de que el sistema no funciona, ya que, pese a las denuncias y las intervenciones de la OAL, la chiquita murió a causa de la golpiza que le propinó su padrastro.

“Es esta situación la que debe ser abordada por el Estado, donde se profundice y prio­rice el fortalecimiento de los recursos existentes para la restitución de derechos y no quede en el mero discurso, sino que se concrete en la práctica real y efec­tiva, ejerciendo un control en el cumplimiento de los plazos establecidos en la declara­ción del estado de adoptabilidad, en pos de evitar plazos prolongados de institucionalización, de restituir verdaderamente derechos y de velar por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes”, concluyó el informe.
 

Las cárceles, en estado crítico

Otra de las temáticas que analizó Xumek fue la situación de las cárceles de Mendoza. Concluyó que se encuentran en estado crítico. En informe subraya que las políticas penitenciarias de la provincia consolidaron el modelo de cárcel depósito, con individuos aislados del resto de la sociedad y, por ello, aparentemente neutralizados en su capacidad de "hacer daño".

Los profesionales también incluyeron una radiografía del sistema penitenciario: en los últimos cinco años, la población penal aumentó en más del 50 % (4045 personas), el 52 % de las cuales tiene sentencia condenatoria firme, mientras que el 48 % restante son detenidos bajo el régimen de prisión preventiva ordenada por un juez de Garantías. Además, del total de personas privadas de la libertad, 97 % son varones y 50 % sólo alcanzó el nivel primario completo o incompleto.

El informe también analiza la violencia institucional que existe en el sistema penitenciario. Detalla que en su primer año de funcionamiento, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura recibió 300 denuncias por violencia física entre detenidos, como de hechos de violencia psíquica o amenazas por parte de agentes del servicio penitenciario. El trabajo también menciona que durante 2015 se produjeron 15 muertes de internos bajo custodia, 9 de ellas traumáticas, 2 no traumáticas y 4 cuando los detenidos estaban bajo el régimen de prisión domiciliaria.
 

Crítica al tratamiento periodístico

El informe de Xumek también incluyó una crítica al tratamiento que los medios masivos de comunicación brindan a temas relacionados con la violencia institucional. Asegura que históricamente las coberturas repiten información del sistema policial sin acudir a otras fuentes, una mirada que reafirma la criminalización de la pobreza.

“La violencia institucional es silenciada, invisibilizada, cuando no justificada por los medios comerciales de Mendoza, máxime en las publicaciones y difusiones construidas por las grandes corporaciones mediáticas que centralizan la información local”.
 

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