El presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Jorge Nanclares, sugirió que el debate por el fracking podría resolverse mediante audiencia pública. De aplicarse la medida, ya contaría con múltiples antecedentes. El más reciente sería el relacionado con la Ley 7 722 que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la actividad minera en la provincia. El anuncio no es menor, ya que en caso de realizarse quedaría, de manera inmediata, en manos del Poder Judicial el futuro de este tipo de explotación hidrocarburífera.

"Lo planteé como un tema de difícil resolución", dijo Nanclares a Unidiversidad. "Como fue de difícil resolución el tema de las sustancias contaminantes en la minería", agregó minutos antes del programa Distintos Parecidos que se emite por Señal U.

El magistrado consideró que el del fracking -o extracción mediante fractura hidráulica- es un tema que, por ser "tan debatido", probablemente amerite la implementación de una audiencia pública. "Eso exigiría el consenso de todo el tribunal", aclaró el supremo y añadió que él hizo esa sugerencia "solamente a título personal".

El complejo asunto del fracking

El presidente y uno de los ministros del máximo tribunal de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares y José Valerio, explicaron que la realización de una audiencia pública en relación al tema de la fractura hidráulica los ayudaría a tomar una ...

Por el momento, se trata de no más que una propuesta, aunque proveniente de la máxima autoridad de la justicia mendocina. No se trataría de una instancia no vinculante -como en el caso del debate por los aumentos en los servicios públicos-, sino que en esta ocasión quedaría en la Corte provincial la posibilidad de emitir un fallo final al respecto. "En caso de haber audiencia pública la decisión va a ser definitiva", aseguró Nanclares y agregó que la misma "puede darle la razón a una de las partes o encontrar un camino intermedio".  

José Valerio, ministro de la Suprema Corte, fue otra de las voces que opinó al respecto de la opción planteada por Nanclares. "Acá ya se ha establecido en algunos casos (...), en la Corte de la Nación también", señaló Valerio a Unidiversidad.

"Sirve para escuchar distintos argumentos, no solamente los argumentos de las partes", agregó el magistrado. Para Valerio, una eventual audiencia pública sería útil "para tomar una decisión equilibrada que esté de acuerdo a lo que establece el sistema jurídico, pero también de acuerdo a los requerimientos sociales".

¿Qué debe decidir la Corte?

Los integrantes del máximo tribunal mendocino deben decidir respecto de la acción de inconstitucionalidad que presentó Oikos Red Ambiental contra el Decreto 248, el cual reglamentó la evaluación de impacto ambiental que deben obtener las empresas que pretendan utilizar la técnica de la fractura hidráulica (fracking) para explorar o explotar hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Con esta presentación, que concretaron los primeros días de abril, los integrantes de Oikos solicitaron al tribunal supremo que controle si ese decreto respeta la Constitucional provincial, los tratados internacionales en la materia a los que Argentina adhirió -que a partir del 1994 tienen rango constitucional-, y si respeta o avanza sobre atribuciones del Departamento General de Irrigación (DGI).

Es decir, que los miembros del máximo tribunal realizarán un control de constitucionalidad del decreto provincial. Para esto es que tanto Nanclares como Valerio plantearon la posibilidad de realizar una audiencia pública, lo que les permitirá no sólo escuchar a las partes, sino a expertos en la materia y a ciudadanos que deseen participar, antes de tomar una decisión.

La posibilidad de utilizar la técnica de la fractura hidráulica en Argentina está contemplada en una ley nacional, pero son las provincias las que tienen la potestad de regular las condiciones con que se realizará, así como los controles, teniendo en cuenta que los recursos naturales son de su propiedad.

Teniendo en cuenta esto es que el Ejecutivo elaboró un proyecto del decreto que reglamenta el impacto ambiental para la realización de la fractura hidráulica, lo puso a consideración en una audiencia pública que se realizó en diciembre de 2017 en Malargüe, y luego publicó la normativa.

Fracking: la Corte analizará el decreto reglamentario

Integrantes de Oikos presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el supremo tribunal mendocino. El Ejecutivo ya fue notificado y tiene 20 días para contestar.