Ahí donde había un viñedo, ahora se levanta un barrio. La pérdida de esa finca es mucho más grande que los tachos de uva que no se levantarán en la próxima cosecha: es la pérdida de un espacio que generaba trabajo, que alojaba una forma de vida, que generaba oxígeno, que controlaba las crecidas de canales y que albergaba un paisaje valorado por locales y turistas. La ingeniera agrónoma María Eugenia Van den Bosch aporta el nombre técnico de todo eso que se pierde: servicios ecosistémicos. Ese concepto resume lo que perdimos, lo que perdemos y lo que seguiremos perdiendo si la mancha urbana continúa su avance sobre las mejores tierras productivas de Mendoza.

La investigadora, que es jefa del Grupo de Socio Economía de la Estación Experimental Mendoza del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), advierte que el avance urbano sobre las zonas rurales es el más grave, pero no el único problema de ordenamiento territorial que tiene la provincia. También nombró la gestión de los residuos y la ineficiente utilización del agua, entre otros.

Van den Bosch está lejos de posturas maniqueas. Para ella no hay usos malos ni buenos de la tierra y entiende que en materia de ordenamiento se puede hacer todo, pero hay que hacerlo bien y asumir los costos sociales y económicos que esa decisión implica. Incluso cree que se puede no intervenir, pero eso obliga indefectiblemente a aceptar las consecuencias: que los desequilibrios sean cada vez mayores y que se pierdan recursos que ni los hijos ni los nietos de los mendocinos –y tampoco los turistas– podrán disfrutar.

La investigadora asegura que el proceso de avance urbano no es peor sólo por especulación, ya que entiende que más allá del arraigo, los productores que pueden hacerlo siguen trabajando la tierra, porque saben que sus hectáreas seguirán aumentando de precio. No tienen otra salida: sus hijos no quieren dedicarse a las tareas agrícolas y ellos tampoco quieren que sigan ese camino que implica enormes sacrificios y poco rédito.

Para la investigadora, hay zonas rurales que ya se perdieron como tales, por ejemplo, Chacras de Coria, pero existen muchas otras que se pueden salvar y subraya que es ahí donde las comunas deben concentrar todos sus esfuerzos.

La ingeniera tampoco cree tener la verdad. Repite y vuelve a repetir que es un punto de vista, que no tiene la respuesta, pero que es necesario estudiar y buscar caminos para mitigar procesos que no tienen vuelta atrás.
 

De bomberos a planificadores

Sentada en una de las históricas salas de reunión del INTA y con esos árboles enormes plantados hace más de 30 años en el predio de Mayor Drummond como fondo, Van den Bosch se explaya en su punto de vista. Comenta que todos los usos de la tierra son legítimos, que todos necesitamos cementerios, todos generamos basura y líquidos cloacales, pero nadie los quiere cerca de su casa. Entonces, explica, el desafío del ordenamiento reside ahí: en analizar, en estudiar, en escuchar a los vecinos, para encontrar la ubicación más beneficiosa para esos usos, tanto para hoy como para el futuro.

El grupo que lidera la ingeniera está en medio del análisis del proyecto del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, ya que el INTA conforma el Consejo de Ordenamiento, ante el cual el Ejecutivo ya presentó el borrador que luego elevará a la Legislatura.

El visto bueno legislativo de ese plan es un paso previsto en la Ley de Uso del Suelo, que fue aprobada en 2009 luego de 20 años de discusiones y de la intervención clave de la comunidad científica –con la UNCUYO a la cabeza–, que elaboró un proyecto que tiene como faro el bien común y dejó de lado uno hecho a la medida de los empresarios. Esa norma prevé algunos pasos que ya se cumplieron: la conformación de la Agencia de Ordenamiento Territorial y del Consejo, y otros que aún están pendientes: la aprobación del plan provincial y la elaboración de los planes municipales.

Ordenamiento territorial: el plan estancado

Van den Bosch entiende que el proceso es válido, aunque explica que es una ley marco que no cambió la realidad y no lo hará hasta tanto las comunas no elaboren sus propios proyectos de ordenamiento.

La ingeniera subraya que las comunas deben ser las ordenadoras de su territorio, porque conocen las caras de los vecinos y son las que pueden entender mejor que nadie cuál es la vocación de ese territorio, de esa comunidad: si quiere ser urbano, rural, industrial, por dar sólo unos ejemplos. Entiende que la responsabilidad de definir la vocación de ese lugar recae también en sus gobernantes, en convencer con fundamentos a los vecinos sobre cuál es el mejor camino a seguir.

Ese rol de planificador territorial de las comunas significa un salto respecto de su histórico papel de prestador de servicios básicos, de "bombero", que hoy ejerce: apaga incendios, y hoy se le pide que piense a 20 años su territorio e interprete y escuche a sus vecinos. Para dar ese salto –entiende Van den Bosch– es necesario que cuente con más recursos materiales y humanos, que la oficina de ordenamiento deje de ser una sub suboficina dentro de servicios públicos y que los dirigentes entiendan que un plan de ordenamiento cuesta dinero, pero que tiene sentido hacerlo si se piensa a futuro.

La investigadora explica la forma –o una de ellas– en que las comunas pueden ordenar el territorio. Entiende que una herramienta positiva es desalentar los usos o las actividades que las comunas no quieren en un sector –a través de prohibiciones, de pagos extra de tasas, entre otras herramientas–, y alentar las que sí quieren que se instalen y brindar facilidades reales para que lo logren. Ella lo define en su lenguaje llano: “Hay que hacérselas fácil donde quiero que se instalen y difícil donde no quiero que estén”.