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Aprobada el año pasado en el Senado y tras varias idas y vueltas en su confección, Diputados convirtió en ley el proyecto que permite a cualquier individuo o institución solicitar datos de entidades estatales. Los detalles.
La Cámara Baja aprobó el proyecto y ya es oficial la Ley de Acceso a la Información Pública. Foto: Gobierno de Mendoza.
Parecía que el proyecto había quedado en el olvido, que estaba fuera del radar de la agenda inmediata del Gobierno y, mucho más, de la Cámara baja. Sin embargo, la historia dio un giro rotundo el lunes 28 de mayo cuando la iniciativa se aprobó en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Hoy, miércoles 30, por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la Ley de Acceso a la información Pública.
Este caso se podría adaptar al viejo y popular refrán: "Costó, pero finalmente llegó". Es que luego de varios intentos frustrados durante más de una década, la Legislatura le dio salida a la normativa que tiene como objetivo sentar las bases de transparencia de todos los organismos estatales y formalizar la participación activa de la ciudadanía en el requerimiento de información.
El proyecto final fue creado por los senadores Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) y Daniela García (UCR), y ya contaba con media sanción de Senadores. En la sesión estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez.
Esta ley está dirigida principalmente a la totalidad del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial (con el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa), Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, el Departamento General de Irrigación, empresas y sociedades con participación del Estado. También alcanza a aquellas empresas que prestan o concesionan servicios públicos.
"La ley aprobada hoy es un gran paso, así garantizamos el pleno ejercicio de tu derecho de acceder a la información pública. Es un gran impulso a las políticas de transparencia que ya están implementadas en distintas instituciones del Estado", dijo la vicegobernadora Laura Montero luego de la sanción de la ley en Diputados.
La medida da un plazo de 15 días con una prórroga igual para que las entidades estatales entreguen los datos correspondientes.
El Acceso a la Información Pública es un derecho estipulado por la Constitución Nacional que reafirma el desarrollo de la democracia. Sin embargo, al no estar normada, la práctica estuvo ausente y nula durante varios años. El primer pedido formal para modificar las bases respecto al Acceso a la Información Pública se dio en 1985. Tuvieron que pasar más de 25 proyectos para que la iniciativa final fuese aprobada en Senadores en septiembre de 2017. Hoy se convirtió en ley.
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