El Gobierno provincial busca frenar el robo y venta de neumáticos y autopartes sancionando al ciudadano que compre dichos objetos, además de imputar al vendedor. Así está previsto en el proyecto de ley que se presentará en la Legislatura, que incluye multas por “adquisición de cosas de procedencia sospechosa” que van desde los $ 4 000 hasta $ 6 000 o con 40 a 60 días de arresto. Este es el principal delito en Mendoza, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad.

Esta iniciativa fue el único anuncio que hizo el gobernador Alfredo Cornejo durante su discurso en la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura, que incluyó además un detallado repaso de las acciones de su gobierno. El mandatario señaló que durante su gestión los delitos a mano armada bajaron de 1100 a 490 por mes, pero que el robo de cubiertas sigue siendo el principal "flagelo que a diario sufren decenas de mendocinos”. Por eso, su equipo diseñó este proyecto que apunta a destruir los objetos secuestrados de los desarmaderos que al ser inspeccionados no puedan justificar la procedencia de los mismos.

La iniciativa prevé la derogación de la ley 7.558 para completar el circuito del control estatal, facultando a la Justicia a la destrucción de las piezas y hasta la clausura del local, en caso de detectar irregularidades. Al respecto, el ministro de Seguridad, Gianni Venier, dijo a Sitio Andino: "Detectamos que se les permitía a los desarmaderos quedarse con las piezas encontradas. Las piezas ilegales son las que no tienen numeración. Eran pocos los casos donde se podía retirar el material".

Multa o días de arresto para el comprador

Además de intentar romper este mercado ilegal yendo contra el vendedor, la iniciativa, en su artículo 10º, indica que la compra de autopartes en lugares no registrados encuadra en el Código Contravencional como “adquisición de cosas de procedencia sospechosa”. De esta manera, el comprador podrá ser sancionado si el fiscal “tuviere motivo para sospechar que provienen de un delito”. La multa va desde los $ 4000 a $6000, o arresto de 40 a 60 días, según el artículo 116.

En dicho Código se especifica que se presumirá que la procedencia de los elementos no es legítima cuando el comprador no cuente con la factura original de compra y recibo en donde se especifiquen los datos personales del vendedor (nombre y apellido, número de documento, domicilio real); precio de compra; lugar, fecha y descripción de los adquirido; y demás requisitos legales que demuestren la legalidad de la procedencia.  

Cómo demostrarán la legítima procedencia de los artículos

Los desarmaderos deberán contar con la autorización emitida por el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC), la cual deberá encontrarse a la vista del público en el local de venta y también en forma digital. Luego de no constatar el lícito origen de las piezas, repuestos, neumáticos, ruedas, autopartes y  accesorios, el fiscal a cargo podrá disponer su secuestro e inmediata destrucción y/o compactación.

Este procedimiento estará a cargo del ministerio de Seguridad y deberá realizarse antes de las 24 horas luego de ordenada la medida y podrá realizarse en el mismo lugar donde se realizó el secuestro. Para llegar a esto, el personal policial será quien advierta al Ministerio Público Fiscal la posible comisión del delito.