La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elisabeth Crescitelli, lo había adelantado ayer, pero fue la diputada radical Ana María Andía quien lo concretó: presentó un proyecto de ley para derogar la número 8116, que limita el comercio del misoprostol al ámbito institucional sanitario. Mendoza y San Juan son las únicas provincias que prohíben la venta de esta droga en las farmacias.

Tras el rechazo del Senado de la Nación a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y ante el reclamo de millones de mujeres por sus derechos a la salud sexual y reproductiva, las autoridades buscan satisfacer esta demanda mediante la garantía plena de la interrupción legal del embarazo (ILE) o aborto no punible. En este contexto, la diputada provincial Ana María Andía, del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó este viernes un proyecto para derogar la ley que limita la venta de misoprostol a los hospitales.

La legisladora fundamentó su iniciativa asegurando que, con la legislación actual, el misoprostol solo es vendido para ser usado en establecimientos sanitarios con internación y que al poder iniciar una ILE a nivel ambulatorio, sin internación, se reducirían los costos económicos del sistema de salud. Además, garantizaría la privacidad de la persona gestante, debido a que se administraría el medicamento de modo de que pueda elegir el lugar y la compañía de su comodidad.

Andía aseguró que la ley 8116 hace que en Mendoza haya obstáculos a la posibilidad de acceder a un aborto legal y que incluso el Ministerio de Salud de la Nación propicia el uso ambulatorio del misoprostol. Para la diputada, “no tiene ningún sentido que la administración se haga dentro de un establecimiento sanitario” porque la persona que se quiere realizar un aborto legal no necesita hospitalización, salvo en el caso de alguna complicación.

También agregó que su venta en las farmacias no sería libre, sino bajo receta. Quizás también se necesite algún otro papel, como sucede con la venta de psicofármacos. Sin embargo, cabe aclarar que el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) determinó que los abortos no punibles no son judiciables. Por lo que, si se trata de una ILE por violación, no se hace necesaria una denuncia previa para practicarse el aborto.

Mendoza: Salud quiere derogar la ley que prohíbe el misoprostol

Es la única permitida en el país para realizar abortos. En la provincia su comercialización está limitada al ámbito institucional sanitario.

Buena repercusión

La directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Roxana Cabrera, se mostró conforme con la iniciativa de ley. Consideró que la legislación provincial actual es algo restrictiva y que “como Estado, todo lo que haga que los derechos se garanticen está muy bien”. También aseguró que el hecho de que se vaya a vender en farmacias no significa que habrá interrupciones voluntarias de los embarazos, sino que se trata de una posibilidad de aplicar la ley en tratamientos ambulatorios.

Además, comentó que la posibilidad de venta hará que más laboratorios farmacéuticos elaboren medicamentos con misoprostol y la competencia bajará el precio a la hora de adquirirlo. Con la ley 8116, que habilita al Programa del que Cabrera se encarga para su aplicación, se hacen compras esporádicas, dependiendo de las demandas de los hospitales. La última compra de la Provincia fue de 480 comprimidos.

En tanto, Sara Papa, referenta en el ámbito de la Ginecología en la provincia y que actualmente trabaja en la Dirección de Maternidad e Infancia, también vio con buenos ojos el proyecto de Ana María Andía y agregó que el misoprostol no solo se usa para abortos legales, sino también para los trabajos de partos, entre otras cosas. Por su parte, Andía dijo que su proyecto tiene la firma de ocho de los once bloques que integran la Cámara de Diputados de la provincia, por lo que considera que hay un “consenso favorable” para el avance de esta ley.

En tanto, Jorge Jackubson, secretario general del Colegio de Farmacéuticos de Mendoza, aseguró a Unidiversidad que no está al tanto del proyecto oficial, al mismo tiempo que afirmó que el costo de la droga no bajaría de forma significativa en caso de que se permitiera su venta en las farmacias. La droga ronda los 1500 pesos para el Estado; en el mercado paralelo, puede llegar a triplicar el valor si se quiere conseguir.

La legislación actual

La Ley 8116 fue promulgada en 2009 bajo el gobierno de Celso Jaque. Consta de cuatro artículos y fue firmada por los entonces legisladores Sergio Bruni, Mariano Godoy Lemos, Roberto Infante y Jorge Manzitti.

Esta norma establece que se limita exclusivamente al ámbito institucional sanitario dentro de la Provincia de Mendoza el expendio, suministro y/o fraccionamiento de medicamentos que contengan el principio activo misoprostol. De este modo, además de facilitarse, sólo puede administrarse dentro de un hospital.